El pasado 7 de julio de 2018 Nicolás Maduro anunció la activación del “Plan Agua Nacional” durante una reunión con su gabinete económico, en la que además aprobó recursos “para la distribución de agua en Venezuela”. El Plan incluiría los Sistemas Tuy I, II y III que surten de agua a los estados Vargas, Miranda y el Distrito Capital.

“Vamos a un proceso de recuperación, estabilización y mantenimiento del sistema para asegurar el suministro permanente y el acceso de calidad para que la ciudadanía pueda disfrutar de un servicio esencial para la vida”, dijo Maduro durante el acto realizado desde la presa de Camatagua, estado Aragua.

Según informaron voceros de la dictadura, la medida se inscribió dentro de la “Séptima línea de acción” anunciada el 3 de julio de ese año por el entonces ministro de comunicación y cultura, Jorge Rodríguez, cuyo objetivo era “el desarrollo de propuestas en materia de infraestructura y servicios públicos”.

Ese anuncio fue la reedición de una vieja promesa incumplida, y un nuevo intento para frenar el descontento popular debido al colapso generalizado de los servicios públicos.

Sigue la indolencia

Han pasado más de dos años del lanzamiento del llamado “Plan Agua Nacional” y los problemas persisten.

En una nueva encuesta realizada por Comités populares de Derechos Humanos y Provea durante los meses de septiembre y octubre, en varias parroquias de los municipios Libertador y Sucre de la Gran Caracas, el 67,5% de las personas consultadas, dijeron no contar con el servicio de agua potable por tuberías de forma constante y, al momento de la consulta, afirmaron no contar con el servicio en sus viviendas.

El 12,5% de quienes dijeron no contar de manera frecuente con el suministro, aseguró que los cortes se prolongan por más de 15 días, mientras que el 10% de los entrevistados afirmó que las interrupciones se extienden hasta por un mes, afectando con ello otros derechos como la alimentación y el derecho a la salud. En el municipio Libertador, las parroquias que reportaron más afectación fueron La Vega, Coche, San Pedro y Santa Rosalia, mientras que en Sucre la más perjudicada fue nuevamente La Dolorita donde los cortes se prolongan incluso por hasta 6 meses.

Una de las promesas más antiguas hechas por Maduro en cuanto a la problemática del agua corresponde al año 2013, cuando en noviembre de ese año anunció que a través del primer “Plan Nacional del Agua”, se impulsaría la rehabilitación de 181 acueductos rurales en Venezuela, “para fortalecer el servicio de suministro del vital líquido a las comunidades”. En esa oportunidad se destinaron 16.000 millones de bolívares para ejecutar el Plan Nacional del Agua en los años 2013, 2014 y 2015, con el objetivo de fortalecer el servicio en aquellos sectores que recibían agua potable por ciclos. Para ese año, Hidrocapital reportó la ejecución de obras de mantenimiento y reparación del sistema de suministro de agua en la Gran Caracas y Vargas, que ascendió a 206.770.000,00 bolívares, concretamente en las parroquias de la capital que hoy padecen severas interrupciones del servicio.

En diciembre de 2014, Maduro lanzó el “Plan 4+3” con el que pretendía trazar la línea de acción para “atender los principales problemas del país”. La medida, elaborada junto a gobernadores y alcaldes identificados con el PSUV, contó con una inyección de recursos que ascendían a 5.139.370.000.000 bolívares y 343.175.000 euros, para la inversión en mejoramiento de los servicios de agua; transporte; recolección de desechos sólidos; seguridad ciudadana, entre otros.

En dicha ocasión Maduro criticó la desactivación de las mesas técnicas de agua y exhortó a sus funcionarios a atender la problemática del agua: “Sabemos que es prioridad, atendámoslo”. La afirmación de Maduro se produjo un mes después que el Estado venezolano mintió al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas al decir en su informe oficial: “Para 2014, el acceso al agua potable es de 96% y el acceso al servicio de aguas servidas es de 84% para el mismo año. En este sentido, los niveles de suministro de agua potable a la red de distribución (puestos a disposición de los usuarios y usuarias) son muy superiores al mínimo exigido por la OMS, concretamente, durante 2015 se alcanzó un promedio nacional aproximado de 396 litros per cápita”.

El entonces “Plan Integral de Agua” consistía en nueve programas a nivel nacional, para los cuales Maduro aprobó 2.388.578 millones de bolívares y 108.660.000 euros que serían empleados en una programación cuatrimestral:

  • Programa de corrección de fugas en la red de distribución de acueductos, para el cual se destinaron 633.000.000 bolívares y 22.000.000 de euros.
  • Programa de rehabilitación de las plantas potabilizadoras, para el cual se destinaron 320.000.000  bolívares y 825.000 euros.
  • Programa de mantenimiento de las estaciones de bombeo.
  • Programa de rehabilitación de vía de penetración de embalses.
  • Programa Rehabilitación de pozos.
  • Programa de saneamiento y control de inundaciones.
  • Programa de mantenimiento de embalses.
  • Programa de atención comunitaria, salas de gestión comunitaria, y reactivación de las mesas técnicas de agua en todas las comunidades del país.

Las tres “R nuevas”

En 2015 y 2016 Maduro prometió “máxima eficiencia en la gestión publica” y las llamadas “tres R nuevas” “Rectificación Histórica, la Rebelión del Pueblo y el Renacimiento del chavismo socialista”. Desde entonces, se agudizó el deterioro de los servicios públicos como transporte; servicio eléctrico y servicios de agua potable entre otros.

En enero de 2018 el entonces ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez Araguayán, informó que el entonces llamado “Plan Nacional de Agua”, había iniciado obras que se debían ejecutar en tiempo corto, para corregir fugas y mantener las plantas de distribución. El funcionario dijo que se deberían producir 183 mil litros de agua por segundo pero “los bloqueos internacionales han obstaculizado el proceso y por eso se están buscando alternativas para ello”.

Es imposible seguir creyendo en la demagogia de quienes han dado una muestra permanente de indolencia e irresponsabilidad ante los problemas de la ciudadanía. El colapso generalizado de los servicios públicos y las constantes interrupciones en el suministro de servicio de agua en diversos estados del país, se siguen produciendo a pesar de la cuantiosa cantidad de recursos asignados por el Ejecutivo a los distintos planes anunciados desde al año 2013. La permanente privación a los ciudadanos del derecho al agua potable, constituyen otro fracaso de Maduro y su “Plan de la Patria 2013-2019” y “Plan de la Patria 2019-2025”, que en su objetivo número 3, contemplaba: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América”, y cuyos ejes de desarrollo eran la “protección de cuencas hidrográficas y ambientes naturales; el fortalecimiento y mejoras de los sistemas de agua potable y la consolidación del Plan Nacional de Aguas con la participación protagónica de los comités de agua y otras organizaciones del Poder Popular”.


Prensa Provea