ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Desde los años 2000 las autoridades venezolanas han ejecutado una política de Estado de intervención en la acción sindical. Se actúa para perjudicar a sindicatos que reivindican derechos humanos laborales e igualmente para favorecer aquellos pro gobierno que le son sumisos.
Esa intervención ha implicado la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales, aplicando incluso contra ellos el juzgamiento en tribunales militares o los juzgados antiterroristas. De la misma manera, se obligó a otros a salir al exilio y cientos fueron despedidos sin otorgarles los beneficios que les correspondían.
En paralelo se usó al Consejo Nacional Electoral como instrumento para impedir elecciones sindicales o imponer requisitos complejos difíciles de cumplir por las organizaciones de trabajadores.
Mediante esa política, se creó un archipiélago de sindicatos paralelos patronales que favorecieron la pulverización de conquistas laborales.
También provocó innumerables hechos de violencia, abarcando el asesinato de sindicalistas en conflictos entre unos sindicatos y otros en su mayoría afines al gobierno por control de territorios, empresas y negocios de dudosa legalidad.
La resistencia de las organizaciones sindicales ha sido exitosa. No logró el gobierno acabar con el sindicalismo que reivindica derechos. Lo debilitó sí y en la actualidad se perfila un fortalecimiento a partir de articulación en procesos estadales de distintas fuerzas laborales y se avanza hacia un amplio proceso de renovación de directivas.
Las elecciones sindicales previstas, algunos sindicatos se inclinan por realizarlas con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras con total autonomía. Cualquiera sea la opción que se defina, lo cierto es que tales procesos pueden contribuir a dar paso a líderes y lideresas sindicales que vienen repuntando, una nueva generación que puede imprimir dinámicas novedosas y reflotar las organizaciones de base.
El movimiento sindical venezolano puede solicitar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuesta de dicho organismo, un acompañamiento de esos procesos electorales, sirviendo así de contención a cualquier maniobra o medida gubernamental de ejecutar intervenciones arbitrarias o ventajismo usando procedimientos administrativos y uso inadecuado de recursos del Estado.
El empeño del gobierno de continuar cercando la acción sindical, incluso usando la represión, persiste. Hay organizaciones que vienen denunciando que existe en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) una lista de sindicalistas a quienes se les viene realizando un seguimiento constante y alertan de que pudiese culminar en detenciones. La experiencia hasta el momento es que aun con la represión, la resistencia sindical persiste y avanza lentamente en términos organizativos y la exigencia de derechos. Tienen los trabajadores y trabajadoras de Venezuela innumerables motivos para seguir en la calle.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
