Rafael Venegas |​​ Una ola de protestas cierra la semana que concluyó el domingo 27 de septiembre y la que apenas comienza anuncia su continuidad, extensión y profundización. Con un dilatado preámbulo de manifestaciones populares registrado en Maracaibo y otras ciudades del Zulia una semana antes, en respuesta a largos días de apagones y carencias de servicios básicos, el epicentro de las protestas se situó en el estado Yaracuy, donde más de siete municipios fueron escenarios de movilizaciones simultáneas de diversas magnitudes, todas ellas inicialmente pacíficas, tornadas luego en manifestaciones violentas como consecuencia de la brutal represión de que han sido objeto.

Teniendo como detonante inicial el reclamo por la escasez de gasolina, los abusos y la especulación con sus precios; la demanda de gas doméstico carente por semanas y meses; la falta del servicio de agua en medio de una pandemia que la hace imprescindible; las exigencias salariales de los docentes y el clima de incertidumbre que rodea el inicio del año escolar; la protesta frente a la carestía de los productos de la dieta básica; entre muchas otras razones, cada lucha se ha convertido en la ocasión para expresar el descontento acumulado frente a la tragedia nacional que destruye al País y nos hunde a todos en la pobreza y el hambre.

Este movimiento de protesta, básicamente espontáneo, ha adquirido dimensiones nacionales. Solo el día viernes 26 del corriente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 47 manifestaciones en 17 estados del País, más de 80 en 48 horas. El lunes 28, la ola de protestas alcanzó 19 estados, con más de 60 manifestaciones populares y Nueva Esparta como núcleo principal del conflicto. Esto configura una tendencia nacional que preludia una suerte de estado de rebelión popular, cívica, sí; pacífica, sin duda; pero firme y contundente por parte de un pueblo agobiado por las inclemencias de la crisis. De acuerdo con todas las encuestas, el 84% de nuestros compatriotas está descontento y demanda cambios. Tal descontento se ha hecho manifiesto y se ha transformado en indignación frente a tanto atropello.

Si la OIT y otros organismos internacionales han señalado que todo ingreso menor a dos dólares diarios representa un salario de subsistencia, los nuestros constituyen ingresos míseros que nos sitúan en la escala de la supervivencia y la pobreza extrema

El telón de fondo de esta situación es una nueva escalada en el precio del dólar, consecuencia directa de la tendencia hiperinflacionaria de nuestra economía y de la devaluación continuada del Bolívar. Esto ha catapultado de nuevo los precios de todos los bienes y servicios y ha profundizado el proceso de destrucción del salario y los ingresos de la familia venezolana. Hoy, el salario mínimo y el monto de las pensiones se han colocado por debajo de un dólar mensual. Si la OIT y otros organismos internacionales han señalado que todo ingreso menor a dos dólares diarios representa un salario de subsistencia, los nuestros constituyen ingresos míseros que nos sitúan en la escala de la supervivencia y la pobreza extrema.

A lo anterior debemos agregar el estado catastrófico de los servicios públicos. La dolarización de los precios de la gasolina y la grave escasez que se reedita, han disparado las tarifas del transporte público, cada vez más ineficiente, insuficiente y caro. Las deficiencias del sistema eléctrico han convertido los apagones recurrentes en una calamidad nacional. El gas doméstico brilla por su ausencia y, como todos los bienes y servicios que escasean, adquirirlo representa una odisea bajo un clima de especulación y abusos. La crisis de los sistemas de salud y educación son verdaderos males crónicos, agravados por el encarecimiento de sus costos y por la deserción masiva de personal profesional, que ha ido a engrosar la diáspora de compatriotas regados por el mundo. El 60% de los hogares no cuenta con servicio regular de agua potable y pare usted de contar.

Este caos se ha convertido en un verdadero desafío a la paciencia de nuestra gente y la respuesta es esta oleada de protestas, frente a la cual la dictadura no tiene otro argumento que la represión. En efecto, confirmando las conclusiones establecidas en el informe presentado por la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela y la Actualización oral expuesta por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la brutal represión desatada con el propósito de sofocar las manifestaciones populares se inscribe dentro del marco de una política sistemática y continuada de violaciones masivas de los derechos humanos y de comisión de crímenes de lesa humanidad. La otra cara de esa política es precisamente el empobrecimiento generalizado y el hambre, la malnutrición y desnutrición, especialmente de la población infantil y demás grupos vulnerables.

No nos atrevemos a vaticinar cuál será el desenlace inmediato de este movimiento, que en sí mismo encierra grandes potencialidades y altos riesgos. La ausencia de una vanguardia que articule las luchas, le dé direccionalidad política y rumbo estratégico, constituye su mayor debilidad. En tales condiciones, lo que hoy parece el preludio de un estallido social de grandes proporciones es posible que merme, ahogado por la represión o desgastado en la repetición sin logros tangibles en sus reclamos concretos. No obstante, el descontento popular y la demanda de cambio seguirán creciendo, el movimiento seguirá acumulando fuerza y experiencia, levantando su voz en reclamo de justicia; emplazando a un régimen ya agotado, que es el principal responsable de la crisis y el principal obstáculo para su superación. Pero también al liderazgo opositor, que marcha divorciado de esta realidad y que ha sido incapaz de diseñar una política que permita superar las debilidades reseñadas.

Abocarnos a articular esa vanguardia, a darle direccionalidad política al descontento popular y a transformarlo en un torrente de fuerzas en condiciones de abrir las compuertas a los cambios, es la responsabilidad que nos impone el sacrificio de un pueblo que hoy desafía a la dictadura en las calles.

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Perfil del autor:

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.