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Calixto Ávila

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.

Desde 2020, el gobierno de Maduro ha impulsado el llamado “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU” reuniendo a sus aliados más cercanos con el objetivo de bloquear todo mecanismo de investigación en el Consejo de Derechos Humanos y para reducir esta instancia, y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a cumplir meras funciones de asistencia técnica siempre con “la aquiescencia del Estado concernido”. Ese grupo pretende que los derechos humanos sean un asunto interno de los Estados, y para ello selecciona, manipula y esgrime, sin pudor alguno, los principios de la Carta de la ONU especialmente el principio de no injerencia en asuntos internos y la igualdad soberana de los Estados.

Inicialmente conformado por Bolivia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Siria, Rusia y Venezuela, hoy en ese grupo se agavillan veinte gobiernos caracterizados por su autoritarismo y que son responsables de graves violaciones los derechos humanos, en particular por la persecución a las disidencias, a la libertad de opinión y expresión, incluida la libre orientación sexual.

Siete de ellos, criminalizan en sus leyes a la población LGBTIQ+ con penas que van desde la pena de muerte hasta varios años de prisión. Encabeza la lista Irán que prevé la pena de muerte para las relaciones homosexuales; Palestina que impone hasta 10 años de prisión a las relaciones homosexuales entre hombres; Eritrea, Argelia y Siria con penas de hasta 3 años de prisión por relaciones homosexuales entre hombres y mujeres; San Vicente y las Granadinas que castiga hasta con 10 años las relaciones homosexuales entre hombres y mujeres; Zimbabue con hasta un año de prisión y multa por relaciones homosexuales entre hombres.

Especial mención merecen Rusia, con la reciente adopción de una draconiana ley anti-gay en diciembre pasado; Corea del Norte, una dictadura que controla la información, con leyes sobre decencia y obscenidad, agencias de noticias oficiales que denigran a la población LGBTIQ+ y en donde no se conoce si existen organizaciones LGBTIQ+; y Malí, un Estado que no protege a la población LGBTIQ+ ante una sociedad radicalizada religiosamente y que en un 98% rechaza a esta población que debe vivir oculta.

Para tener un panorama sobre los veinte miembros de ese grupo podemos ver su ubicación de acuerdo al Índice de Igualdad Mundial, que combina el Índice Legal (califica los derechos y libertades legales que tienen las personas LGBTQ+), y el Índice de Opinión Pública (califica cómo se siente el público en general en cada región).

Sobre 197 países, siendo Irán el peor ubicado:

Irán190
Palestina187
República Popular Democrática de Corea186
Eritrea183
Argelia164
San Vicente y las Granadinas159
Zimbabue155
Siria147
Rusia132
Bielorrusia128
Malí121
China91
Camboya89
Nicaragua76
Guinea Ecuatorial69
Venezuela68
Laos65
Bolivia50
Angola43
Cuba15

No es por azar que la mayoría de este “Grupo de Amigos” coincide en políticas y acciones homófobas, como tampoco es coincidencia que se caractericen por graves violaciones a los derechos humanos que pueden incluir crímenes de guerra y contra la humanidad. Por algo los reúne el objetivo común de bloquear los mecanismos internacionales de investigación de graves violaciones de derechos humanos pues el ejercicio autoritario del poder bajo sus jurisdicciones necesariamente lleva a esas violaciones.

La reciente detención arbitraria y judicialización de 33 hombres en Venezuela por ser homosexuales, coincide con el patrón criminalizador de la población LGBTIQ+ que caracteriza a la mayoría de los miembros de ese grupo. En efecto, evitando toda perturbación sónica entre ellos, actúan en armonía para criminalizar las diversidades y para evadir las investigaciones internacionales sobre violaciones a derechos humanos.

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Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.