Alejandro Álvarez | En Venezuela la Constitución de 1999 recogió una importante aspiración de los ambientalistas venezolanos de reconocer como derecho ciudadano la existencia de condiciones ambientales adecuadas que permitan una vida digna para todos los ciudadanos del país, así como a establecer como obligación del Estado adoptar medidas apropiadas dirigidas a lograr la plena efectividad de este derecho.

La idea que impulsó este derecho constitucional fue la convicción de que todos los seres humanos dependemos, en todos los aspectos de nuestra vida, de la existencia de un ambiente sano y así como de las contribuciones de la naturaleza a las sociedades humanas.

Igualmente, es claro que un ambiente seguro, sano y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una gran variedad de derechos humanos; entre otros, los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. Asimismo, el disfrute pleno de los derechos humanos es condición para una adecuada protección ambiental.

Fundamentado en estos principios, la Constitución de 1999 en su artículo 127 determina que: “…Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado…”.

En el mismo artículo, este derecho se complementa con tres mandatos al Estado: Proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean protegidas; y promover la participación social en la gestión ambiental.

El país recibió con mucho beneplácito estos preceptos constitucionales. Venezuela había sido pionero en temas de gestión ambiental desde finales de los años 70 y contaba para el momento de la aprobación de la nueva Constitución con un marco legal y una estructura institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, así como en la gestión de los recursos ambientales. Asimismo, para ese período en Venezuela existían una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil que realizaban proyectos de conservación e incidencia política en una variedad de temas ambientales y regiones del país.

A contravía de ese enorme avance, en los últimos años, se ha venido produciendo el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simultáneo y concordancia con la exacerbación del extractivismo minero, en el contexto de un creciente autoritarismo. Este proceso ha tenido como consecuencia un incremento y extensión muy alarmante del deterioro ambiental en todo el país.

Este proceso de destrucción ambiental  presenta cuatro elementos principales: El creciente deterioro de los servicios públicos y programas de gestión y control ambiental, principalmente el servicio de agua y de recolección de desechos sólidos; el impulso por parte del gobierno nacional de un desarrollo minero causante de graves violaciones a los derechos humanos; un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnológico; así como la negación del derecho de la población al acceso a la información, a la participación, a la justicia en asuntos ambientales, así como a una educación ambiental de calidad.

Estas situaciones se conjugan para generar la que posiblemente sea la más grave crisis ambiental de la historia de Venezuela. La consecuencia directa de esta situación es la violación masiva de derechos humanos ambientales, tales como el del agua y el saneamiento, a un ambiente sano, así como otros derechos como a la vida, salud, seguridad, alimentación, entre otros.

La crisis ambiental venezolana tiene dos componentes de enorme gravedad por sus efectos sobre una variedad de derechos humanos.

Por una parte, una grave crisis de agua, principalmente en la zona norte del país, así como en gran parte de las ciudades y otras zonas urbanas. En estas zonas se viven racionamientos continuos de agua, en algunas ocasiones tan extremos que los ciudadanos no tienen suministro de agua por semanas e incluso meses. Esto ha llevado a la población a vivir en condiciones de higiene y satisfacción de las necesidades de agua cada vez más precarias lo que ha llevado al aumento de enfermedades tanto transmitidas por el agua, como las derivadas de la falta de limpieza.

Por otra, al sur del país se ha venido produciendo una exacerbación de una minería de saqueo. Ella deriva de un modo de extracción minera que incumple todas las normas constitucionales y legales de control del daño ambiental, generando un deterioro ambiental y contaminación de gran magnitud y extensión. Asimismo, los efectos de eta actividad violan derechos de las comunidades indígenas y no indígenas existentes en las zonas mineras y es realizada en condiciones tales que promueven la corrupción, la violencia y el control de la zona por bandas asociadas a la delincuencia organizada.

Esta forma de explotación se está expandiendo al norte del Orinoco y comienzan a realizarse actividades de este tipo en los estados Táchira, Mérida, Carabobo, Cojedes y otros estados.

Resulta enormemente preocupante que el Estado venezolano en vez de realizar un control efectivo de la destrucción ambiental que se está generando y asuma su obligación de proteger a las personas y sus derechos, por el contrario haya lanzado un nuevo Plan Nacional Minero que tiene como propósito convertir al sector minero en el centro de la economía nacional.

En estas circunstancias, resulta necesario frenar esta destrucción del país lo antes posible, ya que la misma pone en peligro toda posibilidad de desarrollo sostenible de la nación y genera cada vez mayores niveles de pobreza, enfermedad y destrucción del potencial de desarrollo de las personas.

Para ello resulta necesario un gran movimiento nacional que reúna a todos los sectores y actores sociales que construya las bases de una Venezuela sustentable y respetuosa de los derechos humanos ambientales, así como se convierta en una fuerza que pueda oponerse y contrarrestar las pretensiones tanto del gobierno actual, como de futuros de convertir a Venezuela en un desierto sin futuro.

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Alejandro Álvarez

Coordinador General de Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos.