ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño | La pandemia del coronavirus está ocasionando un efecto devastador en todos los sectores de la economía mundial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, ha publicado un conjunto de informes para analizar la repercusión de la crisis en varios sectores y las medidas que recomienda deben adoptar los países.
Para mediados de marzo, la OIT vaticinaba la posible pérdida de 25 millones de empleos en el mundo por razón de la pandemia del Covid-19; en perspectiva, casi la totalidad de la población de Venezuela. En su evaluación inicial, indicó que los efectos serían de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral. Solo una respuesta política coordinada a nivel internacional, basada en tres pilares: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos; mitigaría el inminente impacto sobre el desempleo mundial.
Un par de días después de ese primer reporte, la OIT alertó en específico sobre el sector de trabajadores informales o precarios, quienes estarían más expuestos a las consecuencias negativas, por no contar con acceso al subsidio por enfermedad, al seguro de desempleo, o a otras protecciones esenciales; agregando además que los sistemas de protección social de todo el mundo “están fracasando estrepitosamente a la hora de salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de los grupos vulnerables”.
El propio director general de la OIT, Guy Ryder, reafirmó que esta pandemia representa no sólo una crisis sanitaria, sino también una crisis social y económica. Según Ryder, para que la respuesta global sea eficaz, debe tener en cuenta todos estos factores, y debe ser llevada a cabo de forma coordinada. En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables.
América Latina y el Caribe cuenta además con un representante de la OIT, Vinícius Pinheiro, quien afirma que la batalla del coronavirus será larga y la desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social en la región.
El alto nivel de pobreza e informalidad y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus. Propone entonces el órgano tripartito que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad.
Los informes revelan que el Covid-19 expone con crudeza las desigualdades y podría agravarlas: exacerba las ya existentes, desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas. Algunos grupos, como los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y las mujeres, que predominan en el sector público, están especialmente en riesgo.
A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) laboran en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchas de estas personas viven en hacinamiento y en ocasiones carecen de suministro público de agua.
Más aún, las desigualdades también se manifiestan de forma dramática si se contrae el virus. Para muchas personas caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario; pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Millones carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud.
Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia de gastos de salud que deben asumir. Pobreza, privaciones de los derechos a la salud y a la alimentación, son temas globales que se agravan como consecuencia del Covid-19, con más encono en países como Venezuela que durante años ha afrontado una emergencia humanitaria compleja y una precarización sostenida del mundo del trabajo.
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Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
