ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Se anuncia un nuevo proceso de diálogo y negociación por parte del gobierno y los principales partidos de la oposición. El acontecimiento en sí mismo lo valoro como positivo. El conflicto venezolano necesita salidas pacíficas y en el marco de la Constitución. En la historia de la humanidad se ha evidenciado que aún en las más intensas confrontaciones, hay momentos en que las partes establecen vías de diálogo para el cese de las hostilidades.
Que gobierno y oposición se encuentren, dialoguen y busquen algunos acuerdos no significa necesariamente el cese de la confrontación. Puede garantizarse sea canalizada de manera diferente, a través del mutuo reconocimiento y avanzando en algunos compromisos básicos de actuación conjunta.
Si el norte de ese diálogo no es pensar y lograr avanzar en medidas concretas en beneficio de la población, poca legitimidad tendrá y generará mayor desesperanza.
A diferencia de otros procesos de diálogo realizados en el país en las últimas dos décadas, esté se da en un contexto nacional muy diferente. Y ello le da una particularidad muy distinta que no pueden obviarse en cuanto a las expectativas y exigencias que desde la sociedad civil debemos presentar a las dos partes.
Las discusiones se producen en un contexto en el cual el país padece una emergencia humanitaria compleja. Ello como consecuencia de una profundización de la crisis económica y social, a tal nivel que se ha requerido la necesidad de un auxilio mediante la ayuda humanitaria aportada por la Organización de las Naciones Unidas, gobiernos y otras instituciones internacionales.
Millones de familias en situación de pobreza, millones de personas pasando hambre, altos niveles de desempleo, salarios miserables y un caos generalizado en los servicios públicos, y crisis extendida y continuada en materia de salud y educación.
A ello hay que agregar los altos niveles de inflación, el deterioro de la capacidad productiva del país incluyendo la industria petrolera e inseguridad jurídica para la inversión nacional o extranjera.
Las conversaciones se dan igualmente en un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos al nivel de constituirse en crímenes de lesa humanidad. En una situación de impunidad estructural que ha favorecido que tales crímenes se repitan y afecten a mayor cantidad de personas.
Mientras en México se dialoga, continúan realizando su trabajo la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Las dos, cada una con su mandato especifico, se enfocan en evitar que haya impunidad ante los crímenes perpetrados.
Una expresión de esos crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del gobierno que hoy dialoga, son los más de 250 presos políticos, las miles de personas sometidas a procesos penales por disentir, así como miles de ejecuciones extrajudiciales realizadas por policías y militares principalmente contra jóvenes pobres.
Todo ello con unsistema de justicia de espaldas a los derechos de la gente, al servicio de la persecución por motivos políticos y garante de impunidad.
Finalmente, el diálogo se realiza en medio de una emergencia nacional de salud por el covid-19. Emergencia que cobra cada mes cientos de vidas y sin ninguna voluntad de las autoridades de avanzar en un plan serio de vacunación masiva, al ritmo que las circunstancias lo exigen. Se sigue manejando la pandemia con criterios excluyentes que impiden sumar todas las capacidades posibles para una respuesta adecuada.
En este contexto nacional centrar las conversaciones y posibles acuerdos en unas condiciones electorales para futuras elecciones de distinta naturaleza, es dejar de lado a millones que les gustaría votar, pero su preocupación fundamental es lograr al menos una comida diaria. Es dar la espalda a miles de familias que también les gustaría participar en algún proceso electoral, pero que luchan día a día para que se logre justicia al ser víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Implicaría no escuchar las voces del personal de salud y de una población que aspira a ser vacunada pronto.
Debemos exigirle al gobierno y a la oposición que se logren acuerdos que permitan: un plan consensuado de vacunación masiva; facilitar el ingreso de las instituciones nacionales e internacionales con voluntad de otorgar ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables; libertad para todos los presos políticos civiles y militares y garantías para el regreso de los exiliados; reinstitucionalización con renovación; respetando los procedimientos establecidos en la Constitución, de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo y Fiscal General; desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana e investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos; condiciones adecuadas para que los partidos políticos puedan participar sin obstáculos en cualquier contienda electoral y se establezca un cronograma comicial con un Consejo Nacional Electoral independiente.
Debemos exigir además acuerdos para adoptar medidas que permitan recuperar el salario de los trabajadores, pensiones dignas para los adultos mayores y un plan de reactivación de empleo y apoyo al sector agrícola, comercial e industrial con una ruta para frenar la inflación y aumentar la productividad.
Finalmente, debemos reclamar un alto al cierre del espacio cívico y el cese a la persecución a las organizaciones de la sociedad civil.
No nos conformemos con ruta electoral y condiciones para los partidos políticos. La situación del país exige mucho más.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
