ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño/
“Que reine la libertad. El sol nunca se pone en tan glorioso logro humano”.
Nelson Mandela
En la fase de Examen Preliminar, como es el caso de Venezuela desde febrero de 2017, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reúne información del presunto delito y determina si tiene competencia. Si de la información se desprende que se ha cometido un tal delito y permanece impune, la Fiscalía de la CPI debe iniciar una investigación.
La investigación puede incluir declaraciones de las víctimas y testigos y la obtención de pruebas en relación con el delito y con quienes lo perpetraron. Si la CPI concluye que hay altas probabilidades de que se haya cometido el crimen, emite una orden de detención de los responsables y una orden de comparecencia ante la CPI. La Corte no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que habitualmente solicita la colaboración de los Estados Partes para la captura de los procesados.
Si la CPI concluye que existen pruebas suficientes para acreditar que se ha cometido un delito, fija la realización de un juicio público en su sede en La Haya, Países Bajos. Los jueces reciben todas las pruebas, así como las declaraciones de las víctimas y testigos durante el juicio. Luego deliberan y llegan a una decisión. Es necesario que los jueces alcancen una decisión por mayoría para declarar a una persona culpable de un delito. La CPI cuenta con 18 jueces, elegidos por los Estados Parte por un mandato de 9 años. No pueden ser reelegidos y no puede haber dos jueces que procedan de un mismo país.
Las víctimas pueden participar voluntariamente del proceso: comunican al Tribunal sus intereses e inquietudes; no requieren presentarse en persona y pueden estar representadas por un abogado o una ONG. Por su parte, un testigo (que puede ser una víctima), es llamado especialmente por la Defensa, la Fiscalía o la Corte. El testigo siempre rinde testimonio en persona.
Como dato a tener en cuenta, es muy probable que para el 2019, la Fiscalía de la CPI tome una decisión de su Examen Preliminar en curso, sobre si abre una investigación en cuanto a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, o si decide cerrar el caso. Sin embargo, el proceso, hasta su fase final, puede durar años.
Si una persona es declarada culpable de la comisión de un delito, será condenada a cumplir pena de prisión en uno de los Estados Parte y puede ser obligada a reparar el daño causado a las víctimas. Por ejemplo, puede exigirse al culpable que realice una disculpa pública, que devuelva bienes o que efectúe pagos. Si se le exige la devolución de bienes o la realización de pagos, la CPI asiste a las víctimas en el trámite de reclamación y percepción de las reparaciones a través de un Fondo para las Víctimas.
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Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
