ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
La primera semana de noviembre ocurrieron dos hechos que involucran a estudiantes de dos universidades. Una pública, la Universidad Central de Venezuela, la otra privada, la Universidad Católica Andrés Bello.
Los estudiantes de la UCV liderados por la Federación de Centros Universitarios repudiaron la presencia policial en las instalaciones universitarias. Policías uniformados realizando operativos dentro del campus como lo hacen en las calles y avenidas intimidando y abusando de la autoridad.
Desde hace unos diez años se fue normalizando que policías y militares transiten por las calles y pasillos de la universidad. Y en tiempos más recientes que realicen operativos.
Pero acá estamos describiendo a los policías uniformados. Es que también se han visto funcionarios de cuerpos de inteligencia identificados por miembros de la comunidad ya sea porque son vecinos o los han visto en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar o el Servicio Bolivariano de Inteligencia.
La presencia policial en sus diversas formas pareciera extenderse y consolidarse en las áreas de la UCV y pudiese ampliar a todas las universidades autónomas sin no se continúan alzando voces de rechazo.
Ciertamente, en algunas oportunidades integrantes de la comunidad universitaria han justificado y hasta aplaudido la presencia policial ante el auge de la delincuencia. Pero se cambia un riesgo por otro. En un país donde se perpetran crímenes de lesa humanidad la actuación policial genera riesgo de arbitrariedades y abuso.
Si el gobierno otorgara a la Universidad presupuesto suficiente se pudiera adoptar medidas más efectivas para garantizar seguridad y en coordinación con las autoridades municipales y nacionales establecer planes preventivos.
En otras circunstancias, pero igual rechazando acciones del autoritarismo, estudiantes de los núcleos Caracas y Guayana de la Universidad Católica expresaron su desacuerdo con la presencia en el campus universitario de Nicolás Maduro Guerra a quien, según los estudiantes, es “representante del totalitarismo, la violencia y la militarización”.
En su pronunciamiento señalan además que, aunque la UCAB es un “espacio libre, abierto y plural”, para la comunidad estudiantil” es inaceptable tolerar la intromisión del representante de un régimen que censura, persigue y tortura estudiantes” como John Álvarez estudiante de la UCV sometido a torturas por funcionarios de la Dirección de Acciones Tácticas y Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana.
Las dos acciones tienen en común que los estudiantes alzaron la voz contra el autoritarismo.
Una muestra de la rebeldía de la juventud venezolana que no se intimida a pesar de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por quienes detentan el poder.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
