ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
En materia de seguridad ciudadana el gobierno de Maduro se ha caracterizado por tres aspectos fundamentales: la política de mano dura lo cual se traduce en graves violaciones a los derechos humanos; el afianzamiento de la militarización de las policías y las labores de seguridad ciudadana y finalmente, la improvisación.
En 2015 Maduro lanzó los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) . Una acción gubernamental que se tradujo en uno de los momentos más dramáticos en materia de derechos humanos en Venezuela, con violaciones las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Detenciones masivas arbitrarias, miles de allanamientos violentos sin orden judicial con destrucción de bienes y robo de pertenencias de las familias, ejecuciones extra judiciales, desaparición forzada y torturas. A ello, hay que sumar deportaciones masivas, miles de desalojos forzados y una medida nunca antes vista en el país, en el contexto de operativos de seguridad ciudadana: la demolición de viviendas. Cerca de mil familias resultaron afectadas por la demolición de viviendas, muchas de ellas de dos y tres pisos construidas con años de ahorros y esfuerzos.
Esos operativos de seguridad llevaron a niveles extremos la violencia institucional policial y militar, y produjeron mucho sufrimiento a las zonas pobres de Venezuela. Se caracterizaron por ser operativos donde participaban policías de distintos organismos junto a militares, no solo de la Guardia Nacional Bolivariana, sino también del ejército y en algunos estados la Armada, donde las victimas en su gran mayoría fueron jóvenes.
Unos de los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las OLP fue la masacre de Barlovento , con la detención, desaparición, tortura y asesinato de 12 personas, acción realizada por el ejército.
Las OLP las eliminaron progresivamente en el 2017 sin anuncio público, sin balance, pero muchos funcionarios, incluyendo dos ministros del interior, acumularon un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos.
En marzo de 2017 Maduró lanzó la llamada Gran Misión Justicia Socialista, en la cual se prometió una política de seguridad ciudadana, que aparentemente desarrollaría lo preventivo, con operativos de seguridad. Se estimuló la llamada inteligencia social, que no es otra cosa en querer convertir a personas de las comunidades en informantes de la policía. Se planteó fortalecer la acción de la Guardia Nacional, a través del denominado Plan Patria Segura reforzando la militarización y en ese contexto surgieron y se consolidaron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Dicho cuerpo élite de la PNB se transformó en un escuadrón de la muerte, que continuó junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), produciendo terror a las zonas pobres con los homicidios, principalmente a los jóvenes, llevando luto a miles de familias.
Al igual que las OLP, sin que se haya presentado un balance de los aciertos y errores de los resultados logrados, en 2019 quedó eliminada. Así, en diciembre de ese año fue sustituida por la Gran Misión Cuadrantes de Paz, que a su vez, eliminó la histórica Misión a Toda Vida Venezuela.
En el marco de esta Misión siguieron actuando las Faes. Se volvieron a repetir buena parte de los objetivos de la Misión Justicia Socialista y se acentuó el criterio de involucrar, cada vez más, a la población en labores de seguridad ciudadana. El énfasis principal está en la organización sectorial y territorial de las políticas integrales de seguridad ciudadana. Los cuadrantes afianzan la militarización de las labores de seguridad ciudadana, fortalecen el concepto de enemigo interno, refuerzan una visión de la seguridad, no para el ciudadano, sino para el Estado con una orientación claramente discriminatoria por razones políticas, donde quien piense diferente a Maduro y su cúpula pasa a ser objeto de vigilancia y de llegar a ser el caso, objetivo militar o policial, entiéndase, violar el derecho a la libertad e incluso el derecho a la vida de la persona señalada.
Aunque en toda la acción de seguridad durante la gestión de Maduro sobresalen las improvisaciones, ella sí tiene un hilo conductor: la filosofía del enemigo interno donde prevalecen los intereses del Estado, por encima de los derechos de las personas.
Desde diciembre de 2020 se trabaja en un maquillaje de la Policía Nacional Bolivariana, donde entre otros aspectos, se plantea eliminar, sin anuncio, a las Faes y sustituirlas por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), con los mismos integrantes de ese escuadrón de la muerte. Nada bueno se puede esperar en materia de derechos humanos con esa anunciada reestructuración.
Para Maduro y su cúpula la seguridad es esencialmente represión. La prevención es un adorno en los planes, para aparentar ser integrales y acordes con el marco constitucional.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
