Las universidades venezolanas no necesitan una nueva Ley │ PROVEA

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José Gregorio Afonso

Profesor universitario, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)

La crisis actual de las universidades venezolanas no necesita una nueva ley para superarla, lo que requiere es que el Estado venezolano respete su autonomía; presupuesto justo para funcionar; un sistema de becas, comedores y transporte para sus estudiantes; salarios dignos para su personal y cese al saqueo de sus instalaciones.

Todos los universitarios reconocen que la Ley de Universidades vigente en Venezuela debería ser sustituida por otra que considere nuevos factores que determinan la vida académica de las instituciones de educación superior en siglo XXI, como podrían ser: la internacionalización y la movilidad; el desarrollo de la tecnologías de información y comunicación; la diversidad de modalidades educativas y la autonomía, financiación y evaluación de la educación superior. Sin embargo, tristemente la ruina de sus campus y la Emergencia Humanitaria que viven sus comunidades, como producto de 20 años de hostilidad por parte de la “Revolución Bolivariana”, convierten estos temas en asuntos lejanos ante la necesidad de sobrevivir.

Los universitarios nunca han eludido el debate sobre la necesidad de una nueva legislación universitaria. En los últimos diez años la Asociación Venezolana de Rectores, la Asamblea de Educación y Aula Abierta han presentado propuestas de Ley de Universidades; pero estas pese a ser proyectos de ley de vanguardia, frente al contexto de precariedad del aquí y el ahora de la educación superior en el país serían inaplicables, porque, primero, hay que atender los graves problemas de las universidades.

Es lógico que una Ley de Universidades en Venezuela este en consonancia con la realidad actual de la educación superior, la cual presenta significativos cambios con respecto a la que dio origen a la ley vigente en 1970. No obstante, el problema es que la vida de las universidades públicas con la Revolución Bolivariana, en especial, del año 2013 a la fecha no muestra evolución alguna, al contrario, sus instituciones son condenadas a existir en condiciones impensables, muy distantes de las tendencias actuales de la educación superior en el mundo.

Ni siquiera en contextos dictatoriales en América Latina, las universidades han visto un proceso de desinstitucionalización tan severo impuesto por los poderes públicos de facto como el que viven las instituciones de educación superior venezolanas. Pese a que estas son instituciones asociadas al progreso, el Estado les impone condiciones que la conducen a la involución permanente. Por ejemplo:

Desde el poder, han sido sistemáticas y permanentes las decisiones orientadas a convertirlas en instituciones sin autonomía, dominadas por el dogma y desprovistas de su expresión crítica. Asuntos que la universidad laica y republicana venezolana superó hace siglos. Recientemente, en medio de la pandemia, las imposición por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) del Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación Universitaria (SESA); el Reglamento de Educación Multimodal y la designación de algunas autoridades universitarias encargadas sin consultar a sus comunidades son ejemplos indiscutibles de desconocimiento de la autonomía.
A las universidades se les despojó de su autonomía financiera. No cuentan con presupuesto para planear su vida académica. El Estado mensualmente le envía a las universidades un formato denominado “Maqueta Presupuestaria”. Por medio del cual, estas se solicitan los recursos para continuar. Se les impone la tristemente célebre frase: “Como vaya yendo vamos viendo”. Su función solo es comparable con el oxígeno en una sala de cuidados intensivos. Además de marzo del 2021, ya ni siquiera pagan las nóminas de sus trabajadores pues esto ocurre en forma centralizada a través del denominado “Sistema Patria”.
A su personal se le somete a condiciones laborales que les condena a la pobreza extrema y la miseria. El Estado venezolano a través del control de los poderes públicos ha dejado al trabajador universitario al margen de una de las conquistas más importantes de la sociedad moderna: El ordenamiento jurídico nacional e internacional que protege a los trabajadores. Recientemente en junio de 2021, impuso, sin la representación mayoritaria de los profesores, empleados y obreros, una nueva Convención Colectiva (IV) que no cambia en nada la miseria de los trabajadores de las universidades, la cual quedo nuevamente al desnudo con el caso en Mérida del profesor Pedro José Salinas y su esposa.
A sus estudiantes se les despojó de uno de los logros más relevantes de la transición a la democracia en Venezuela, como lo fue el sistema de protección al estudiante, cuya pionera fue la UCV en 1936 con la creación de la Organización de Bienestar Estudiantil. Un sistema que, como producto del conflicto universitario de 1987, se potenció con la poderosa figura presupuestaria denominada: Providencias Estudiantiles. En la actualidad no hay presupuesto para becas, comedores, transporte, residencias, todo eso es un recuerdo lejano de lo que en un tiempo existió.
Sus campus viven a diario el saqueo a sus instalaciones. La ocurrencia de actos vandálicos contra sus localidades es cotidiana. En la Universidad Central de Venezuela solo un instituto, ha llegado a ser víctima del hampa en 79 ocasiones durante los últimos cuatro años.

De modo que en ese contexto de involución de las universidades: ¿qué utilidad tiene una nueva ley? ¿Es un trapo rojo para ocultar su crisis? ¿Es una oportunidad para legitimar el control absoluto de las instituciones por parte del gobierno aprovechándose de la debilidad que provoca la crisis institucional actual? La respuesta a todas esas interrogantes es: si, eso es. La calamidad que viven las instituciones universitarias convierte en imposible la tarea de regular o evaluar su desempeño. El impulso de una nueva Ley con el auspicio de la mayoría de las universidades agrupadas en la denominada Asociación Bolivariana de Rectores (ARBOL) es una suerte de ofensiva política promovida por el régimen, en la que el objetivo no es la calidad de la educación universitaria, sino asumir el control pleno de las universidades autónomas.

Ante las pretensiones del gobierno vía CNU y la Asamblea Nacional electa el 2020 de redactar una nueva ley expresadas públicamente en el 2021 por el ministro Trómpiz y Jorge Rodríguez y retomada en 2022 por la Ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, la Secretaria Permanente del CNU, profesora Yadira Córdova y el diputado Ricardo Sánchez : ¿qué se puede y debe hacer? Los universitarios unitariamente y convocando a la sociedad deben activar y movilizar a la universidad venezolana con una política clara y de tipo nacional.

El centro de esa política debe ser, de un lado, mostrar en todos los espacios, la inutilidad de una nueva Ley de Universidades y de un sistema de evaluación y acreditación institucional manteniendo a las universidades en ruinas y a los universitarios empobrecidos, y de otro, presentar plan de emergencia que permita salvar a las instituciones de educación superior para impulsar la denuncia y la movilización.

Es definitivo: El problema a superar no es exclusiva ni prioritariamente el eventual rezago de la legislación universitaria. De nada sirve una nueva Ley de universidades con la actual política universitaria que niega la autonomía, desaparece el presupuesto, condena a los trabajadores a la miseria y deja sin apoyo a los estudiantes que más lo necesitan.