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El pasado mes de septiembre de 2020, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe de 443 páginas con sus investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela.

Este informe -como mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- se presentó con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Caso 22: Barlovento

Archivo, cortesía de la DW

Ubicada a 90 kilómetros al este de Caracas, la subregión de Barlovento ocupa 4.610 kilómetros cuadrados del estado de Miranda y consta de seis municipios: Acevedo, Andrés Bello, Brión, Buroz, Páez y Pedro Gual. Está habitada en su mayor parte por personas de ascendencia africana que se dedican principalmente al cultivo del cacao y el café. En el momento de la operación de Barlovento, el líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, era el Gobernador del estado de Miranda. Barlovento fue declarada Zona de Paz en 2013, en un intento de reducir la delincuencia. Los analistas han vinculado los altos índices de criminalidad con bandas criminales que compiten por la tierra y por las ganancias derivadas del cultivo del cacao.

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Los acontecimientos que precedieron a la operación incluyeron el asesinato, el 10 de enero de 2016, de dos sargentos de la GNB, mientras escoltaban camiones de PDVSA a lo largo de la autopista, a lo que las autoridades respondieron el 12 de enero con un OLP en Caucagua, municipio de Acevedo. El 2 de abril de 2016, un General retirado de la GNB y su esposa fueron asesinados en Caucagua, lo que dio lugar al despliegue de más de 400 soldados y policías en cuatro municipios. El 10 de abril de 2016, tres oficiales de las FANB, entre ellos una pareja, fueron secuestrados, junto con su hija de dos meses. Fueron liberados el 12 de abril de 2016 y al día siguiente se llevó a cabo una OLP. El 9 de mayo de 2016, un capitán de la Fuerza Aérea y su esposa fueron secuestrados en el municipio de Andrés Bello. Fueron liberados el 12 de mayo y se llevó a cabo una OLP el 14 de mayo de 2016.

Según el Ministro del Interior, Néstor Reverol Torres, la situación de seguridad en Miranda había llevado al Presidente Maduro a activar una operación conjunta. El Ministro dijo que la operación se había ordenado para combatir los desalojos arbitrarios de casas por parte de elementos violentos vinculados al paramilitarismo colombiano y al crimen organizado. Otros funcionarios con conocimiento de la operación han sugerido que la venganza por la muerte del General retirado de la GNB y su esposa también podría haber sido el factor que llevó a la operación. Otros han sugerido un motivo criminal detrás de la misma.

El 10 de octubre de 2016, el Ministro del Interior explicó que el despliegue incluía 1.299 militares y policías de 15 unidades de diferentes partes del país. Señaló que la zona abarcada por la operación representaba el 53,85% del estado de Miranda. El componente militar de la operación había llegado a la región el 7 de octubre de 2016, tres días antes del despliegue de las otras fuerzas de seguridad. En sus declaraciones a la prensa, el Ministro Reverol estuvo acompañado por altos mandos militares, entre ellos el Almirante Remigio Ceballos, el entonces segundo comandante estratégico del CEOFANB, el General de División Ornella Ferreira, jefe de la REDI Capital y el General de División Alberto Bellorín, comandante de la ZODI Miranda.

Un ex funcionario de alto rango de los servicios de inteligencia del Estado informó a la Misión de que la FANB dirigió la operación porque las fuerzas policiales ordinarias no estaban a la altura de luchar contra las poderosas bandas que operaban en Barlovento. El testigo explicó que la DGCIM había reunido anteriormente información electrónica de inteligencia sobre los grupos delictivos y que a la PNB se le había encomendado la tarea de contenerlos, mientras que el CICPC aportó sus conocimientos especializados.

Plan Rondón

La operación de Barlovento era parte de un plan militar llamado Plan Rondón. Según el plan, los disturbios del orden público, el saqueo, el narcotráfico, el secuestro, el robo y la extorsión en la zona desde 2008 resultaron en una amenaza a la seguridad de la nación. Los actos equivalían a una subversión interna que requería de una operación militar para restablecer el orden.

El Plan Rondón clasificó diferentes categorías de enemigos, enumeradas en un anexo, a las que la Misión no tuvo acceso. El objetivo del plan era neutralizar rápidamente los grupos que pudieran generar violencia. El Plan Rondón también exigía el respeto de las normas sobre el uso de la fuerza letal y la prohibición de la tortura, así como la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.

El Plan Rondón estableció “funciones” para la ejecución de operaciones. Éstas incluían: acosar al enemigo y debilitar su poder mediante una presión constante; aislar al enemigo de las redes de apoyo, tanto física como psicológicamente; llevar a cabo acciones ofensivas para destruir y/o capturar a los grupos guerrilleros o paramilitares y a las bandas criminales y a todos aquellos que representan un peligro para las instituciones; y explotar el éxito de la operación, para destruir completamente o capturar a todos los grupos objetivo.

La REDI Capital fue responsable de la operación, con el apoyo de la ZODI Miranda. La REDI debía dirigir las operaciones de inteligencia, las investigaciones penales y el control del orden público, así como ejecutar las tareas operativas, incluyendo las visitas domiciliarias y los allanamientos para identificar e interrogar a los sospechosos. Los allanamientos debían realizarse de acuerdo con las órdenes judiciales.

El Plan Rondón preveía los siguientes despliegues tácticos: 120 soldados del Batallón Caribe en el sector Capaya del municipio de Acevedo; 120 soldados del Batallón Caribe en el sector El Márquez del municipio de Acevedo; 120 miembros de la Cuadragésima Segunda Brigada de Paracaidistas en el sector El Cumbo del municipio Andrés Bello; 120 miembros de la Infantería de Marina en el sector La Busca del municipio de Brión; 120 soldados de los comandos rurales en el sector La Trinidad del municipio de Buroz; 120 combatientes de los comandos rurales en el sector Santa Bárbara del municipio de Páez. En el aeropuerto de Higuerote se encontraban estacionados las Fuerzas Especiales del Ejército Bolivariano, los Comandos de Mar, la Policía Naval, la Policía Aérea, las Fuerzas Especiales de la GNB, los Comandos de la GNB y el CONAS.

Los detalles operacionales del Plan Rondón fueron discutidos entre los comandantes militares cinco días antes del despliegue de las tropas en la zona, en una reunión celebrada en Caracas en el aeropuerto de La Carlota el 2 de octubre de 2016. Se realizaron reconocimientos aéreos en toda la zona de Barlovento para mostrar a cada comandante su área de responsabilidad.

Eventos en Barlovento

El 7 de octubre de 2016, llegaron a Barlovento oficiales militares de otras regiones incluyendo al contingente de soldados del Batallón Caribeño 323 “José María Camacaro Rojas” con base en Cumaná, estado de Sucre (a más de cuatro horas por tierra de la región de Barlovento). Las tropas llegaron a la localidad de El Café, en el municipio de Acevedo. Se apostaron en un edificio ubicado en la entrada de El Café. Desde ahí, las tropas realizaron incursiones en diferentes partes de Barlovento durante los 10 días siguientes, aunque permanecieron en la región durante más de un mes.

Otro contingente de soldados pertenecientes al Batallón 321 del Caribe “General de División Pedro Zaraza” con sede en Barcelona, Anzoátegui, también llegó el 7 de octubre de 2016 y se estacionó en La Bloquera, Alfarería Bell (una arenera provisional y semiabandonada que se creó para la construcción de la carretera Caucagua – Higuerote), en la parroquia del Caucagua, municipio de Acevedo.

Ambas unidades militares recibieron instrucciones de trabajar rápidamente para eliminar las bandas criminales de la zona. Dos fuentes con conocimiento de la operación informaron a la Misión que la orden de la operación fue dada por el Presidente Maduro, a través del Ministro del Interior, Néstor Reverol, y el Ministro de Defensa, General Padrino López. El General de División Álvarez Bellorín aseguró a los mandos militares en terreno que contaban con el pleno apoyo de otros altos funcionarios del Gobierno.

Detenciones

Entre el 13 y el 18 de octubre de 2016, las fuerzas de la FANB detuvieron a 35 hombres en Barlovento, las personas fueron arrestadas dentro de sus casas, en las colas para comprar comida y en los autobuses públicos. Los arrestados eran todos hombres y no fueron presentados ante un juzgado. Doce fueron encontrados muertos en dos fosas comunes diferentes. El paradero de cinco de ellos sigue siendo desconocido en el momento de escribir este informe.

Ocho de los detenidos fueron liberados: cuatro el 21 de octubre; se desconoce la fecha de liberación de los otros cuatro. Siete de los ocho liberados dijeron a sus familiares que habían sido torturados. Uno logró escapar y apareció gravemente herido en el estado de Anzoátegui. La Misión no tiene información sobre 9 de las 35 personas detenidas.

Los 12 hombres cuyos cuerpos fueron recuperados habían sido detenidos entre el 15 y el 18 de octubre en diferentes lugares del municipio de Acevedo. Según el entonces Ministro del Interior, Néstor Reverol Torres, las detenciones se produjeron en las localidades de Capaya, Yaguapa, El Café, Cabural y Aramina.

Los detenidos procedían de dos grupos aparentemente sin relación alguna entre ellos 2090. Uno era del sector de El Café, en el cual algunos de los detenidos se conocían, y el otro grupo estaba conformado por personas provenientes de la zona de Aragüita. Sobre la base de una revisión de fuentes abiertas, la Misión reunió información relativa a los nombres y las fechas de detención de 17 detenidos, que posteriormente fueron asesinados o desaparecidos.

Según el Ministerio Público, al menos 25 de las 35 detenciones se efectuaron sin orden de captura. Uno de los hombres hallados muertos viajaba desde Caucagua con su esposa y dos hijos, cuando los soldados detuvieron su autobús en El Café. Revisaron sus documentos y lo llevaron al comando para verificar sus antecedentes penales. Otra víctima se encontraba en la casa de su madre cuando los soldados llegaron y se lo llevaron a punta de pistola. Su madre dijo: “A mí me entró una crisis de nervios y mi cuñado fue a llevarle la cédula y un suéter porque a él se lo llevaron en shores y descalzo”. La madre de otro hombre fue tirada al suelo y le dijeron: “Ustedes las madres son las cómplices; ayudan e incitan”.

Aproximadamente 20 de los 35 detenidos fueron llevados a la base del Batallón del Caribe 323 instalada temporalmente en El Café. Cuando sus familiares se enteraron de esto, fueron al sitio para preguntar por ellos. Los soldados explicaron que los detenidos estaban retenidos mientras se verificaban sus antecedentes judiciales. El Sistema de Información de la Policía Venezolana (SIPOL) reveló posteriormente que dicha verificación sólo se había realizado a dos de las víctimas en octubre de 2016.

Del 15 al 18 de octubre de 2016, los familiares trajeron comida a los detenidos. El Ministerio Público recuperó posteriormente junto a uno de los cadáveres, una bolsa, en la que los familiares le habían llevado supuestamente comida a El Café. La bolsa contenía fragmentos de notas escritas que decían “18-10-16 Para: Óscar Rodríguez Dios te bendiga. Buen provecho ”, “18-10-16 Hola mijo, buenos días, como amaneces, Dios te bendiga, cómo te sientes Para: Óscar Rodríguez”.

El 2 de noviembre de 2016, los fiscales registraron la base militar de El Café, a raíz de una denuncia presentada el 27 de octubre por familiares de las víctimas. Los fiscales encontraron numerosas fotos impresas con los nombres de los detenidos y sus números de identificación. Establecieron que las fotografías habían sido tomadas en la propia base militar.

Tortura en la base militar de El Café

Los soldados están acusados de torturar a los detenidos para reunir información sobre el paradero de los miembros de las bandas criminales que operaban en la región. El Ministerio Público, basándose en el informe de la autopsia, llegó a la conclusión de que los fallecidos fueron sometidos a descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, incluidos los genitales, inhalación de gases lacrimógenos y golpes con objetos contundentes.

Según las víctimas y los testigos, había al menos dos zonas de tortura en la base militar de El Café. La primera era una pequeña habitación con espacio para cinco personas de pie, conocida como “El Tigrito”, en la que se exponía a los detenidos desnudos a los gases lacrimógenos. La segunda área de tortura era una oficina a la que se llevaba a los detenidos con los ojos vendados y atados de pies y manos. Los soldados les colocaban medias en la boca y los obligaban a tumbarse en el suelo, antes de verter agua sobre ellos y propinarles descargas eléctricas.

Entre las denuncias de tortura que posteriormente hicieron los supervivientes de la base militar de El Café y sus familiares se encuentran las siguientes:

• La madre de un hombre que había sido liberado también dijo que su hijo había sido drogado.

• Un superviviente informó de que había sido torturado con objetos cortantes y punzantes, con el fin de proporcionar información sobre la “banda de Coyón”.

• La madre de un detenido dijo que los soldados habían administrado choques eléctricos en los genitales de su hijo. Su hijo fue golpeado al punto de requerir de una cirugía y hospitalización durante 17 días.

• Un adolescente superviviente contó a la prensa que unos soldados le desnudaron y le golpearon con la culata de un rifle, antes de colgarle del techo de sus brazos e interrogarle sobre las bandas. Declaró: “Me dijeron: vamos a jugar un pequeño juego […]. Se llama electrocución.” Le administraron choques en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, las manos: “Sentí como si mis tímpanos fueran a explotar”.

Traslado y desaparición forzada

Después del 18 de octubre de 2016, los soldados de la base de El Café dijeron a las personas familiares que los hombres ya no estaban allí 2109. Explicaron que los detenidos habían sido trasladados ese día al Fuerte Guaicamacaure, pueblo de Chaguaramal en el municipio de Pedro Gual (a una hora y media en coche de El Café). Los soldados afirmaron que el sistema de verificación de antecedentes penales de El Café no funcionaba bien, y que el traslado era necesario por esta razón.

La Misión tuvo conocimiento que el traslado al Fuerte Guaicamacuare nunca se realizó. En cambio, los detenidos fueron trasladados a finales de octubre de El Café a la otra base militar en la Alfarería Bell, donde permanecieron alrededor de una semana antes de ser ejecutados. Otra fuente con conocimiento calificado de la operación confirmó que los hombres fueron transferidos de El Café a la Alfarería Bell, y que el traslado tuvo lugar aproximadamente a los 15 días de la operación. Esta fuente reveló que el comandante de la ZODI Miranda ordenó el traslado para evitar que los representantes del Ministerio Público y sus familiares localizaran a los detenidos.

Desconociendo el paradero de sus seres queridos, las y los familiares continuaron buscándolos. Según una pariente, “La suegra y yo, fuimos a Sotillo, a Curiepe, al aeropuerto (a) un comando aquí también en La Trinidad. Fuimos allí a Chaguaramal a distintos entes y nada, no, nunca dimos con él”. El tío de un detenido dijo: “Fuimos a Chaguaramal, fuimos a otros sitios, nada, nada, nada de respuestas teníamos de ellos, nadie, porque ni siquiera el Teniente Coronel nos dio respuesta de eso, ni la cara la dio”. La hermana de una víctima dijo que, al llegar al Fuerte Chaguaramal ““efectivamente un funcionario nos dice que sí estaban ahí, que se encontraba y que le lleváramos comida y ropa. Al día siguiente nos dicen que ya fueron trasladados. Preguntamos qué hacia dónde y nos dijeron que hacia el helipuerto de Higuerote. Fuimos hasta allá, y no, nos dijeron que no se encontraban”.

Uno de los detenidos liberados posteriormente explicó que se le había obligado a firmar un documento en el que se decía que no había sido golpeado y que se le había proporcionado comida, buen trato, y que no se habían violado sus derechos. Esto coincidió con la información recibida de una fuente confiable con conocimiento directo de la operación, quien relató a la Misión que el comandante de la ZODI Miranda había dado instrucciones para que se obligara a los detenidos a firmar y a tomar sus huellas dactilares validando las declaraciones de que habían sido tratados bien, antes de ser trasladados de El Café a la base militar de la Alfarería Bell, “como respaldo en caso de que algo sucediera”.

La FANB dijo más tarde a las y los familiares que una vez que se confirmaran los antecedentes penales de los detenidos, serían liberados de la base de El Café. Posteriormente la FANB comunicó que los detenidos, una vez liberados, habían sido interceptados por miembros de una banda criminal rival y habían sido asesinados. Los registros militares recopilados por el Ministerio Público durante la inspección técnica en la base militar de El Café indicaban falsamente que los detenidos habían sido liberados entre el 16 y el 17 de octubre de 2016.

El 18 de octubre de 2016, el Ministro del Interior informó que la operación había logrado desmantelar una banda (dirigida por “El Anthony”) dedicada al secuestro y la extorsión. También dijo que las fuerzas armadas habían tomado el control de una casa particular que se había sido utilizada como base para llevar a cabo secuestros. El Ministro dijo que cinco personas habían sido asesinadas en Barlovento.

El descubrimiento de las fosas comunes

El 27 de octubre de 2016, el Ministerio Público de Miranda recibió una denuncia presentada por la madre de un detenido en relación con la desaparición de 12 personas en El Café. La Fiscalía Sexagésima Segunda fue asignada al caso. Realizó varias inspecciones, entre ellas en la base de El Café (1 y 11 de noviembre); en el Fuerte Guaicamacuare (4 de noviembre); en el comando del CONAS en Caucagua y en el aeropuerto de Higuerote (16 a 22 de noviembre). También incautó dos vehículos oficiales en la base de El Café. El Ministerio Público solicitó a la FANB la entrega de copias certificadas de los nombres de los detenidos y una lista de los militares desplegados en la zona.

Durante las investigaciones, el Ministerio Público identificó a un testigo que proporcionó información coherente sobre la ubicación de las fosas comunes de las víctimas. El 25 de noviembre de 2016 se encontraron dos cuerpos, de Kendri Javier González Utrera y Carlos Gabriel Marchena Silva, en una fosa del sector La Maturera del municipio de Brión, en una antigua arenera al borde de la carretera nacional que va de Caucagua a Higuerote.

El 26 de noviembre de 2016 se encontraron diez cadáveres en una fosa común en una zona boscosa del Parque Nacional Guatopo, sector Aragüita, cerca de la carretera de la Montaña que une Caucagua y Aragüita.

Los detenidos fueron trasladados a los lugares de ejecución en dos vehículos oficiales, pasando por dos puestos de control de la FANB. La Misión no tiene información si éstos retenes se establecieron en el marco del Plan Rondón, y en concreto de la operación de Barlovento, o si eran preexistentes. El primer puesto de control se encontraba en la carretera que bordea el Parque Nacional Guatopo y que conecta las localidades de Caucagua y Aragüita. El otro reten estaba situado en la carretera que va de El Café a Capaya.

Los nombres, edades y profesiones de las 12 personas que murieron, son Anthony Jesús Vargas Pérez (19 años, estudiante y aprendiz de construcción), Héctor Óscar Rodríguez Piñate (20), Víctor Manuel Martínez Olivares (20), Carlos Gabriel Marchena Silva (20 años, director de la carnicería), Freddy Manuel Hernández Ramírez (21 años, agricultor), Eliezer Justarlis Rámirez Cordero (22, estudiante de la Marina), Yorman Vicente Mejías Martínez (22 años, agricultor), Antonio Miguel Aladejo Camacho (27), Kendri Xavier González Utrera (28), Jairo Antonio Rivas Salcedo (28 años, electricista), Denny Antonio Acevedo Vaamonde (30 años, trabajador de la construcción) y Luis Alirio Sanz Espinoza (30 años, mecánico).

Según un testigo cuya identidad debe permanecer en el anonimato por razones de seguridad, los soldados del Batallón 323 del Caribe mataron a 12 hombres el mismo día, probablemente a finales de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta. La Misión tiene una declaración escrita en la que se indica que un oficial de alto rango perteneciente al Batallón 323 disparó a dos de las víctimas con su arma de servicio en el sector de La Maturera y ordenó a los soldados que habían presenciado el crimen que excavaran una fosa para enterrarlos. Luego se dirigieron a la zona boscosa del Parque Nacional Guatopo, donde los soldados mataron a los otros 10 detenidos.

Según la información recibida por la Misión, la orden de desaparecer a los 12 detenidos llegó a nivel de comandantes el 23 de octubre de 2016, al parecer de un representante del CEOFANB sobre el terreno que dijo: “Recuerde que está cerca de un ascenso y otra cosa. No quiero cuerpos flotando ni buitres vagando por ahí. Quiero que la misión se cumpla para mañana, antes de la reunión”.

El informe de la autopsia mencionado en el informe público de la Fiscalía sobre la investigación, registró que las dos víctimas de la primera fosa murieron de “fractura del cráneo debido al paso de un proyectil de un arma de fuego”. El estudio balístico comparativo realizado por el Ministerio Público determinó que Kendri Javier Hernández Utrera había sido asesinado por un arma de fuego tipo pistola, marca Sig Sauer de 9 milímetros, modelo Parabellum P226, que fue asignada a uno de los soldados pertenecientes al Batallón 323 Caribe.

La investigación de la Fiscalía determinó que los diez hombres encontrados en la otra fosa común murieron por “shock hipovolémico causado por herida de arma blanca”. Una fuente fidedigna con conocimiento del caso y los resultados de la autopsia dijo que las heridas probablemente fueron causadas por un machete, que nunca se encontró. De los apuñalados, cuatro tenían heridas mortales en el cuello y cuatro tenían heridas mortales en el cuello y el pecho. Uno tenía heridas en la cabeza y otro en el cuello, hombro y pierna izquierda. Un funcionario público que asistió a la exhumación informó de que algunas víctimas fueron encontradas boca abajo con las manos atadas y la cabeza cubierta

Un testigo que conoció los hechos dijo a la Misión que los oficiales militares llegaron al lugar y obligaron a los detenidos a salir del vehículo uno por uno. Los oficiales pusieron música a todo volumen en el vehículo para que los demás detenidos no oyeran los gritos de los ejecutados. Una vez que las víctimas fueron asesinadas, los soldados informaron de que la misión se había cumplido. Las fuerzas de seguridad no afirmaron que se hubiera producido un enfrentamiento. No se encontraron armas con las víctimas.

La muerte de un adolescente

Alrededor de las 10 horas del 19 de noviembre de 2016, el Batallón Caribeño del Ejército Venezolano 321 “Mayor General Pedro Zaraza”, con base en La Bloquera, instalación militar de Alfarería Bell en Caucagua, recibió una llamada telefónica anónima, informando que un individuo armado se escondía en una casa en el sector de La Cotara, parroquia Aragüita. Una vez allí, los militares detuvieron a un joven de 16 años, sacándolo de su casa sin orden de allanamiento ni de captura. Fue detenido junto con otros tres jóvenes que luego fueron liberados.

El adolescente fue trasladado a la base militar de la Alfarería Bell y detenido junto con otros tres jóvenes. Los soldados arrojaron botes de gas lacrimógeno por un agujero en el techo y luego lo cubrieron. Después de una hora, el joven comenzó a sentirse enfermo y fue trasladado al Hospital Dr. Rivero Saldivia de Caucagua. Cuando llegó, no mostraba signos de vida.

Los soldados le dijeron al personal médico en servicio que el adolescente tuvo un ataque epiléptico. La ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz declaró que “cuando la doctora, una médica valiente, vio esa situación, dijo que no se trataba de un ataque epiléptico, porque la persona estaba demasiado herida, con una fractura de cráneo y otras lesiones”. El centro de salud se puso en contacto con el Ministerio Público, que realizó una autopsia y determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por aspiración bronquial, politraumatismo general y traumatismo craneal. En el informe de la autopsia también se encontraron múltiples contusiones, moretones, hematomas e hinchazón en todo el cuerpo.

La investigación del Ministerio Público

Tras el descubrimiento de los cadáveres en noviembre de 2016, el Ministerio Público informó que iba a ordenar medidas cautelares contra 12 soldados por la muerte de los 12 hombres. La ex Fiscal General condenó públicamente estos actos. Hizo un llamamiento “al órgano rector encargado de este tipo de operaciones, de hacer una revisión de las mismas porque, si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, éstas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables”. Según la ex Fiscal General y el entonces Defensor del Pueblo, los 12 hombres no tenían antecedentes penales.

La investigación se confirió a un equipo multidisciplinario del Ministerio Público. Fue coordinada por el ex Director General de Actuación Procesal con las Fiscalías Sexagésima Segunda nacional y Décima local. El equipo de investigación estaba integrado por expertos en criminalística, profesionales forenses y psicólogos. Fue apoyado por el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz destacó “la participación decidida del Ministro del Interior y Justicia, el Ministro Reverol, quien aportó importantes elementos para el esclarecimiento de los hechos, el Comisario Douglas Rico, así como la participación de una ONG, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz”. La investigación por la muerte del adolescente, iniciada oficialmente el 20 de noviembre de 2016, también fue llevada a cabo por la Fiscalía Sexagésima Segunda nacional.

El 27 de noviembre de 2017, el Ministerio Público anunció que presentaba cargos por la muerte de los 12 hombres, contra 12 miembros del Batallón 323 del Caribe: Teniente Coronel José Angel Rojas Córdova, Mayor Luis Eduardo Romero Arcia, Sargento Mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez, Sargento Primero Orlando José Mosegui Barrios, Sargento Primero Rafael Luis Acevedo Galanton, Sargento Primero Luis Ramón Figuera Salazar, Sargento Primero Francisco José Rivas Salazar, Sargento Primero Ronny José Antón Antón, Cabo Segundo Arquímedes José Aguey, Cabo Segundo Luis Eduardo Machado Márquez, El capitán Daniel Rafael Contreras Primera y el Cabo Primero Fabián de Jesús Rangel Rangel.

El Ministerio Público informó a la opinión pública que acusaría a los imputados de: 1) homicidio intencional; 2) tortura y tratos inhumanos y degradantes; 3) desaparición forzada; y 4) privación ilegítima de la libertad, entre otros. La investigación de la desaparición forzada de los cinco jóvenes que no fueron encontrados está vinculada a este proceso

El 29 de noviembre de 2016, otros siete miembros del Batallón 321 del Caribe fueron detenidos por la muerte del adolescente. Los que fueron puestos en prisión preventiva fueron el Teniente Ender Alexander Flores Fajardo; el Teniente Primero Yorgenis Moisés Monsalve Rubio; el Sargento Tercero Mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; el Sargento Segundo Joneal Gil Bello; los Sargentos Primeros Álvaro José Torres Tonito y Rafael David Achique Medina; y el Cabo Primero Jefferson Jonathan Florián Pérez. Estos hombres fueron acusados de homicidio calificado, tortura, privación ilegítima de libertad y violación del domicilio. A pesar de los intentos, la Misión no ha podido reunir información sobre el estado del proceso judicial.

A partir de febrero de 2017, los 12 soldados pertenecientes al Batallón 323 del Caribe acusados de la muerte de los 12 jóvenes quedaron en prisión preventiva por orden del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del estado de Miranda. Los acusados pasaron tres meses en la prisión de Tocuyito y desde el 10 de marzo de 2017, se encuentran en el Centro de Detención de la Trigésima Quinta Brigada de la Policía Militar en el Fuerte Tiuna.

El proceso contra el Teniente Coronel Rojas Córdova estaba todavía en curso en el momento de este informe. Dos de los acusados fueron condenados a 22 años, nueve meses y 15 días. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, que solicitó una pena de 26 años a pesar de que los dos acusados confesaron su participación en el crimen.

La Misión se puso en contacto con el Gobierno el 7 de agosto de 2020 para solicitar una actualización del estado tanto de este caso como el de la muerte del adolescente. En el momento de redactar el presente informe, no se había recibido respuesta.

Conclusiones

Con base en los hechos mencionados, la Misión tiene motivos razonables para creer que se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra los doce hombres mencionados. Soldados pertenecientes al Batallón Caribeño 323 “José María Camacaro Rojas” de la FANB estuvieron involucrados en estas violaciones. Otros cinco jóvenes seguían desaparecidos en el momento de redactar este informe.

La Misión tiene motivos razonables para creer que al menos siete personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas antes de ser puestas en libertad.

La Misión también tiene motivos razonables para creer que el adolescente mencionado fue detenido arbitrariamente y torturado hasta la muerte por soldados pertenecientes al Batallón 321 del Caribe “Mayor General Pedro Zaraza”. de las FANB.


Como parte de una campaña para que los casos de la Misión puedan ser difundidos y leídos en una mayor audiencia, Provea lleva una serie de publicaciones para destacar los hechos, las víctimas y su búsqueda de justicia. También, para que los testimonios de sus familiares, testigos e involucrados no sean olvidados ni ignorados por la sociedad civil. 

Recordemos que el informe de la Misión se centra en los patrones de conducta en los que se produjeron las cuatro violaciones de los derechos humanos previstas en el mandato, encomendado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dentro de cada patrón, el informe analiza con más detalle incidentes como ejemplos ilustrativos de los patrones dentro de los cuales se produjeron. 

El mandato de la Misión se centra en la responsabilidad, la Misión trató de establecer y verificar los incidentes e investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos previstos en el mandato. También, trataron de identificar a los responsables de esas violaciones y delitos: “Al investigar las pruebas de la vinculación entre los delitos y los responsables, la Misión ha tratado de determinar las estructuras de mando, los patrones de conducta y los indicadores de control y disciplina”

Además,  la Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas, encabezadas por Nicolás Maduro, como los ministros de Interior y Defensa, planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos: “algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituirían crímenes de lesa humanidad

Esta Misión contó con 13 funcionarios, integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes. Su sede fue en Panamá. Los expertos no pudieron visitar Venezuela por la falta de respuesta del Gobierno de facto de Nicolás Maduro, pese a reiteradas solicitudes, según la Misión. 

La Misión consiguió entrevistar a distancia a 274 víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Analizaron documentos confidenciales y 223 casos. 

Si desea leer completo el Informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, puede hacerlo AQUÍ

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