ONU-Hábitat ha estado promoviendo una serie de recomendaciones para abordar la pandemia Covid-19 desde la perspectiva del derecho a la vivienda. Como consecuencia, ha diseñado un plan destinado a 64 países del mundo. Venezuela, que enfrenta el virus en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, cumple con todos los criterios definidos por la institución para ser beneficiaria. No obstante, no ha sido incluida dentro la lista de países que merecen una atención diferenciada por parte de esta agencia de Naciones Unidas.
Según los principios divulgados recientemente por ONU-Hábitat, la agencia de Naciones Unidas cuyo foco de trabajo son los asentamientos urbanos, la vivienda es un derecho fundamental para la respuesta de los países a la pandemia de Covid-19. Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, ratificó que la vivienda se ha convertido en defensa de primera línea contra el coronavirus: “La vivienda nunca había sido tanto como en este momento una condición de vida o muerte”.
Para esta agencia de la ONU la propagación del Covid-19 estaría exacerbando una crisis global de vivienda prexistente, que afecta a millones de personas. Por otra parte, las medidas de control aplicadas pudieran tener un efecto perjudicial en la salud mental y física de los residentes: “El ambiente estresante de la estadía en el hogar, especialmente en viviendas pequeñas y abarrotadas en asentamientos informales, la interrupción de las redes sociales y de protección y la disminución del acceso a los servicios exacerban el riesgo de violencia para mujeres y niños”.
ONU-Hábitat también considera que la pandemia afectará con más fuerza a las personas más vulnerables, viviendo en asentamientos informales y barrios marginales de las ciudades: “Las medidas recomendadas para prevenir la transmisión como el lavado de manos y el distanciamiento social, a menudo son imposibles en dichas áreas, donde las instalaciones de salud son mínimas”. Reitera la importancia de la coordinación entre las autoridades nacionales, regionales, locales y organizaciones sociales para el abordaje: “Las autoridades locales deben mantener sus ciudades funcionando en términos de suministros de alimentos, apoyo a los más vulnerables y acceso a la atención médica. Necesitan trabajar con expertos en salud urbana, agencias gubernamentales en todos los niveles, expertos en saneamiento, científicos sociales, innovadores y planificadores urbanos”. El papel de las organizaciones comunitarias, afirman, es clave para mejorar la higiene y el saneamiento.
El Informe del Secretario General de la ONU sobre «Responsabilidad compartida, solidaridad global: respuesta a los impactos socioeconómicos de COVID-19» es el documento guía para el Marco de Políticas y Programas COVID-19 de ONU-Hábitat. Este documento establece tres pasos paralelos: 1) Diseñar la respuesta de salud más sólida y cooperativa que el mundo haya visto; 2) Hacer todo lo posible para amortiguar los efectos colaterales en las vidas de millones de personas, sus medios de vida y la economía real y 3) Aprender de esta crisis para una mejor reconstrucción en el futuro.
¿Y Venezuela?
Venezuela no se encuentra en la lista de 16 países latinoamericanos seleccionados como beneficiarios del plan de acción Covid-19 de ONU-Hábitat. Como se puede corroborar a continuación, tanto los criterios como el plan de acción serían de mucha importancia para mitigar los efectos del Coronavirus en un país que sufre una Emergencia Humanitaria Compleja y el extremo debilitamiento de su institucionalidad democrática.
El sitio web en español de ONU-Hábitat no refleja los niveles de comunicación y/o cooperación con las actuales autoridades venezolanas. De hecho, una sesión de trabajo realizada de manera virtual el pasado 1 de abril, “para abordar la crisis de la vivienda y las medidas que contribuyen al éxito de las políticas de #QuédateEnCasa”, no contó con la participación de ningún representante de Venezuela. Hay indicios que el gobierno de Nicolás Maduro ha simulado un proceso de cooperación con esta agencia de Naciones Unidas.
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El 29.05.19 el diario oficialista Correo del Orinoco realizó una nota periodística en la que afirmaba que durante la Asamblea de ONU Hábitat, realizada en Kenia del 27 al 31 de mayo, el organismo “reconoció a Venezuela como país líder en el derecho a la vivienda”. La fuente de la información era un mensaje de la cuenta twitter @IMVillaroel, perteneciente al ministro de Vivienda y Hábitat, que rezaba: “La ONU Hábitat reconoce a #Venezuela como país líder en derecho a la vivienda. La #GMVV avanza para garantizarle a cada venezolano un hogar digno”. Villaroel informó que se había reunido con representantes de la República de Serbia para estrechar lazos de cooperación; con la delegación de la República de Mozambique paramostrar los avances y logros de la GMVV y con el ministro de Vivienda y Planeamiento de la República Argelina: “coordinamos visitas técnicas a ambos países para conocer nuestras fortalezas en el área». También se realizó una reunión con el ministro de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la República de Botsuana, “a quien comunicó los logros de la GMVV, programa social que avanza como líder mundial en derecho a la vivienda”. Sin embargo, el sitio web de Onu Hábitat, correspondiente a la Asamblea ONU Hábitat (https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/noticias/asamblea-onu-habitat) no fue posible ubicar el supuesto reconocimiento a la GMVV por algún funcionario de ONU Hábitat. El tema central de esta primera reunión multilateral del organismo fue “Innovación para una mejor calidad de vida en ciudades y comunidades”, siendo las tres iniciativas destacadas en el transcurso de las deliberaciones los edificios construidos completamente de manera; la tecnología móvil para garantizar que las mujeres puedan moverse libremente y sin miedo en la ciudad y, por último, las Ciudades Flotantes, ninguna de las tres ubicadas en Venezuela. Es difícil pensar como una política pública de carácter cuantitativista, cantidad de casas construidas, pueda en el año 2019 considerarse como “innovación”.
Otra información relacionada, cuya única fuente era un tuit, fue cuando se aseguró que se había acordado una “agenda de trabajo” con la Directora Ejecutiva del Programa ONU Hábitat, Maimunah Mohd Sharif. El encuentro se produjo en el contexto del Día Mundial de las Ciudades, 31 de octubre, que para 2019 se realizó en la ciudad rusa de Ekatherineburgo. Sin embargo no se ha revelado ninguna información adiciones sobre qué consiste dicha “agenda de trabajo”.
En el marco de la Celebración del Día Mundial de las Ciudades, en Ekaterimburgo #Rusia, mantuvimos reunión con la Ecxma. Directora Ejecutiva del Programa de @onuhabitat Maimunah Mohd Sharif, acordando agenda de trabajo para avanzar en cooperación conjunta. @NicolasMaduro pic.twitter.com/rvPysdsWWG
— Ildemaro Villarroel Arismendi (@IMVillarroel) October 30, 2019
El 27.11.18 el sistema público de medios divulgó la noticia sobre un supuesto reconocimiento de la ONU a los logros de la GMVV. En esa fecha el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para Africa, Yuri Pimentel, tuvo una reunión con Sharif. Los resultados de la reunión fueron divulgados por el funcionario venezolano, quien aseguró que la directora de ONU Hábitat “Resaltó la labor de la GMVV y la catalogó como un modelo de construcción social que sirve de ejemplo para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe” expresando además “su disposición para colaborar con Venezuela en materia de hábitat y vivienda” .
En esa fecha tampoco hubo alguna declaración de Sharif sobre Venezuela, ni en el sitio oficial de la ONU ni en el portal de ONU Hábitat. Resulta curioso que, si una funcionaria de tan alto rango opina sobre la GMVV como “un modelo de construcción social ejemplar”, no haya sido invitada oficialmente a visitar y conocer en persona esos urbanismos modélicos. Por esos días la funcionaria había realizó una visita oficial a México, durante los días 8 y 9 de noviembre de 2018.
Sin embargo, otra posibilidad es que ONU-Hábitat, validando las informaciones oficiales sobre la supuesta construcción de 3 millones de casas en el país, considere a Venezuela un país donde existen suficientes garantías en el derecho a la vivienda, por lo que enfocaría su atención en otros países con mayor vulnerabilidad. En este caso la sociedad venezolana debe exigirle a la agencia de Naciones Unidas una real comprensión de la situación del derecho, incluyendo la dimensión de crisis de prestación de servicios básicos, para que sea incluida en sus planes dirigidos a regiones con crisis humanitarias.
¿Cuáles son los principios para la acción de ONU-Hábitat sobre Covid-19?
Sobre este marco ONU-Hábitat ha construido una política para enfrentar al Coronavirus en base a los siguientes principios de compromiso:
– Apoyar las respuestas de COVID-19 relevantes para las zonas urbanas y los asentamientos humanos, se prepara para el impacto y responde a brotes en asentamientos informales y barrios marginales, manteniendo una visión de recuperación e impacto a más largo plazo.
– Proporcionar y movilizar el máximo apoyo a los gobiernos y comunidades regionales y locales como responsables de primera línea.
– Contribuir a una respuesta coordinada más amplia creando alianzas estratégicas mundiales y regionales, movilizando su experiencia para apoyar a las agencias clave de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, aprovechando aún más nuestras funciones de promoción y asesoramiento.
– Maximizar el potencial de reorientar o ampliar los programas y proyectos existentes para lograr un impacto directo y tangible. Identificar nuevas áreas de compromiso en coordinación con otras agencias de la ONU, gobiernos locales y socios clave, lo que conducirá a resultados medibles.
– Participar sistemáticamente en el monitoreo y el aprendizaje, para garantizar que el conocimiento sobre cómo las respuestas anteriores han contribuido a una mayor resiliencia se integren completamente en las decisiones relacionadas con la crisis actual.
La organización definió como “puntos de entrada programáticos” los siguientes
1) Adaptación de la respuesta a las áreas urbanas: Proporcionar una comprensión de la naturaleza y la complejidad de las ciudades que permita a los actores adaptar la respuesta de COVID-19 a las áreas urbanas.
2) Mapeo, uso de tecnologías inteligentes para el monitoreo urbano para apoyar la coordinación informada y la toma de decisiones: ONU-Hábitat tiene una importante red de socios mundiales y locales que pueden ayudar a proporcionar datos, mapeo y capacidad analítica, incluido el uso de tecnologías inteligentes. Los perfiles de resiliencia y las plataformas de datos urbanos pueden mapear riesgos y vulnerabilidades, así como monitorear el progreso. Esto debería incluir indicadores de impacto socioeconómico, en los sectores formal e informal (medios de vida, mercado de la vivienda, seguridad alimentaria, etc.).
3) Promoción de respuestas integradas impulsadas por la comunidad en asentamientos informales y barrios marginales: La mayoría de los pobres urbanos vive día a día sin amortiguadores para crisis sostenidas. Una respuesta centrada en la salud (pruebas, seguimiento de contactos, etc.) debe ir acompañada de un enfoque socioeconómico fuerte que aborde la necesidad de supervivencia diaria para acceder a los medios de subsistencia y la alimentación. Se necesita una coalición fuerte con redes de gobiernos locales y organizaciones de base para hacer frente a la magnitud del problema, movilizar acciones rápidas, proporcionar orientación directa y acelerar el aprendizaje en todos los países y regiones.
4) Mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación lo antes posible: Mapeo del impacto económico local y el diseño de medidas y políticas de mitigación económica, considerando tanto el sector formal como el informal, mientras se prepara para la recuperación temprana. Un área importante para la participación es aumentar la capacidad fiscal de los municipios y los proveedores locales para que puedan garantizar los servicios esenciales. Es importante modelar y medir el impacto probable en los incentivos fiscales para aliviar la carga sobre las pequeñas empresas y los medios de vida, y la reducción de los ingresos en la capacidad de operar. Se necesitan medidas preventivas para ayudar a gestionar el posible aumento de la violencia doméstica y callejera, trabajando en estrecha colaboración con los líderes comunitarios (tradicionales, mujeres, jóvenes, religiosos, entre otros).
5) Promoción del aprendizaje activo sobre medidas y prácticas: Acelerar el aprendizaje sobre cómo las ciudades y las comunidades, especialmente en los asentamientos informales y los barrios marginales, están lidiando con la crisis de COVID-19. Al apoyar y facilitar el aprendizaje estructurado de ciudad a ciudad, estas conexiones se pueden hacer en tiempo real para intercambiar e identificar soluciones o enfoques innovadores. Además, también es clave establecer una red de líderes de la comunidad local, en ciudades, países y regiones.
6) Mitigar el impacto en el acceso a una vivienda adecuada y promover soluciones alternativas donde sea necesario: La reducción de ingresos requiere medidas atenuantes para mantener el acceso a viviendas adecuadas para las categorías de bajos ingresos en la sociedad, los pobres urbanos y otros grupos vulnerables (personas sin hogar, refugiados, migrantes, desplazados internos, personas mayores, personas con discapacidades). Dichas medidas pueden incluir opciones para disminuir la carga de los pagos de hipotecas y alquileres, prevenir desalojos, proporcionar refugio temporal a las personas sin hogar, etc.
7) Priorización de las intervenciones de agua y saneamiento son fundamentales para prevenir y controlar los brotes. Es fundamental garantizar un acceso asequible al agua y al saneamiento de manera segura, tanto en las decisiones políticas como a través de los proveedores de servicios públicos de agua. Los gobiernos locales necesitan colaborar con proveedores de servicios públicos y grupos comunitarios para ayudar a crear conciencia y cambiar comportamientos en apoyo del control de la respuesta.
¿Cuál es el plan de respuesta Covid-19 dónde no está Venezuela?
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El organismo ha diseñado un plan de respuesta al COVID-19 para 64 países del mundo: 20 de África, 17 de Asia y el Pacífico, 16 de América Latina y 11 de los estados arabes, por un monto estimado de 72.000.000 de dólares. El plan de acción posee tres grandes áreas:
1) Apoyar a los gobiernos locales y las soluciones impulsadas por la comunidad en los asentamientos informales:
– Asegurar que las medidas de salud pública (pruebas, localización de contactos, etc.) estén respaldadas por medidas que garanticen los medios de vida y la seguridad alimentaria.
– Facilitar la colaboración entre gobiernos locales, proveedores de servicios públicos y grupos comunitarios para garantizar el acceso asequible al agua y al saneamiento para todos.
– Aumentar la conciencia y el cambio de comportamiento en asentamientos informales y barrios marginales a través de la participación y la propiedad comunitaria de las iniciativas.
– Abogar por medidas para reducir la carga de la renta y las hipotecas, proporcionar refugio temporal para las personas sin hogar y reutilizar los edificios para aislar a los infectados.
– Apoyar a los gobiernos locales para administrar la movilidad y el transporte urbano seguro, con un enfoque en aquellos que sirven a las comunidades en asentamientos informales, mientras se mantienen las restricciones de movimiento.
El 71% de los recursos solicitados serían para sufragar los gastos de este primer grupo de actividades.
2) Proporcionar datos urbanos basados en evidencia, mapeo y conocimiento para la toma de decisiones informadas:
– Generando e integrando datos de la comunidad para dar forma a las respuestas locales, mapear puntos críticos emergentes, reorganizar mercados informales y centros de transporte, planificar espacios públicos y edificios para servicios de salud y emergencia.
– Movilizar una extensa red de socios globales y locales para apoyar la recopilación, el mapeo y el análisis de datos utilizando tecnologías inteligentes que permitan una respuesta más específica a las necesidades prioritarias emergentes, incluyendo agua y saneamiento, alimentos, vivienda, servicios de salud y medios de vida.
– Seguimiento rápido del aprendizaje, la capacitación y el desarrollo de capacidades sobre cómo las ciudades y las comunidades están lidiando con la crisis COVID-19, en términos de preparación, respuesta y recuperación.
3) Mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación:
– Diseñar medidas y políticas de mitigación económica, teniendo en cuenta los sectores formal e informal, mientras se prepara para la recuperación temprana.
– Aumentar la capacidad fiscal de los municipios y los proveedores de servicios locales para garantizar la disponibilidad de los servicios esenciales. C
– Ayudar a las ciudades a priorizar acciones para mejorar todas las dimensiones de la prosperidad de la ciudad utilizando herramientas prácticas como el Índice de Prosperidad de la Ciudad (IPC).
– Construir una coalición multidisciplinaria con líderes de pensamiento globales para desarrollar nuevas percepciones y conocimientos sobre cambios de políticas a más largo plazo y nuevas formas de trabajar y vivir.
ONU-Hábitat también ha comenzado a delinear las estrategias a mediano y largo plazo para recuperar las áreas y asentamientos urbanos: “Lo que hagamos hoy cambiará las ciudades del mañana, para hacerlas seguras e inclusivas, y resilientes para futuras crisis”. Según lo publicado en su sitio web el ente se encuentra apoyando a muchas ciudades para desarrollar modelos innovadores de planificación y expansión que se centren en un modelo compacto y en la conectividad, así como en el acceso local descentralizado a todos los servicios básicos e infraestructuras, incluida la salud, lo que podría contribuir a frenar la propagación de las pandemias.
Provea.
