Provea continúa con el monitoreo sobre las condiciones laborales y medio ambiente de trabajo del personal de salud en Venezuela, en contexto de la pandemia del COVID-19.
En esta séptima edición de nuestro Boletín sobre Personal sanitario, condiciones y medio ambiente de trabajo en Venezuela, se documenta el monitoreo realizado en enero, mes en el que se registró un ascenso en los casos y muertes por COVID-19, de acuerdo a la información oficial. Mientras que en el mes de diciembre hubo al menos 11.168 casos, en enero se reportaron al menos 13.369 casos.
En enero se produjo un aumento en las muertes del personal médico, con lamentablemente 37 fallecidos, para un total de al menos 332 trabajadores sanitarios fallecidos. Tal situación sigue mostrando la vulnerabilidad del personal del sector salud y que las medidas adoptadas siguen siendo muy insuficientes para evitar la pérdida de vidas.
Reiteramos la gran preocupación y hacemos, una vez más, un llamamiento al gobierno de Nicolás Maduro a la atención oportuna, inmediata y eficaz de la gravísima situación sanitaria del país. Recordando que antes de la declaración de pandemia, Venezuela atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene como una de sus características más notables, una crisis en el sector salud en todas sus dimensiones.
Es urgente el reajuste de medidas de protección a los trabajadores de la salud y el cumplimiento efectivo de la legislación, como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).
Dificultades en acceder a las vacunas para Venezuela
Es probable que Venezuela no pueda acceder a las vacunas contra COVID-19 que ofrecerá gratis la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El gobierno de Maduro ha expresado su interés en adquirir estas vacunas, a través del mecanismo COVAX (Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19), pero los plazos vencieron. Si el período de vencimiento no hubiese expirado, se debe pagar por ello, pero hay una razón de mayor peso: Venezuela no es considerada una de las diez naciones de escasos recursos de las Américas que las recibirán sin pago, señaló Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.
“Hay negociaciones para poder acceder a otros mecanismos y por otras vías para que Venezuela pueda tener acceso”, dijo Ugarte.
Decisiones políticas que generan desigualdades
Un asunto que generó polémica fue el envío de 20.000 pies cúbicos de oxígeno que realizó el gobierno de Nicolás Maduro en respuesta a una solicitud de ayuda. Jorge Arreaza, canciller del gobierno ilegítimo, anunció que se establecerá un convenio para enviar cada siete días, por los menos cinco gandolas con oxígeno a la región brasileña de Manaos, “lograr salvar vida gracias a ese oxígeno y paliar una situación tan compleja es lo que caracteriza la solidaridad cuando es verdadera y ese es el trabajo”.
La región de Manaos sufrió un colapso en diciembre por el aumento de casos y registró una demanda de consumo de oxígeno para pacientes con deficiencias cardíacas. La cooperación internacional y ayuda humanitaria es un gesto de solidaridad entre naciones hermanas, sin embargo, la priorización de necesidades debe estar dirigida, socia y políticamente, a los ciudadanos venezolanos que presentan graves carencias en los centros hospitalarios del país. Se desconoce los acuerdos de dicho convenio, la procedencia del oxígeno, las empresas implicadas en dicha negociación y muchos otros aspectos, que promueven la corrupción y, por consiguiente, la violación del derecho a la vida y la salud de los más necesitados en el país.
Reivindicamos la cooperación internacional ante la situación de pandemia mundial y en ese sentido la organización Mundial de la Salud ha exhortado a los países a practicarla. Esa cooperación debe ser sin motivaciones políticas y mucho menos ser usada con fines proselitistas. Tampoco debe conllevar a agudizar o generar deficiencias en el país que brinda la solidaridad.
Es pertinente la voluntad política para el tratamiento oportuno de problemáticas vinculadas a los derechos humanos, así como un ajuste de políticas que prioricen a la ciudadanía y, por otro lado, la rendición de cuentas y contraloría social de los recursos materiales y presupuestarios. El personal sanitario se enfrenta, día a día, a una de las crisis más cruentas de la región con un gobierno promotor y ejecutor de masivas violaciones a los derechos humanos.
Precariedades a la orden del día
La solicitud de equipos de protección e insumos ha sido una de las constantes del personal sanitario durante la pandemia. Las carencias de condiciones de trabajo dignas para el personal de salud ha sido la gran política de la gestión de Maduro: escasez de gasolina, crisis de servicios públicos en centros de salud, falta de transporte público, insuficiencia de tratamientos y equipos, entre otros aspectos.
Tal es el caso de personal de enfermería que labora en el hospital Dr. Luis Gómez López, ubicado en Barquisimeto, estado Lara, los cuales no cuentan con el mínimo requerido de material de bioseguridad para prestar atención a los enfermos y prevenir el COVID-19 u otras enfermedades.
La presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Lara, Elda Jiménez, señaló que “luego de haber fallecido 12 pacientes que estaban hospitalizados en ese centro de salud, llegaron los resultados confirmando la patología de COVID-19. Estos pacientes estuvieron a cargo del personal de enfermería y no pudieron protegerse, pese a haber hecho la solicitud a la Dirección de este hospital de que los proveyeran de equipos e implementos de seguridad”
Asimismo, trabajadores del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, las condiciones infrahumanas en las que deben descansar cuando les toca guardia en el principal centro de salud del estado Anzoátegui: cuartos de descanso sin aires acondicionados, tuberías dañadas y falta de higiene, en medio de una situación crítica de pandemia.
En cuanto al servicio de transporte, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Sutivss) en Lara, denunció que el gobierno regional pretende suspender el transporte gratuito que prestaba servicio desde marzo 2020 al personal sanitario. Dicha medida afectará al personal de al menos siete instituciones, entre los que se incluyen el hospital Central Antonio María Pineda y el hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, los principales centros de salud del estado que atienden pacientes de otras regiones, precisó Domínguez.
Alberto Domínguez, presidente del Sutivss resaltó que “La mayoría de
los trabajadores viven a cinco o diez kilómetros de distancia de los centros de salud y no tienen cómo trasladarse a estos lugares. A esto se le suma que les cambian de manera unilateral e inconsulta los horarios para cubrir los baches por el déficit de personal que ronda el 65 %”7.
«Lea también: COVID-19: 6to Informe Condiciones de trabajo Sector salud en Venezuela, noviembre 2020»
A través de estos informes mensuales queremos contribuir a visibilizar las condiciones en que laboran las personas en el sector de la salud pública en Venezuela. Y también, hacer un llamado de ayuda y acción a las autoridades en sus distintos niveles de responsabilidad nacional, estatal y municipal como de las agencias internacionales que vienen prestando ayuda humanitaria en Venezuela.
Desde Provea, expresamos nuestra fuerza y palabras de condolencias a todo el personal de salud que está librando la batalla por la vida en Venezuela, especialmente bajo condiciones tan difíciles, también a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Enviamos nuestro reconocimiento porque realizan día a día su labor, a pesar de las situaciones económicas y sociales, y los riesgos a los que se exponen por dar atención a la población afectada por la COVID-19.
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