El hacinamiento carcelario –entendido como la relación superior entre el número de reos y la capacidad del espacio donde están recluidos – siempre ha sido un motivo de preocupación para las organizaciones civiles que evalúan de forma constante la situación de las cárceles en el país y una piedra en el zapato para la gestión de cualquier organismo público en el área.
Acceso a la Justicia realizó un informe sobre el desempeño del sistema penitenciario durante el período 2001-2015, en el que se destaca como “preocupante” el índice de hacinamiento en los penales del país, pues aumentó “de forma intensa” entre 2012 y 2013 al llegar a casi 300% con una población promedio de más de 50.000 reclusos. Para 2006, la sobrepoblación carcelaria ya superaba 200%.
“El hacinamiento es resultado de las fallas en las decisiones tomadas por los tribunales penales y son un reflejo de la impunidad imperante (…). En 2005 hubo hasta 70% de presos no sentenciados en un proceso judicial y en 2015 poco más de 60%”, reza el estudio.
Durante el período estudiado la tendencia en el número de privados de libertad se mantuvo de forma ascendente hasta 2014, al pasar de 10.752 presos (en 2001) a 54.895. Luego la cifra bajó a más de 50.000 en 2015. Pese a la disminución, la evaluación de la ONG advirtió que no son buenas noticias, porque por un lado la población reclusa bajó, pero por el otro, los índices de criminalidad repuntaron, lo cual se traduce en impunidad. En Venezuela la tasa de homicidios, durante el 2015, fue aproximadamente de 90 por cada 100 mil habitantes, mientras que en otros países de América Latina como Brasil era de 26.
De igual forma, en 2014, la tasa de población penal por cada 100.000 habitantes es de poco más de 180, lo que es bajo si se compara con la de Brasil, Colombia o México, países en los que la inseguridad es un gran problema público (sus tasas en 2012 eran 274, 245 y 210 por cada 100.000 habitantes, respectivamente). Sin embargo, inclusive, en naciones con menores problemas de criminalidad hay tasas mucho más elevadas que en nuestro país (314 y 266 por cada 100.000 habitantes para Costa Rica y Chile), lo que nuevamente denota más que un verdadero bajo índice carcelario, un alto índice de impunidad a la luz de la alta tasa de criminalidad.
Acceso a la Justicia
