ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | Un 29 de octubre de 1988 en el sector las Guafitas de la zona de Caño Colorado, cerca de la población de El Amparo en el estado Apure 14 pescadores fueron asesinados con alevosía y premeditación por efectivos militares y policiales. El gobierno de la época que presidía Jaime Lusinchi había creado el denominado Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez ( CEJAP) con el propósito de desarrollar actividades contra presuntos guerrilleros colombianos que operaban en la frontera. Para aparentar eficacia en esa labor, se preparó una masacre teniendo como víctimas a humildes pobladores de la población de El Amparo. Se les presentó como guerrilleros abatidos en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Quienes planificaron tan repudiable operativo no contaban que pudiese haber sobrevivientes. Dos personas lograron no ser alcanzadas por las balas para contar la verdad a Venezuela y al mundo. Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias con solo sobrevivir empezaron a desmontar la mentira del gobierno. Contaron para ello con el apoyo de una prensa independiente que dio amplia difusión a su denuncia, un parlamento que realizó una investigación autónoma que confirmó nunca hubo ese tal enfrentamiento y una población que a lo largo y ancho del país exigió en las calles justicia.
Tras un largo proceso en la justicia militar donde se pusieron en práctica todas las maneras posibles para garantizar impunidad, los autores materiales fueron declarados no culpables y los intelectuales nunca fueron investigados. Ante la impunidad varias organizaciones de derechos humanos incluyendo a la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentaron el caso en las instancias internacionales de protección de derechos humanos. En 1995 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la primera sentencia a favor de unas victimas en Venezuela y ordenó que se investigara y se sancionara a los culpables de la masacre.
En enero de 2010 la Corte Interamericana en su función de supervisar el cumplimiento de sus decisiones convocó al Estado venezolano y a los abogados representantes de los sobrevivientes y familiares de las víctimas a una audiencia en su sede en la ciudad de San José, Costa Rica. La audiencia se realizó el 29 de enero de 2010. En ella la delegación del Estado venezolano admitió que el caso estaba en situación de impunidad y asumió la responsabilidad de reabrir el caso en la jurisdicción ordinaria. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la sentencia No 910 de fecha 28 de Octubre de 2016 anuló la sentencia de la justicia militar y ordenó reabrir las investigaciones y que se dictara nueva sentencia pero contrariando a la Constitución y la sentencia de la CIDH, dejó esa responsabilidad a la Corte Marcial. A la fecha no se ha informado de nuevas investigaciones y no se ha dictado sentencia, con lo cual persiste la impunidad y se continúa negando justicia.
La impunidad ante graves violaciones al derecho a la vida, favorece que la violencia institucional ejecutada por órganos armados del Estado venezolano se afiance. Es una de las razones por las cuales tres décadas después continúan las masacres.
Es importante destacar que quienes hoy gobiernan prometieron que no se repetirían hechos como la masacre de El Amparo. Llegaron al poder además exigiendo castigo a los culpables. Puras palabras, falsas promesas. En los dos últimos años, para remitirnos solo a hechos recientes, han ejecutado dos masacres. En octubre de 2016 en un despliegue militar de los llamados Operativos de Liberación del Pueblo fueron desaparecidos y posteriormente encontrados muertos 13 personas detenidas en la población de Barlovento, estado Miranda. Efectivos del ejército fueron los perpetradores de esos homicidios. En enero de 2018 en la población del Junquito muy cerca de Caracas siete personas fueron asesinadas luego de haber expresado públicamente su rendición. Detenidos y ejecutados, en un caso donde el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo actuaron con absoluta complicidad. Los responsables ni siquiera fueron investigados.
Durante todo el 2018 hemos sido testigos además de varias masacres realizadas por las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional y por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Ejecuciones de presuntos delincuentes con el argumento que murieron en enfrentamientos que generalmente no ocurren. Detienen a las personas y las asesinan con frecuencia en presencia de sus familiares incluyendo a niños y niñas.
Han transcurrido ya 30 años de la masacre de El Amparo y en nombre de la seguridad ciudadana se despliega contra los sectores pobres de la población una violencia institucional permanente con miles de víctimas, en un ambiente de impunidad que alienta a policías y a militares a aplicar en los hechos la pena de muerte. Una de las tareas prioritarias que deberá realizarse ante un cambio gobierno en Venezuela y el rescate de las instituciones, es diseñar y ejecutar políticas de seguridad ciudadana respetuosas de los derechos humanos y llevar a juicio a los autores materiales e intelectuales de cada masacre realizada. La justicia a veces tarda, pero llega.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
