El Informe presentado hace quince días por la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas (MDH), con una nítida radiografía de las perversidades del sistema de justicia , muestra la complicidad de jueces y fiscales en la práctica de la tortura.

Varios de los testimonios de detenidos indican que fueron torturados en presencia de algunos fiscales, quienes avalaron la actuación arbitraria e inhumana de los funcionarios. En particular se señala a dos fiscales: Sexagésimo Séptimo y la fiscal Octogésima Tercera. Igualmente, fiscales quienes en audiencias escucharon las denuncias sobre torturas y no solicitaron ninguna averiguación sobre los presuntos victimarios. Pero además hay denuncias de fiscales que actuaron en complicidad con jueces y funcionarios policiales, para ocultar desapariciones forzadas indicando días distintos a la fecha real de la detención de las personas.

En el caso de jueces y juezas, la Misión muestra como ante las denuncias de los detenidos de haber sido torturados, no solo no ordenaron investigar a los presuntos torturadores, sino que regresaron a las víctimas a los mismos lugares de reclusión donde habían sido torturadas.  De la misma manera, admitieron como pruebas, testimonios brindados bajo el terror de la tortura.

Otra práctica es la de jueces que impiden a los privados de libertad elegir libremente a sus abogados defensores. Se les impone defensa pública, afectando así el derecho a la defensa.

Lo que evidencia el Informe de la MDH ratifica las denuncias realizadas por presos, familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos, sobre las actuaciones arbitrarias de jueces y juezas.

El sistema de justicia no solo ha estado al servicio del abuso de poder por parte del Ejecutivo Nacional, sino que sus propios funcionarios han sido fichas claves para la persecución y perpetración de graves violaciones a los derechos humanos. Tienen responsabilidad directa en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y deberán ser investigados y sancionados.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura impone a los fiscales y jueces notificar a la Defensoría del Pueblo sobre el conocimiento de una situación de tortura. Al ser esta institución quien preside la Comisión Nacional de Prevención de Tortura, debe solicitar se adelanten las investigaciones correspondientes.

Todo parece indicar que, por un lado, ni fiscales ni jueces realizan tal notificación, e igualmente, que los casos en los cuales la Defensoría tiene conocimiento de prácticas de tortura, hay una reiterada omisión de no activar los mecanismos establecidos y así producir impunidad.

Las víctimas de tortura se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad con amplias posibilidades que sus victimarios no reciban ningún tipo de sanción. Sencillamente, las instituciones del Estado que le deben proteger le dan la espalda, pero además algunos de sus funcionarios son cómplices de la tortura.

El Informe de la Misión de Determinación de Hechos nos indica que no basta con tener una ley con el propósito de prevenir y sancionar la tortura, si la misma no se aplica. No basta con la existencia de un órgano que lidere las acciones para prevenir y sancionar la tortura, si el mismo no realiza ninguna actuación de las establecidas para su mandato.

El sistema de justicia en Venezuela es actualmente un instrumento para la persecución por motivos políticos, un aval para el abuso de poder y el terrorismo de Estado y garante de impunidad.

Cada vez se suman más evidencias que imponen la necesidad de la actuación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y que avance la actuación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Se configuró un andamiaje institucional de complicidad y abuso arbitrario de las funciones públicas, creando condiciones favorables para la continuidad de los crímenes de lesa humanidad, con la seguridad para quienes los cometen, que sus actuaciones no serán sancionadas.

 La reciente sentencia de la juez Kenia Carrillo Galvao sobre el asesinato del joven David Valenilla, declarando no culpable al funcionario militar Arli Cleiewi Méndez Terán, quien quedó grabado en el momento que realizó los disparos y al parecer hay otras muchas pruebas que demuestran su responsabilidad, es un claro ejemplo de impunidad y a su vez de la importancia de seguir documentando para que actúe la Corte Penal Internacional y se activen los mecanismos de jurisdicción universal. La propia jueza debe ser investigada.