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El pasado viernes 14 de octubre la organización Odevida presentó el informe “Amazonía Venezolana: una historia de muchos Haximú”.

En 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjo mediante dos ataques el asesinato de 16 indígenas yanomami. Ocho de ellos, niños y niñas incluyendo uno de menos de un año.

La masacre fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que realizaban labores de minería de manera ilegal. Al cometer los homicidios huyeron hacia territorio brasileño.

Las autoridades tanto en Venezuela como en Brasil se comprometieron a adelantar las investigaciones.

En el país no hubo mayores avances, prevaleció la impunidad. Por el contrario, en Brasil se avanzó. Veintidós personas fueron identificadas como responsables de los hechos.

De conformidad con las leyes penales brasileñas las instituciones de justicia tienen competencia para investigar a nacionales que en el exterior hayan cometido genocidio.

La investigación se adelantó como delito de genocidio al haber sido realizado con premeditación contra una etnia. Tras un largo proceso judicial muy controvertido la justicia del vecino país condenó a cinco personas a 20 años de cárcel.

A 29 años de esa masacre contra la población indígena, las condiciones que lo permitieron se mantiene.

El mas reciente hecho lo constituye el asesinato de 4 indígenas Yanomami por integrantes del componente Armada de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el sector conocido como Parima B del Alto Orinoco, en el estado Amazonas, en cuya agresión también resultó herido un adolescente Yanomami de 16 años de edad y otras 5 personas.

Las víctimas asesinadas respondían a los nombres de Endy González Silva, de 23 años, Jhonatan Borguez, de 33 años , Gariban González, de 22 años y Martina González de 48 años. En este hecho impera la impunidad.

Es de resaltar que según informaciones obtenidas a la fecha ninguno de los militares presuntamente responsables ha sido detenido.

Esta actitud del Ministerio Público frente a esta masacre resulta totalmente contraria al Memorando de Entendimiento que suscribió el Estado venezolano el 03 de noviembre de 2021 con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que obliga a investigar y sancionar a los responsables.

Es una evidencia que en Venezuela persisten los crímenes de lesa humanidad afectando incluso a poblaciones indígenas.

El Informe de Odevida que es una alianza de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de Perú, Colombia y Venezuela indica que en agosto de 2021, las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio Ventuari, Kuyujani del Caura y Kuyujani del Alto Orinoco que representan los pueblos y comunidades indígenas Ye’kwana y Sánema en el municipio Manapiare del estado Amazonas, también denunciaron ante el despacho de la Defensoría Delegada del Pueblo, la incursión de más de 400 garimpeiros brasileños fuertemente armados –con unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales– en sus territorios ubicados en los municipios Manapiare y Alto Orinoco.

Es decir, 29 años después la presencia de los mineros no ha disminuido. A ello hay que sumar la presencia de grupos irregulares presuntamente del Ejercito de Liberación Nacional de Colombia y otras expresiones guerrilleras, así como grupos de delincuencia organizada tanto en el estado Amazonas como en el estado Bolívar.

Entre las recomendaciones que realiza Odevida está la Inmediata paralización del Proyecto Arco Minero del Orinoco y las actividades extractivas artesanales e ilegales en zonas indígenas, realizadas en el marco del mismo, especialmente en el estado Amazonas donde esta actividad es prohibida, hasta que haya una consulta previa, libre e informada y se realicen los estudios de impacto socioambiental correspondientes.

ACERCA DEL AUTOR:

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Marino Alvarado

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.