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Seis años después del inicio de su mandato, Nicolás Maduro deja un legado de severos retrocesos en derechos sociales y un aumento sostenido de la represión y el terrorismo de Estado, para acallar las voces disidentes y el descontento social producto de la crisis generada por la indolencia y la corrupción de su gobierno.

Desde abril de 2013 hasta el presente ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, tanto en labores de lucha contra el delito, como en actividades vinculadas a la gestión de manifestaciones. La respuesta del gobierno de Maduro frente a la conflictividad social ha sido una demostración constante de autoritarismo y aliento a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos. No se han desarrollado políticas integrales orientadas a formar a los funcionarios para que estos actúen de acuerdo a los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y por el contrarío se han revertido avances en la materia mediante el aliento brindado a la represión y la permanente criminalización y descalificación de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica.

La territorialización del conflicto y la creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, han sido uno de los más negativos legados del proyecto bolivariano, tanto durante la gestión de Hugo Chávez como en el gobierno de Maduro. Luego de los sucesos de abril de 2002, comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios. Esta lógica de exclusión fue reforzada con una agresiva y permanente campaña de criminalización dirigida a sembrar en el imaginario popular la idea de que cualquier manifestación que tuviera como destino las principales sedes de gobierno en el país, tenía como propósito generar caos y promover un golpe de Estado, de allí que cualquier respuesta represiva y autoritaria era válida para contener tal situación.

La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública, y más recientemente debido a la participación de agrupaciones paramilitares

Desde 1991, al menos 297 personas han perdido la vida en el contexto de manifestaciones en Venezuela. 82 de estas muertes (27,60%) se produjeron en el período comprendido entre 1991-2012, mientras que durante la gestión de Nicolás Maduro (2013-2018), un total de 215 personas (72,39%) fallecieron en el contexto de protestas. En apenas cinco años, la gestión de Maduro casi triplica el total de fallecidos en protestas durante 21 años que comprenden los mandatos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez Frías.

Estas cifras reflejan dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública, y más recientemente debido a la participación de agrupaciones paramilitares.

Estas muertes son principalmente consecuencia del recurrente patrón de uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y de un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país o por la exigencia de reivindicaciones sociales; insistir en la territorialización de los conflictos mediante la proliferación de zonas de exclusión y obstáculos indebidos a la manifestación pacífica y el reforzamiento de la lógica del enemigo interno mediante la estigmatización y criminalización de manifestantes pacíficos y activistas sociales y políticos.

La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes políticos; y la abolición de la Constitución Nacional mediante la construcción de una “legalidad” e “institucionalidad” alterna, han allanado el camino para que la dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de subsistencia.


Prensa Provea