Nicolás Maduro anunció recientemente la creación de Brigadas Comunitarias Militares para el mantenimiento y reparación de las escuelas públicas del país. Gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado públicamente en contra de la militarización de las escuelas.
Este anuncio ocurre en un contexto de grave deterioro de la infraestructura del sistema público de educación, producto del deterioro de la plata física por años de desinversión y el abandono de los programas permanentes de inspección de las escuelas y la programación de las labores imprescindibles de mantenimiento y dotación. La pandemia de Covid-19 y el cierre de las escuelas por más de dos años aceleraron el proceso de deterioro, ante la imposibilidad de las comunidades educativas de asistir a los centros de enseñanza y los constantes robos, hurtos y vandalismo a las escuelas en situación de abandono.
De acuerdo con cálculos de la Federación Venezolana de Maestros, en 2021 70% de las escuelas necesitaba acondicionamiento, y de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, 70% de los planteles no contaba con agua corriente.
Estas cifras nos indican que las condiciones de infraestructura educativa son graves y ciertamente ameritan acción urgente del Estado venezolano. Sin embargo, la presencia de brigadas comunitarias y militares no garantiza la capacidad de resolver estos problemas: sin recursos ni capacidades técnicas para reparar techos con filtraciones o cambiar tuberías e instalar piezas sanitarias, las reparaciones consistirían solo en labores pintura y limpieza, insuficientes para garantizar la disponibilidad, el acceso y la aceptabilidad del derecho a la educación de la infancia venezolana. Así como el programa “Una gota de amor a mi escuela” anunciado con el regreso a clases presenciales en 2021, esta estrategia basada en operativos espasmódicos difícilmente podrá recuperar la red nacional de escuelas públicas. Pero a diferencia de las anteriores iniciativas de este tipo, las brigadas anunciadas suponen un riesgo de control militar sobre las comunidades educativas.
Garantizar el derecho a la educación para toda la población es parte esencial de las políticas de desarrollo, de inclusión y de lucha contra la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, el deterioro en múltiples indicadores es evidente, como lo demuestra el Informe Anual 2021 de Provea. Exigimos al Estado venezolano que diseñe políticas estructurales y asegure recursos suficientes para garantizar un futuro digno a las nuevas generaciones.
En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.
En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
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