ACERCA DEL AUTOR:
José Gregorio Afonso
Profesor universitario, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)
Gregorio Afonso | Si algo es requerido en medio de una Pandemia, como la que protagoniza en el 2020 el COVID-19, es que los Estados por difícil y dura que pueda ser la verdad, sean transparente en la información que suministran a la sociedad.
La gestión de las políticas públicas durante la Pandemia demanda información veraz, que permita dimensionar con acierto la magnitud del problema. De ella depende, tomar decisiones en materia de políticas públicas para atenderla, favorecer la cooperación internacional y elevar la conciencia ciudadana que promueva la corresponsabilidad social.
Los regímenes autoritarios se denominen de derecha o izquierda son esquivos a la verdad, su norte es imponer la narrativa del poder sobre lo que ocurre y ocurrirá, así esta no coincida con la realidad. El mundo conoció el uso de la propaganda sobre la información con Goebebels en tiempos del fascismo Alemán, se trataba de las mentiras del totalitarismo de derecha. Luego, esta práctica fue protagonizada por la Unión Soviética, un totalitarismo de izquierda que en la tragedia de Chernobyl y en el doping a los atletas olímpicos entre tantos episodios más, hizo teoría las hipótesis que vinculan al totalitarismo con la mentira como política de Estado.
Ambos regímenes, el fascismo Alemán y el Comunismo Soviético son del siglo XX, en el siglo que vivimos (el XXI) son otros, que con las diferencias propias de vivir en un contexto geopolítico distinto y en medio de la Revolución de la Información, reiteran que en los autoritarismos la gran ausente es la verdad, ella no es el pivote de la información oficial si esta no contribuye con sus propósitos hegemónicos.
En estas notas centradas en la relación Pandemia, Autoritarismo y Verdad, ocupa nuestra atención el caso del régimen Chino y la dictadura Venezolana. El primero, porque es allí donde surge el COVID-19 y hay indicios que permitirían pensar que el Estado Chino es poco transparente en el manejo de la información oficial sobre la Pandemia y el segundo, el Venezolano, porque la información sobre la gestión del COVID-19 que transmite diariamente, al menos, admite algunas interrogantes sobre su veracidad y sostenibilidad, dada la situación de emergencia humanitaria compleja que vive el país.
El examen de la gestión del COVID-19 en China y en Venezuela permite, al menos, asomar como hipótesis, muy probablemente valida, que la verdad no es un atributo que determine la información que ofrecen las autoridades sobre el comportamiento de la Pandemia en esos países. Dicho de otro modo, existen diversas razones que justifican este supuesto.
La primera de las razones que fundan la hipótesis sobre la opacidad y manipulación de la información de parte del Estado Chino y el Venezolano, descansa en los antecedentes vinculados a la gestión de las comunicaciones en ambas naciones.
El mundo ha sido testigo como el régimen Chino por décadas ha sido un feroz represor de la libertad de expresión, basta recordar, entre muchos y cotidianos episodios, la censura a lo ocurrido en la Plaza Tianamén en 1989; la restricciones al uso de las redes sociales y la comunicación electrónica a través del espionaje, la persecución y cárcel a ciudadanos que expresan su opinión sobre la realidad que viven y más recientemente, su gestión ante la aparición del Síndrome Agudo Respiratorio Grave (SARS) en el 2002, el cual causo más de 700 muertes y superó los 8.000 contagiados.
En el caso Venezolano, son innumerables los informes validados por organismos internacionales de derechos humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa , en los que se advierte sobre las restricciones al derecho de libertad de expresión e información de calidad que padecen los venezolanos con la dictadura de Nicolás Maduro. Esto alcanzó situaciones impensables en un Estado moderno, como es la inexistencia de la obligatoria y elemental información epidemiológica que debe orientar las políticas públicas en materia de salud.
La segunda razón que fundamenta la débil credibilidad a las informaciones oficiales en regímenes autoritarios, se refiere a la gestión del Estado Chino en los inicios del COVID-19, son varias las voces que advierten que este actuó tarde en establecer el cerco epidemiológico y atender el virus en la provincia de Hubei y especialmente en la ciudad de Wuhan. Las medidas orientadas a garantizar el aislamiento preventivo en esa provincia se anunciaron el 23 de enero del 2020, cuando desde mediados de diciembre del año 2019 ya habían aparecido los primeros casos. Las versiones oficiales iniciales indicaron que se trataba de un brote de neumonía fueron desacertadas y se orientaban más a generar una sensación de control de la situación, sin valorar correctamente las consecuencias que el incipiente brote del virus desencadenaría.
Si bien es cierto, como ya ha sido harto conocido por el mundo, la prevención del COVID-19 es muy compleja porque puede transmitirlo personas asintomáticas poseedoras del virus en fase de incubación, también es cierto que un brote de neumonía como el ocurrido en Wuhan en diciembre del año 2019, debió ser atendido en forma más diligente, particularmente en China, un país con antecedentes recientes en el padecimientos de enfermedades virales de tipo respiratorio como fue el caso del SARS y probablemente con la existencia de una prensa libre, las alarmas pudieron activarse en forma más temprana.
Actualmente el régimen Chino, informa que la propagación del COVID-19 en la provincia de Hubei parece estar controlada. La ralentización del ritmo de contagios es notable, al punto que por vez primera se reportó un día con cero (0) nuevos casos. De pronto estas informaciones actualmente alcanzan mayor credibilidad que las emitidas por las autoridades del gobierno central y de la provincia de Hubei cuando apareció el virus, dado que actualmente los ojos del mundo y particularmente de la Organización Mundial de la Salud están permanentemente enfocados en ver la evolución de la Pandemia en los 177 países en los cuales se han reportado casos y lógicamente, en el lugar considerado el epicentro del COVID-19.
Sin embargo, las noticias positivas que vienen de la China no pueden verse desprovistas de consideraciones críticas sobre el comportamiento del régimen de ese país y sus pretensiones de reactivar su dinámica económica para recuperar su papel dominante en la economía mundial y sus aspiraciones de vender su gestión del COVID-19 como exitosa y en consecuencia, obtener réditos políticos y geopolíticos, al final, no ha cesado la lucha con Estado Unidos por la primacía como potencia mundial.
La actuación de la dictadura Venezolana ante el COVID-19 también, como el caso Chino, genera dudas razonables sobre la veracidad de las informaciones oficiales respecto a la gestión del COVID-19. Más allá de la probada práctica del régimen de jerarquizar la propaganda sobre la información, como es propio en los autoritarismos. El examen objetivo de las condiciones en las que vive la mayoría de la población, la realidad de los servicios públicos, el estado en que se encuentra el sistema de salud y la escasa credibilidad de la vocería oficial dan espacio para, cuando menos, ver con reserva la eficiencia de la actuación del Estado Venezolano.
Transcurrido ya el tiempo de incubación hasta ahora conocido sobre el COVID-19 dado que el primer contagio se anunció el 13 de marzo, es posible preguntarse sobre si las cifras sobre contagiados y ritmo de contagio son totalmente ciertas. No se trata de promover interrogantes con fines conspirativos, en lo absoluto, menos aún para la propaganda política. Son interrogantes que resultan de observar lo que ocurre en el país y sorprenderse con el discurso oficial reiterado en sus medios de comunicación, en los cuales se jerarquizan las noticias positivas sobre la gestión del COVID-19 y se coloca al Estado venezolano como una suerte de ejemplo mundial.
Ciertamente las cifras totales y el ritmo de contagio para el 31 de marzo son de las más bajas del mundo, se trata de 135 casos y tres fallecidos, ojalá por el bien de todos que esto sea así, que no obedezca a déficits en el ritmo diario de pruebas diagnósticas o a esfuerzos propagandísticos. No es nuestra intención generar debates sobre las cifras oficiales, porque es el Estado quien centraliza los protocolos de diagnóstico, pero lo que si resulta inevitable es tener dudas sobre si es viable sostener esas cifras y el ritmo de contagio hasta ahora conocido en Venezuela
Las dudas sobre la sostenibilidad el ritmo de contagio descansan en las siguientes consideraciones: a) Las dificultades de la familia venezolana de sostener el aislamiento, más allá de sus niveles de conciencia y el papel de las fuerzas armadas y policiales en esa dirección, esta no cuenta con posibilidades de ahorro para realizar las compras del hogar para determinados períodos, ella sobrevive al día b) la persistencia de las deficiencias de los servicios públicos, se mantiene las interrupciones del servicio eléctrico y más grave aún, la precariedad en el suministro de agua potable c) El estado de los hospitales públicos sigue presentando importantes déficits de dotación de insumos para atender la Pandemia y d) La censura y represión contra la prensa no se ha detenido, con lo cual se hace hegemónica la narrativa del poder.
Como el interés de cada reflexión que hacemos es aportar en la dirección de obtener los mejores resultados para nuestro país, insistimos que en favor de la verdad debe cesar la censura y represión contra medios de comunicación y periodistas, al mismo tiempo, que sería conveniente que la vocería oficial se funde en informes técnicos diarios, derivados de un Consejo especializado de seguimiento de la Pandemia, integrado por destacados venezolanos, más allá de la esfera gubernamental, conocedores del tema, que le concedan a las informaciones credibilidad. De igual modo, debe facilitarse el libre acceso de los medios de comunicación a las fuentes oficiales. La transparencia no es enemiga de la gestión eficiente del COVID-19, al contrario, la optimiza.
ACERCA DEL AUTOR:
José Gregorio Afonso
Profesor universitario, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)