Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) divulgó un informe sobre Venezuela centrado en la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la cooperación técnica con las
autoridades. Días después la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, también de Naciones Unidas, publicó otro reporte sobre la responsabilidad del sistema de administración de justicia del país en posibles delitos contra la humanidad. Ambos documentos ayudan a mantener la atención de la comunidad internacional, una de las principales contenciones a la deriva autoritaria instalada en Miraflores.
Como respuesta a estas denuncias, y especialmente ante la posibilidad que se abra una investigación formal sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional como resultado del Examen Preliminar, las autoridades venezolanas están tomando decisiones para demostrar su supuesta voluntad de hacer justicia. Por un lado, se están realizando actuaciones procesales en diversas casos pendientes, varias de ellas relativas a las protestas del año 2014 y 2017. Por otro, se anunció la aprobación y reforma de una serie de leyes, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario, entre otros.
La reapertura de investigaciones y juicios ha generado toda clase de expectativas en los familiares de las víctimas. Como organización de derechos humanos siempre estaremos a favor de cualquier iniciativa que avance en el fin de la impunidad en todos y cada uno de los casos. Sin embargo, las iniciativas se promueven de manera tan atropellada e improvisada, sin mayor participación, que pareciera que sólo desean simular algo de lo cual no hay, todavía, la suficiente convicción. Desde las ONG de derechos humanos seguiremos de cerca todo el proceso.
En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.
En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
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