La abogada inició su carrera en el derecho penal, pero a partir de las manifestaciones de 2014 amplió su campo a los derechos humanos. Desde el CDH-Unimet han identificado la represión selectiva contra la población opositora, además de caracterizar varios casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional, Foro Penal Venezolano y el Centro para Defensores y Justicia (CDJ) presentaron recientemente un informe donde aseguran que la represión selectiva de opositores, al menos desde 2019, va acompañada de estigmatización desde medios estatales y altos funcionarios.
Esta represión “calculada”, como le llaman, considera que configura el delito de persecución, uno de los crímenes de lesa humanidad contemplados y delimitados en el Estatuto de Roma.
Dicho instrumento también regula la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) y su Fiscalía, que actualmente investiga si en territorio venezolano se han cometido este tipo de crímenes.
En el marco del Día de la Juventud, la alianza Provea – TalCual conversó con la abogada Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana.
Para la jurista, ese “cambio de suiche” de la administración de Nicolás Maduro se dio a partir de 2018 con la detención arbitraria de dos defensores de DDHH.
A partir de entonces, la persecución y encarcelamiento de la población opositora o percibida como tal, como lo conceptualiza la Misión Independiente de Determinación de Hechos, se hace hasta en manifestaciones en reclamo a la precariedad de servicios básicos.
– El Centro de Derechos Humanos de la Unimet fue formado principalmente por gente joven durante las protestas. ¿solo las nuevas generaciones de abogados se están involucrando en la defensa de los derechos humanos?
Dos cosas importantes sobre eso, la primera es que la Unidad de Derechos Humanos había nacido antes ya en la época de las protestas de 2007.
La persona que inició fue la profesora Angelina Jaffe, que no es de nuestra generación, es un poco mayor pero lo había hecho desde una perspectiva netamente académica. Luego en el año 2014, esta unidad sale un poco de la academia a brindar asistencia jurídica y desarrollar estas habilidades y capacidades en la defensa de derechos humanos.
La profesora Jaffe, la profesora Carmen Alguindigue participaron de eso y de alguna manera estimulando a las nuevas generaciones en donde estaríamos Ofelia Riquezes, estoy yo, y más recientemente Victoria Capriles, que es la directora adjunta del Centro y es mucho más joven que yo.
Ese grupo principalmente era de abogados, pero en el Centro hoy en día nosotros hemos tenido estudiantes de Derecho y egresados de Derecho, estudiantes liberales y egresados de Estudios Liberales. De hecho nuestra coordinadora de la Unidad de Víctimas, Vanesa Castillo, es egresada de Estudios Liberales. También hemos tenido el compromiso de personas que estudian idiomas y otras carreras en la universidad.
Si creo que han habido unas primeras generaciones, tal vez en menor grupo, interesados por el tema de derechos humanos, que luego nos dieron la batuta a otro grupo más joven y que estamos estimulando a grupos aún más jóvenes para que sin distinción de carrera, y entendiendo que la defensa de derechos humanos lo puede ejercer cualquiera, se sientan interesados en este tema y luego podamos seguir dejando generaciones de relevo.
– Esos años ustedes registraron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de jóvenes, principalmente a la integridad personal. ¿Qué ha cambiado desde entonces para este sector de la población?
Reportamos entre 2014 y 2017 efectivamente violaciones graves de derechos humanos especialmente en el marco de las manifestaciones.
Teníamos derecho a la vida violado porque había personas asesinadas, e integridad física porque existían muchísimas personas lesionadas a tal punto que no podemos determinar el número exacto, pero también violaciones a la libertad de expresión, libertad de pensamiento e incluimos temas de libertad académica.
En el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes, y en general, la comunidad universitaria salía a manifestar y era brutalmente reprimida, el famoso excesivo y no diferenciado uso de la fuerza.
Por supuesto que eso también atenta contra la creación de conocimiento y la transmisión de conocimiento y por ello lo incluimos en este sentido.
Lo que hemos visto variar en el tiempo, después del año 2017 hacia el año 2018, es que ya las detenciones, incluso lo que conocemos como ejecuciones extrajudiciales, ya no ocurrían de manera masiva o en el marco de los manifestaciones masivas, sino que se desarrollaban de manera selectiva.
En el año 2018 nosotros destacamos un caso que atendimos, que es el de la Fundación Embajadores Comunitarios.
Primero fueron a la organización y luego fueron a las casas de los directores, una vez que ya tenían detenido al director general. Terminaron deteniendo a otra directora y ambos estuvieron presos más de cuatro meses.
Ahí se dio el cambio de patrón, de lo masivo a lo selectivo y eso es un poco lo que se mantiene hoy en día, la selectividad en las violaciones de derechos humanos, el cierre del espacio cívico.
La gente posiblemente no lo ve como sucedía en 2014 o 2017, porque no se da en el marco de las manifestaciones que eran ampliamente cubiertas por medios de comunicación, pero incluso en las manifestaciones que se dan por razones sociales se siguen violando derechos humanos.
En el caso de lo que ha llamado la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos como la población civil opositora o percibida como opositora, pues se produce este tema de la selectividad de sus violaciones de derechos humanos.
– El Foro Penal calcula que hay más de nueve mil personas con medidas cautelares, la mayoría por supuestos delitos relacionados a las protestas de 2014 y 2017. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana en alianza con el Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica, la mayoría de los casos que nosotros atendimos fueron sobreseídos ya en el año 2014, es decir, nosotros no tenemos casos como los del Foro Penal.
Lo que sabemos es que esos casos que ellos manejan y han documentado también, evidentemente el Estado mantiene lo que nosotros hemos considerado una espada de Damocles sobre algunas personas, porque no les interesa hacer justicia realmente sobre esos casos pero sí les interesa mantener algún mecanismo de control sobre esas personas.
Nosotros hemos hablado que el sistema de justicia venezolano sirve como herramienta de persecución política, y una de las formas de que se evidencie esta herramienta es que ni la Fiscalía ni los tribunales procuran que se acabe el caso, sino que mantienen a las personas en un proceso penal que no tiene fin bajo esa idea de controlar a un determinado sector de la sociedad civil.
– Recientemente se dieron las sentencias en los casos de Daniel Queliz o David Vallenilla. ¿El resto de los casos de jóvenes asesinados en las protestas han avanzado?
No, la mayoría de los casos que de hecho se agrupan en la asociación Alfavic, que es la Alianza de Familiares y Víctimas de personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en el año 2017 principalmente, se mantienen paralizados en lo que nosotros llamamos penalmente la fase de investigación, y a su vez, en esa investigación la mayoría se encuentra sin individualización, es decir que no se ha indicado quiénes son los posibles responsables ni los autores materiales (quienes cometieron el hecho) ni los autores intelectuales (quienes dieron las órdenes).
No se ha señalado de manera precisa quienes conforman la cadena de mando y quiénes actuaron directamente en los hechos, eso es la mayoría de los casos.
Solo hemos visto avance más reciente en el caso de Rubén Darío González. Se individualizaron e imputaron a 12 personas, pero solo se pudo pasar a juicio con 11, porque uno de los imputados no se presentó en la audiencia preliminar y existe una orden de aprehensión en contra de él.
Estos 11 que sí fueron acusados y pasaron al juicio, van a tener una audiencia próximamente, salvo que se difiera.
– ¿Y estos 11 acusados están en libertad o detenidos?
Están libres. Solo tienen una medida cautelar de prohibición de salida del país.
– Ante la sombra de la investigación de la CPI ¿podemos ver avances en estas investigaciones?
Lo que hemos visto a partir, digamos, de la presión por los informes recientes de la Misión Independiente para la Determinación de Hechos como de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; por ejemplo en el caso de Rubén Darío González creemos que su avance tiene mucho que ver con esta situación de presión.
De hecho estos casos se habían mantenido absolutamente paralizados. En algunos pues la Fiscalía los ha llamado para hacer nuevamente preguntas, pareciera haber una reactivación pero sin una terminación definitiva.
Es muy importante destacar el caso de Juan Pablo Pernalete porque, en este contexto de presión, lo que ocurrió es que la Fiscalía hizo unas imputaciones demasiado amplias con unos delitos que no se corresponden con la gravedad ni la realidad de los hechos.
Ellos plantean: uno, que no han podido individualizar y prácticamente desisten de individualizar quién le disparó la bomba lacrimógena a Juan Pablo y entonces hablan de complicidad correspectiva.
Además no hablan de homicidio calificado, que plantea la intención contra una persona. Quien le disparó a Juan Pablo Pernalete desde un quiosco prácticamente resguardado y apuntando directamente, porque la carabina tiene mirador, y le disparó a pocos metros directamente al pecho y le da, no es posible pensar que no quería matarlo.
Los funcionarios militares saben que las bombas lacrimógenas a esa distancia y de esa forma matan a las personas. Además se le disparó a un órgano vital como la zona del corazón.
Entonces, la Fiscalía en lugar de considerar todo lo que acabo de comentar, decidieron que la persona no debía tener la intención de matar y calificaron como homicidio preterintencional, lo cual plantea que es un caso mucho menos grave de lo que en realidad es.
Tampoco ven la importancia de que estamos frente a una violación grave de derechos humanos, no hacen referencia a esto en sus escritos de imputación.
Incluso cuando se habló con el fiscal (Tarek William Saab) dijo que él no ha visto ni va a ver los informes ni de la Oficina de la Alta Comisionada, que de hecho claras referencias a este caso, ni de la Misión que en el año 2020 indicaba que el caso Juan Pablo Pernalete era un caso de privación arbitraria de la vida.
Esa gravedad debe de ser considerada por el Ministerio Público.
Cuando el Ministerio Público trata de mostrar que avanza pero sin considerar realmente el delito en el marco de lo que estaba ocurriendo y en la gravedad de los hechos como estaba ocurriendo, lo que está es garantizando la impunidad de quienes participaron.
En el caso de Juan Pablo tampoco incluye la cadena de mando.
Como se está actuando pareciera que debe considerarse insuficiente por la Fiscalía de la Corte, porque esta instancia apunta a los más altos responsables que son los que en principio, desde el Estado, pareciera no estar considerando.
– Según lo que usted comenta, es poco posible una rectificación en el caso de Juan Pablo Pernalete como sucedió con el capitán Rafael Acosta Arévalo…
Exacto. El Ministerio Público no ha hecho ninguna rectificación de los errores que ha cometido con respecto al proceso de justicia en el caso de Juan Pablo Pernalete y, bueno, el caso del capitán Acosta Arévalo así como en otros casos tenemos una rectificación a medias, porque se condena a los autores materiales o a los que creemos son los autores materiales pero no a quienes constituyen la cadena de mando, los más altos responsables involucrados en esto.
