PROVEA continúa con el monitoreo sobre las condiciones laborales y medio ambiente de trabajo del personal de salud en Venezuela, en contexto de la pandemia del COVID-19.
Abril tuvo un repunte alarmante de los casos de Covid-19 en Venezuela, lo que obligó al Gobierno de facto de Maduro a adoptar algunas medidas extraordinarias que generaron mayor angustia en la población. En este mes se produjeron unos 37.186 casos.
Se produjo un crecimiento alarmante de las muertes de personal sanitario por problemas de salud asociados al Covid-19. Fallecieron un total de 144 personas, incluyendo médicos, enfermeras, radiólogos y otros trabajadores de la salud.
En esta décima edición de nuestro Boletín sobre Personal sanitario, condiciones y medio ambiente de trabajo en Venezuela, se documentó el monitoreo realizado en abril, mes en el que se registró un repunte peligroso en los casos y muertes por COVID-19, de acuerdo a la información oficial. Mientras que en el mes de marzo se reportaron 21.381 casos, en abril hubo al menos unos 37.186 casos.
A pesar del significativo repunte de casos en el mes, no hubo la más mínima intención de convocar a diversidad de sectores para elaborar un plan de atención en el país. Si bien, existen algunos canales de comunicación y acción conjunta entre gobierno y oposición los cuales se limitan a la posible importación de vacunas, un aspecto que valoramos como muy positivo, ello es solo un aspecto de lo que debería ser una política integral.
Tampoco ha habido voluntad política para elaborar de manera consensuada un Plan nacional de vacunación que además sea público y defina plazos para cumplimiento de objetivos.
Desde PROVEA hacemos un llamado a quienes detentan el poder a preservar la seguridad del personal sanitario, proteger su salud mental, contratar y formar a más personal, entre otros aspectos, de acuerdo con lo normado en nuestra legislación nacional y convenios internacionales.
Venezuela registra una de las cifras más altas de personal de salud fallecido
Venezuela destaca en el registro de mayor número de personal sanitario fallecidos. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la letalidad del personal sanitario en Venezuela es de “7,21 %, frente al 1,03 % de Ecuador y el 0,19 % de Chile, dos de los países con más casos de Covid-19 en Suramérica”.
Hasta abril un total de 552 trabajadores de la salud han fallecido en Venezuela por COVID-19. Durante el mes de abril fallecieron 144, mientras que en marzo murieron 59, una cifra que ya era alarmante. Esperamos que este incremento se detenga, las medidas adoptadas son insuficientes para evitar más pérdidas de vidas, es clara la vulnerabilidad del personal del sector salud ante la pandemia.
Reiteramos la gran preocupación y hacemos, una vez más, un llamamiento al gobierno de Nicolás Maduro para una vacunación oportuna, inmediata y eficaz en Venezuela. Recordando que antes de la declaración de pandemia, el país atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene como una de sus características más notables, una crisis en el sector salud en todas sus dimensiones.
Es urgente el reajuste de medidas de protección a los trabajadores de la salud y el cumplimiento efectivo de la legislación, como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).
Pocas vacunas y criterios no trasparentes de vacunación
Superada parcialmente la disputa para el ingreso de Venezuela al mecanismo Covax, cuya reserva de dosis de vacunas en el marco del acuerdo eran entre 1,4 millones y 2,4 millones, la Vicepresidenta de la República del Gobierno de facto, Delcy Rodríguez, informó que se “consignó el anticipo de 59,2 millones de francos suizos para garantizar a través de Covax las 11,3 millones de dosis para 20% de la población venezolana…los 60 millones de dólares restantes ya están garantizados y se cancelarán en su momento”.
El proceso de vacunación en el país se mantiene en total opacidad, no se conocen las fases de vacunación, indicadores de impacto, metas planteadas, así como protocolo de logística (refrigeración, transporte, inventario, sistema eléctrico…), personal capacitado, equipos e insumos, por mencionar algunos. Por parte del Covax, no hay datos sobre cronograma de entrega de vacunas, planes de distribución, materiales y equipos incluidos en la negociación, entre otros aspectos.
Solo 98.000 trabajadores de la salud han sido vacunados en Venezuela con la vacuna rusa Sputnik V. Se estima que el país cuenta con un aproximado de 400 mil trabajadores sanitarios, por lo que el personal vacunado alcanza un 25% de la totalidad, según la organización Monitor Salud. Muestra de ello fue la suspensión de la jornada de vacunación pautada para el personal de salud rezagado y jubilados del hospital Dr. José María Vargas de Caracas, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sin mayor respuesta.
Otra situación de violaciones de derechos se pone de manifiesto, como el empleo del Carnet de la Patria y el Sistema Patria a través de una selección al azar, tal como lo anunció el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para acceder a jornadas de vacunación. La Carta Magna establece en su artículo 21, que todas las personas son iguales ante la ley y que no se permitirá ningún tipo de discriminación “fundada en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquéllas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
Mientras solo 25% del personal de salud ha sido vacunado, altos funcionarios del gobierno o destacadas figuras del mundo artístico o familiares de dirigentes políticos han sido vacunados, lo que muestra no solo improvisación, sino también un uso abusivo de posiciones de poder para favorecerse de la vacuna.
Persisten las carencias en centros de salud
El personal de salud a nivel nacional ha denunciado la falta de medicamentos, insumos y equipos en los centros de salud públicos de Venezuela, lo que ha sido una de las causas principales de la crisis en materia sanitaria.
Los recursos presupuestarios destinados a los hospitales forman parte de la política de opacidad implementada por Maduro. Dotar con carácter de urgencia los centros de salud viene siendo una de las exigencias de trabajadores de la salud para desarrollar un trabajo acorde a las necesidades de la población. Ello ha ido acompañado del justo reclamo de salarios dignos.
Algunas instituciones como el Ministerio Público han tomado la inciativa de otorgar algunas donaciones. Así, el Fiscal del gobierno de facto Tarek William Saab, entregó una donación de insumos y equipos médicos valorados en 300 mil dólares a los hospitales militares Dr. Vicente Salias Sanoja y Dr. Carlos Arvelo en Caracas. “Esta es la tercera donación que realizamos a estos hospitales. Una primera donación fue realizada el 28 de noviembre de 2019, por un valor de 5 millones 400 mil dólares, mientras que la segunda se hizo el 15 de abril de 2020 por un valor de 6 millones 400 mil dólares”.
Los insumos entregados se totalizan en 6.230 unidades, entre las que se encuentran: camillas, batas y monos de cirujano, puntas de electro bisturí, espéculos, micro goteros, jeringas, hornos esterilizadores, balanzas, resucitadores manuales e infantómetros, entre otros.
Desde Provea se saluda este tipo de iniciativas que tengan como fin último la garantía del derecho a la salud y el trabajo de los más necesitados, no obstante, tales acciones deben replicarse en centros públicos de salud y ser parte de políticas públicas de salud con enfoque en derechos humanos. Privilegiar hospitales que son de los pocos medianamente dotados en el país, refleja criterios más políticos que necesidades desde una perspectiva de salud considerando hospitales con mayores necesidades que atienden a una población mayor.
Vacunas: la Academia se pronuncia
La Academia Nacional de Medicina como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el Colegio de Médicos, expertos médicos han realizado una serie de observaciones y denuncias sobre la conducta del Estado venezolano frente a las necesidades urgentes de vacunación universal de la población venezolana.
Algunas de las exhortaciones públicas realizadas fueron:
- El Estado venezolano debe garantizar en sus planes de vacunación y/o sus políticas públicas, la accesibilidad económica para todas las personas, lo que implica el acceso universal gratuito a las vacunas.
- El Estado venezolano debe priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio y a quienes experimentan un mayor riesgo frente a la pandemia, en tanto es superado el contexto de escasez y las limitaciones en el acceso a las vacunas.
- El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, y sancionar cuando las mismas sean utilizadas como dádivas o favores personales y/o políticos, particularmente en contextos electorales.
- El Estado venezolano debe, con sujeción a la obligación de transparencia activa, divulgar proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en
general, la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización, aplicación de vacunas; así́ como de los procesos y procedimientos de vigilancia y control aplicados.
A través de estos informes mensuales queremos contribuir a visibilizar las condiciones en que laboran las personas en el sector de la salud pública en Venezuela. Y también, hacer un llamado de ayuda y acción a las autoridades en sus distintos niveles de responsabilidad nacional, estatal y municipal como de las agencias internacionales que vienen prestando ayuda humanitaria en Venezuela.
Desde Provea, expresamos nuestra fuerza y palabras de condolencias a todo el personal de salud que está librando la batalla por la vida en Venezuela, especialmente bajo condiciones tan difíciles, también a todos los familiares que perdieron a sus seres queridos. Enviamos nuestro reconocimiento porque realizan día a día su labor, a pesar de las situaciones económicas y sociales, y los riesgos a los que se exponen por dar atención a la población afectada por la COVID-19.
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