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Antonio Puppio │ El año 2020 plantea un escenario desafiante para defensores de derechos humanos y las víctimas de los crímenes cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro, con el objetivo de determinar los hechos y señalar a sus responsables.

La grave situación de los derechos humanos, la emergencia humanitaria y los crímenes cometidos entre 2014 y 2019, se mantienen bajo especial atención ante cinco instancias del más alto nivel internacional. Nunca antes el ejercicio del poder había sido cuestionado simultáneamente por cinco mecanismos internacionales, lo que advierte la grave, delicada y compleja situación de Venezuela.

Desde el Human Rights Institute for peace and freedom venimos trabajando en informar, acompañar a las víctimas e incidir en cada uno de estos escenarios. Tenemos en cuenta que una resolución internacional sancionatoria, por sí sola, no desnuda el statu quo. Y de ahí la importancia de seguir sumando gremios, sindicatos, academias, grupos políticos, sociedad civil plural y comunidad internacional para procurar la reinstitucionalización del país, que debe empezar con unas elecciones parlamentarias y presidenciales democráticas, justas, imparciales, creíbles y con observación internacional plural.

A continuación, se detallan los mecanismos y sus principales características relacionadas con la situación de derechos humanos en Venezuela:

Comisión de Encuesta Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El 1 de septiembre de 2020 vence el lapso establecido por la Comisión de Encuesta de la OIT para que el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en septiembre de 2019 se complete: “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra empleadores y trabajadores no afines al gobierno.

Debemos recordar que la Comisión de Encuesta de la OIT es el mecanismo de más alto nivel para la evaluación del cumplimiento de los Convenios Laborales.  Este mecanismo va precedido por un proceso de queja o reclamo que, en este caso, fue iniciado en 2015 por el sector empresarial venezolano, FEDECAMARAS, denunciando violación a la negociación tripartita, fijación de salario mínimo y libertad sindical. Gracias a la adhesión del sector sindical independiente, la Comisión los incluyó en su informe.

Durante 4 años la OIT ha estado contrastando información sobre Venezuela: entrevistas a víctimas y testigos de ataques violentos directos contra dirigentes gremiales, así como abundante documentación y una visita in loco en 2018.

En efecto, la Comisión de Encuesta pide al Estado venezolano el cese de la apropiación autoritaria de los medios y cadenas de producción, la injerencia arbitraria en los espacios y estructuras de trabajo y la violencia hacia los no afiliados que, entre otras, fueron las prácticas del gobierno durante veinte años y que hoy tienen efectos de hambre y miseria en la economía venezolana. A todo evento, la OIT subrayó para especial atención los altos niveles de impunidad, solo posible con un poder judicial subordinado y cómplice a los intereses espurios del poder ejecutivo.

Hasta hoy, son pocos los avances del Estado para cumplir con las recomendaciones y, para el supuesto caso de agotarse el plazo establecido sin cumplir con las obligaciones asumidas en los Convenios 26, 87 y 144, estaremos frente a la posibilidad de acudir ante la Corte Internacional de Justicia.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)

El 21 de octubre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la instalación del MESEVE, con el objetivo de fortalecer los medios de “protección y monitoreo para responder de manera oportuna y efectiva a los nuevos desafíos que requiere la grave situación de los derechos humanos”.

Al igual que la OIT, la Organización de Estados Americanos (OEA), en sus distintas instancias y conforme a sus competencias, viene haciendo seguimiento de la situación en Venezuela desde el año 2002. Los informes especiales de los años 2003, 2009 y 2017 de la CIDH son un ejemplo el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos que ha desembocado en la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Debemos recordar que el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Carta de la OEA. Con la renuncia diplomática, la dictadura se presume impune para actuar desde la ilegalidad, sin control ni contrapesos internacionales. Frente a semejante torpeza, la respuesta Interamericana ha sido contundente en permanecer alerta y doblegar los esfuerzos para agilizar las denuncias, peticiones, medidas cautelares, informes y audiencias que documentan las graves violaciones de derechos humanos. Además de la CIDH, la Secretaría General y la Asamblea de Estados partes de la OEA mantienen activados mecanismos de diálogo, consultas y sanciones contra el gobierno de facto de Maduro y sus aliados para encausar una salida democrática de la crisis.

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

En junio de 2018 la Oficina de la Alta Comisionada elaboró un Informe titulado “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, donde plasmó “la crisis política, económica, social y humanitaria que afecta gravemente los derechos humanos” e hizo especial énfasis en las estrategias que el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”.

A partir de este Informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a la Oficina de la Alta Comisionada de mantener un diálogo interactivo con las autoridades de Venezuela y presentar informes actualizados. En el marco del diálogo interactivo, Michelle Bachelet, jefa del Alto Comisionado visitó por primera vez Venezuela en junio de 2019 y emitió un primer informe demoledor para el Estado venezolano, quien fue instado a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país. Del mismo modo, destacó la militarización de las instituciones, el sometimiento de civiles a la justicia militar, detenciones arbitrarias, malos tratos y violencia de género durante las detenciones, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y la participación de grupos civiles armados para imponer control social o reprimir las manifestaciones. Atribuyó a las Fuerzas Especiales (FAES) –equipo de operaciones de seguridad y defensa bajo responsabilidad directa del vicepresidente de la república–, 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante 2019 y entre enero y mayo de este mismo año, el FAES registró 1.569 muertes, según fuentes del propio gobierno.

Aunado a todo ello, el informe reflejó escasez de alimentos, el precario servicio eléctrico y de agua potable, la crisis y muertes sanitarias, y la práctica de extracción minera en los estados Bolívar y Amazonas por bandas armadas con la anuencia de las fuerzas de seguridad del Estado, incurriendo en tala indiscriminada y violaciones al hábitat de los pueblos originarios de la zona. Finalmente, la Oficina de la ACNUDH calificó como cuestiones más espinosas la tortura y el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones cometidas por fuerzas de seguridad del Estado.

En septiembre de 2020 se cumple el plazo para que la Oficina ACNUDH entregue al CDH: “un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en el que se preste especial atención a la independencia del sistema de justicia y el acceso a la misma, en particular a las violaciones de los derechos económicos y sociales y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”.

Misión para Determinación de los Hechos (Fact Finding Mission FFM).

El CDH, en septiembre de 2019, expresósu gran preocupación por la alarmante situación de los derechos humanos” en Venezuela y acordó conformar una comisión de investigación integrada por tres expertos independientes, la FFM, que se debe instalar en territorio venezolano, con el mandato de elaborar y presentar un informe sobre las violaciones y transgresiones de los derechos humanos desde enero de 2014, a efectos de determinar su magnitud y si podrían constituir delitos internacionales, identificando a los autores de violaciones y transgresiones, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas.

La FFM deberá formular recomendaciones sobre las medidas que han de adoptarse para garantizar que los autores de las violaciones y transgresiones, independientemente de su afiliación, rindan cuentas de sus actos y colaborar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas, a fin de que aporten apoyo y conocimientos para mejorar inmediatamente la situación de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

La misión presentará el informe durante un diálogo interactivo que se celebrará en el mes de septiembre de 2020 ante la CDH y la Asamblea General en su 75º período de sesiones.

Hasta la fecha, el Estado venezolano no ha permitido el ingreso de los tres expertos independientes designados por la presidencia del CDH, además de generar obstáculos al trabajo de la misión, representa la clara disposición que tiene el régimen militar de Maduro para encubrir las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que se cometen bajo su mandato en Venezuela.

Corte Penal Internacional (CPI)

La Fiscalía de la CPI acordó el examen preliminar para determinar si presenta cargos por delitos de lesa humanidad contra funcionarios del Estado venezolano. La denuncia relata hechos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, cometidos por fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de 2018.

Esta política de ataque sistemático hacia la población civil que manifiesta su descontento contra el gobierno, así como la persecución política y militar contra la disidencia, escaló con mayor gravedad para la vigencia de los derechos humanos y preocupación para la comunidad internacional a partir de febrero de 2014. En virtud de ello, seis países del hemisferio americano (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) acudieron ante la CPI para denunciar el ataque generalizado y sistemático contra una población civil por parte del aparato represor del Estado policial, militar y civiles armados que operan con la anuencia de las fuerzas de seguridad.

Conforme a estudios presentados por organismos multilaterales, organizaciones de derechos humanos, centros de investigación académica e instituciones especializadas en estudios sociales, Venezuela registra desde 2014 más de 8.500 casos ejecuciones extrajudiciales, 290 casos de torturas y 12.000 casos documentados de detenciones arbitrarias. Todo esto está siendo evaluado por la Fiscalía de la CPI en etapa de examen preliminar para iniciar una investigación formal que ponga en el banquillo de los acusados a los responsables: perpetradores y actores intelectuales.

Es fundamental reiterar, que la CPI únicamente interviene ante crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, lo que demuestra que la comunidad internacional tiene sus ojos en la gravedad de las violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo en Venezuela, siendo que las solicitudes a la Fiscalía de la CPI han sido realizadas por varios Estados Parte del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI.

Frente a esta situación, resulta necesario hacer un reconocimiento especial para las víctimas, sus familiares y defensores de derechos humanos que con tenacidad y persistencia se han mantenido en pie de lucha para denunciar el abuso de poder, las prácticas autoritarias y ataques sistemáticos contra la población civil desarmada. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos no han cesado, por el contrario, se han ido sofisticando e intensificando contra la disidencia civil y militar, perpetrando delitos de lesa humanidad.

Es difícil lograr activar simultáneamente cinco mecanismos internacionales del más alto nivel para verificar graves violaciones de derechos humanos, identificar responsables y reparar a las víctimas. Y, si a todo ello sumamos la realización de una elección presidencial llena de irregularidades y calificada como no creíbles por la comunidad internacional, podemos afirmar que el régimen de Nicolás Maduro se encuentra en las antípodas de la democracia.

Sin lugar a duda, estos cinco mecanismos son consecuentes con la voluntad de la sociedad civil venezolana de resolver las diferencias mediante el uso de las instituciones, el estado de Derecho y el imperio de la Ley. Llegó la hora para que la comunidad internacional de respuestas a las víctimas y sus familiares, a la sociedad civil venezolana que no solo encarcelan, torturan o matan sino la que también emigra masivamente o a la que permanece en el país frente a la escasez de alimentos y medicamentos. La voluntad inequívoca de la comunidad internacional es fundamental para lograr un cambio que permita reencausar a Venezuela en la senda democrática, a través de un proceso electoral sin apartar el proceso de memoria, verdad y justicia.

@ajpuppio Abogado

Madrid, 01 de febrero de 2020