Rafael Uzcátegui | En momentos en que el autoritarismo venezolano retoma la ofensiva contra la sociedad civil es importante conocer lo que ha pasado en Nicaragua. Tanto por las malas prácticas que pudieran ser copiadas por sus homólogos en Miraflores, como por la ejemplar resistencia de la organización histórica de derechos humanos del país: El Cenidh. 

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El 18 de abril de 2018 se inició un ciclo de protesta en Nicaragua que aquel gobierno logró silenciar tras 300 personas asesinadas, según las organizaciones locales de derechos humanos, y manteniendo luego de tres años al menos a 120 presos políticos que participaron en las movilizaciones. Meses después del fin de las manifestaciones, por solicitud del Ministerio de Gobernación la Asamblea Nacional del país, controlada por el sandinismo, aprobó cancelar la personalidad jurídica de varias organizaciones de la sociedad civil, que habían tenido un importante papel en la denuncia de los excesos durante las jornadas de protesta.

El argumento de los parlamentarios puede sonar conocido para los venezolanos: Estas organizaciones eran financiadas desde el exterior para actividades ilegales y formaban parte de un plan para dar un golpe de Estado al gobierno nicaragüense, estimulando acciones violentas y terroristas. De esta manera quedaron sin personalidad jurídica la organización “Hagamos Democracia”; el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP); la organización feminista Dentro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS); el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (PADE); el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS); la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sur-Este, la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal; la Fundación del Río y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

En el caso del CENIDH luego de esta decisión su sede fue allanada por la policía, quien confiscó todos sus bienes e impidió el paso de sus trabajadores bajo el argumento “ya no son legales”. Para intentar revertir la medida, la organización de DDHH introdujo dos recursos de amparo y un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que nunca fueron respondidos. Esta decisión atemorizó a diferentes defensores de derechos humanos del país, que pasaron a exiliarse en otro país.

Los ataques del gobierno de Daniel Ortega se han centrado en la figura de Vilma Núñez, la histórica activista y defensora de derechos humanos, presidenta del CENIDH. En enero de 2021 se difundieron fotografías que mostraban la destrucción de la infraestructura de la sede de la ONG. Al igual que con el resto de los locales confiscados de las otras organizaciones ilegalizadas, la estrategia del orteguismo fue inaugurar centros de salud en los inmuebles bajo un importante despliegue de propaganda. Desde el 13 de marzo de 2021 el “Puesto de Salud Familiar y Comunitario José del Carmen Ruiz” comenzó a funcionar en la antigua dependencia de derechos humanos. Junto con este edificio, ubicado en Managua, una segunda oficina del CENIDH en Juigalpa fue confiscada, además de 15 computadoras, 5 vehículos, objetos personales y documentos. 

A pesar de este grave escalamiento del hostigamiento, el CENIDH sigue trabajando. En el momento más tenso del percance, la ONG publicó en su cuenta twitter: “El Cenidh no son cuatro paredes, unos muebles, una sola persona, Cenidh es toda #Nicaragua que exige justicia, libertad, democracia y derechos humanos #Nonoscallarán”. Cuando este texto se escribe, la organización realiza una campaña para recordar a las víctimas de las manifestaciones en el país durante el año 2018, llamando a las cosas por su nombre.

Es bastante posible que el autoritarismo madurista, en momentos en que se promueven normativas que obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, este copiando el modelo nicaragüense. Cuando son eficaces y sus maneras tienen bajo costo político, los autoritarismos toman nota unos de otros. Sin embargo, del lado de la sociedad democrática tendremos al CENIDH como una inspiración de cómo mantener el trabajo por principios, a favor de los vulnerables, a pesar de las peores circunstancias. 

ACERCA DEL AUTOR:

Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.