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Profesor en la escuela de letras de la Universidad Central de Venezuela
Rafael Venegas

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.

Con mucha incertidumbre y escasas expectativas, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ayer, 30 de enero de 2023, se instaló en Margarita el esperado diálogo tripartito (empleadores, trabajadores y gobierno), a los fines de discutir lo relativo a la fijación del salario mínimo mensual (SMM), de acuerdo con lo pautado en los convenios 26 y 144 de la OIT suscrito por el país; así como los asuntos asociados al ejercicio de la libertad sindical, según lo previsto en el convenio 87.

En el contexto de la crisis general, sistémica, que afecta al país, este diálogo está marcado por la presencia de fuertes perturbaciones económicas, dentro de las cuales destaca, por un lado, la inestabilidad de los precios de bienes y servicios, resultado de la presión inflacionaria que amenaza con meternos nuevamente en el huracán de la hiperinflación; y por el otro, la distorsión cambiaria que todos los días incrementa el precio del dólar y devalúa significativamente nuestra moneda. Ambos fenómenos han pulverizado los salarios, las pensiones, las prestaciones sociales y demás remuneraciones e ingresos de los trabajadores y sus familias.

El marco que rodea este evento es el desarrollo de un vigoroso movimiento de protesta iniciado el 09 de enero 2023, convocado inicialmente por las bases del magisterio en reclamo de la firma de su convención colectiva de trabajo, lo que se convirtió en punto de confluencia del profundo malestar social acumulado frente al empobrecimiento, hambre y miseria a que son sometidos los trabajadores y el pueblo por parte de la cúpula cívico-militar que se ha enquistado en el poder.

Los trabajadores, por su lado, hay que decirlo con franqueza, son los grandes ausentes en este diálogo

Así, bajo la demanda de salarios y pensiones dignos, amplios sectores sociales, encabezados por el magisterio, los universitarios, trabajadores de la salud, jubilados, pensionados y pueblo en general protagonizan extraordinarias movilizaciones que no paran de crecer y que se extienden por todos los rincones del país.

Después de largos años de depresión económica, durante los cuales fue destruido el 76% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2013 –con sus nefastas consecuencias sobre la producción, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, desinversión y un largo etcétera– y luego de más de cuatro años de padecer una de las más altas y prolongadas hiperinflaciones que conozca la historia de la economía mundial; el régimen que ha causado este desastre desarrolla una campaña mediática afirmando que “Venezuela se arregló”.

Con más discurso que números, habla de una “economía heroica” que habría logrado abatir la inflación e iniciado su reanimación de forma sostenida durante los dos últimos años.

Ello supone, entonces, un incremento de los ingresos fiscales producto de la actividad petrolera, la producción de oro y otros minerales del Arco Minero del Orinoco, la recaudación fiscal como resultado del cobro del IVA, del Impuesto sobre la renta (ISLR), del mal llamado Impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF), de la actividad de importación y exportación y otras fuentes.

No obstante lo anterior, la única postura que hasta ahora conocemos por parte del oficialismo, es que no existe dinero para financiar un aumento de los salarios y pensiones porque Venezuela está sometida a un bloqueo como consecuencia de las sanciones.

Este argumento es una falacia y un chantaje porque la verdad es que el régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos tienen rato reuniéndose y entendiéndose en materia petrolera, gasífera y otros rubros, como lo evidencia el acuerdo con Chevron, detrás del cual vienen Conoco Phillies, Repsol y otras empresas del sector.

En otras palabras, Venezuela se arregló para las transnacionales petroleras; la “economía heroica” creció 17%, según el discurso de los voceros del gobierno, Fedecámaras y Conindustria; los ingresos del país han crecido para que la casta dominante ostente lucro y derroche, pero no para los trabajadores, quienes tendrían que seguir cobrando un sueldo mínimo menor a 6 dólares mensuales.

Fedecámaras, por su parte, parece tener su posición clara.

Extraoficialmente hemos conocido que estaría dispuesta a respaldar la fijación del salario mínimo en 80 dólares mensuales, con dos ajustes más durante el año (uno en mayo y otro en agosto), a cambio de menos impuestos y mayores facilidades para las importaciones y exportaciones; de que se elimine la retroactividad de las prestaciones sociales y se le entreguen ciertas empresas públicas al sector privado.

Como puede observarse, se trata de un caramelito envenado que no requiere mayores comentarios.

Los trabajadores, por su lado, hay que decirlo con franqueza, son los grandes ausentes en este diálogo.

Mientras la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) en realidad representante del régimen que arruina los salarios y empobrece a nuestra gente, cumple su papel de esquirol de las luchas y de entrega de los intereses de los trabajadores; la CTV, ASI y CGT (otras centrales, como la UNETE y la CUTV han sido excluidas a capricho del régimen y con la benevolencia de la OIT) se presentan desarmadas a un debate frente al cual parece que no saben qué decir.

Ni siquiera tienen una propuesta común frente al asunto planteado.

Nada de que sorprendernos porque la verdad es que su legitimidad y representatividad es nula y nada o casi nada tienen que ver con el movimiento de protesta que está la calle.

Este movimiento de protesta, aún sin un centro de articulación que asegure su conducción hacia una victoria –por lo demás merecida y labrada en reiteradas movilizaciones– está unificado en la consigna de “sueldos, salarios y pensiones dignos, homologados al costo de la canasta básica, de acuerdo con lo pautado en el artículo 91 constitucional”.

Él es el único representante legítimo de los trabajadores y, más allá, de la inmensa mayoría descontenta; de los 6,5 millones de compatriotas que sufren desnutrición, según cifras de la ONU; de los 7 millones que han emigrado en busca de nuevos horizontes; del pueblo todo sometido a las inclemencias del hambre y la miseria. Él demanda desde las calles ser oído y tener una respuesta satisfactoria a sus reclamos.

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Rafael Venegas

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.