ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado │ La dictadura de la cual forman parte el fiscal impuesto por la constituyente y el Defensor del Pueblo impuesto, presentaron el llamado “Informe Contra la Infamia” con el cual se ataca a la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Un documento de 112 páginas para la propaganda y seguir mintiendo sobre la situación del país. Se refiere a una serie de generalidades analizando el país como si se estuviera en una situación económica y social de hace una década. Elabora un listado de leyes las cuales efectivamente están relacionadas con derechos de las personas, ocultando que no se cumplen.
Descalifica los distintos ciclos de protesta ciudadana mostrándolos como hechos violentos, desconociendo que la mayoría de las movilizaciones son pacíficas y algunas se tornan violentas en respuesta a la represión.
Recurren al desgastado argumento de presentar a Maduro y su cúpula como víctimas de la “derecha internacional” y el “imperialismo norteamericano” con el propósito de justificar la manera indolente e ineficaz de la gestión pública y el fracaso de los llamados Planes de la Patria. Dichos planes, por cierto, son la más evidente prueba del fiasco contra el pueblo venezolano. Pura promesa incumplida.
El llamado informe no pasa de ser una publicación para evadir sus responsabilidades. Un refrito de las mentiras repetidas una y otra vez que afortunadamente cada vez el mundo cree menos. No solo los gobiernos toman más conciencia de la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino las organizaciones sociales que aumentan su solidaridad con el pueblo venezolano.
El mayor descaro de la mentira lo encontramos en el capítulo denominado “La transformación del modelo de seguridad ciudadana”. Se dedican unas cuantas páginas a lo que fue el proceso de reforma policial iniciado hace catorce años. Se habla de las bondades del proceso como si efectivamente lo diseñado se cumplió.
La reforma policial se propuso crear un modelo policial respetuoso de los derechos humanos. Una policía realmente civil alejada del control y lógica militar. Garantizar la formación de policías respetuosos del ciudadano y a su servicio.
Se lee en el informe del gobierno: “además, según el nuevo modelo policial, la policía no criminaliza a los pobres ni emprende acciones que les re-victimice. Por el contrario, favorece a los sectores populares porque son los más afectados por el fenómeno de la violencia”.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, indicó hace pocos días que en Venezuela cuerpos policiales y militares habían asesinado entre enero y agosto a más de 2.000 personas, es decir, 250 personas por mes. Añadió: “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad”.
No solo asesinan a jóvenes, sino que realizan miles de allanamientos arbitrarios y violentos en las casas humildes. Y en una lógica de botín de guerra se roban todo lo que pueden: artículos de cocina, ropa, juguetes, comida, celulares, computadora entre otros objetos.
Los cuerpos policiales del llamado “nuevo modelo policial” se convirtieron en una maquinaria de terror contra los más pobres, en aparatos de delincuencia que matan y roban amparados por la cúpula de la dictadura.
Es una vergüenza que el actual Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz avale ese informe. Quien fue una figura clave para promover la reforma policial sabe que se desvió en el camino y resultó un fracaso. Tantos años dedicados a denunciar la violencia policial y hoy se convierte en un defensor de la barbarie contra los pobres. Contribuye a que se difundan mentiras por el mundo cuando la realidad que vive el pueblo es distinta a la que describen. Se oculta el sufrimiento de millones que claman por el cese de la violencia policial y militar.
Él debería ser el primero en denunciar las perversidades de la actual policía. Una policía cada vez más militarizada, agresiva, violadora de derechos humanos. Maduro echó a la basura los esfuerzos de la reforma policial y lo sabe perfectamente, pero es más cómodo ser cómplice de lo que hasta hace pocos años denunciaba.
Lo único bueno del informe del gobierno es que sirve de prueba, una más, de la falta de voluntad política para rectificar. E igualmente reafirma que se ha conformado una institucionalidad al servicio del abuso de poder y la impunidad; mientras persista, los responsables de delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones a los derechos humanos no serán investigados y castigados.
Como defensor de derechos humanos lamento la actitud del gobierno. No rectificar significa más torturados, más muertos en protestas, más ejecuciones en los barrios, menos calidad de la vida, en fin, más padecimientos y angustia principalmente para las familias humildes en Venezuela.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
