Investigadora y consultora de la Fundación Bengoa y experta en Nutrición, Seguridad Alimentaria y Gestión del Riesgo de Desastres, sobre la situación actual del derecho a la alimentación en Venezuela
Conversamos con Susana Raffalli, investigadora y consultora de la Fundación Bengoa y experta en Nutrición, Seguridad Alimentaria y Gestión del Riesgo de Desastres, sobre la situación actual del derecho a la alimentación en Venezuela, en un contexto marcado por la escasez, el desabastecimiento, el deterioro de la dieta del venezolano y la promoción de medidas discriminatorias por parte del Estado, que, sumadas a la escalada inflacionaria que vive el país, amenaza seriamente la garantía de este derecho humano.
Raffalli afirma que la crisis alimentaria que está ocurriendo en Venezuela, debe medirse de acuerdo a los criterios e indicadores que se utilizan en el mundo para describir las crisis alimentarias. “La situación es de una crisis de inseguridad alimentaria severa”, advierte.
¿Por qué afirmas que atravesamos una crisis de inseguridad alimentaria severa?
La seguridad alimentaria tiene tres dimensiones principales: la primera es la dimensión de la disponibilidad, es decir, que haya una oferta suficiente de alimentos, de energía alimentaria para un país; la segunda dimensión es que la población tenga acceso a esos alimentos, que están disponibles; y la última es la suficiencia y la calidad de ese alimento que se va a consumir. Una cuarta dimensión atraviesa a todas, y es que todas las anteriores dimensiones deben ser estables, es decir, tú puedes tener disponibilidad de alimentos durante 2 o 3 meses porque trajiste 26 barcos, pero después eso se acaba, entonces ya ahí se perdió la estabilidad. No sirve tener seguridad alimentaria de forma intermitente.En Venezuela están fallando todas las dimensiones.
Durante los primeros años de la gestión de Chávez se mantuvo la oferta de alimentos en forma adecuada aproximadamente hasta 2010. En cuanto a la oferta, Venezuela estaba por encima de las 2.000 calorías diarias por persona mínimas que debe tener un país para considerar que existe seguridad alimentaria. A partir de 2013 eso viene decreciendo y debemos estar ahora sobre las 1.800 o 1.900 kilo/calorías por persona, es decir no llegamos ni al nivel límite de las 2.000 calorías, que vale decir, en contextos de desigualdad social como el actual, puede significar que algunos estén por 900, 800 o sin ninguna caloría y puede haber otros que estén por arriba del mínimo.
El acceso a los alimentos está limitado porque hay limitaciones en el acceso económico por la alta inflación y el aumento de los precios de los productos alimentarios, que en los primeros seis meses está por encima del 500% según el Banco Central de Venezuela
El acceso a los alimentos está limitado porque hay limitaciones en el acceso económico por la alta inflación y el aumento de los precios de los productos alimentarios, que en los primeros seis meses está por encima del 500% según el Banco Central de Venezuela. El incremento de los salarios no ha sido suficiente. El ritmo del aumento de los alimentos no ha sido el mismo que el incremento de los salarios. El costo de la canasta alimentaria mínima está por los 150 o 160 mil bolívares y el salario está por 30 mil bolívares, tenemos un poder adquisitivo alimentario en ruinas.
Pero las dificultades en el acceso económico se complican además porque hay dificultades en el acceso físico que se mide por la escasez y el desabastecimiento. Esta escasez generalizada ya es palpable. El mismo Banco Central de Venezuela tiene un límite de que cuando un producto muestra una escasez de 40% ya es crítico, y aquí tenemos una escasez en promedio que ronda el 80 y el 90% pero ya llegó al 100% en productos específicos como la harina de maíz, el aceite y la azúcar.
La escasez generó además el tercer problema que dificulta el acceso físico a los alimentos que es que, ante la incapacidad de la red pública de distribución de alimentos, que es la reconocida oficialmente por el gobierno, se generó un mercado negro de alimentos llevado por lo que llamamos bachaqueros, que realmente son parte de la economía informal y son parte de la economía popular. Estos revendedores de alimentos cuando incurren en la especulación y en cobrar 2.000 veces más lo que un alimento debe costar, rayan en la economía popular delictiva, pero verdaderamente están haciendo una labor de generación de ingresos y de sobrevivencia que es totalmente legítima. La pérdida del poder adquisitivo alimentario, la escasez y un mercado paralelo de alimentos que es inaccesible, sumado a la ineficiencia y el desmantelamiento de la red pública de distribución nos hacen afirmar que estamos ante esta crisis de inseguridad alimentaria severa.
¿Cómo ha impactado ésta situación en la dieta de los venezolanos?
El 75% de la energía alimentaria que consumimos está proviniendo de almidones y grasas, hay una caída importantísima hasta de 30% en el consumo de proteínas de origen animal que a su vez, son la fuente de hierro y otros nutrientes importantes. Hay una disminución en el consumo y muy poco cuidado en la vigilancia sanitaria de las redes de distribución de alimentos. Los mercados a cielo abierto que ha manejado el gobierno como gestor del sistema alimentario, y que ahora están manejando los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), son controles desconocidos, no se sabe cómo empacan esos alimentos, si siguen normas higiénicas, no se sabe siquiera si el alimento que están empacando y vendiendo viene con la normativa específica de agregado a micronutrientes, así que hay una deficiencia en cuanto a la calidad y la suficiencia del consumo.
Estamos por debajo de la oferta alimentaria que se necesita, tenemos un poder adquisitivo alimentario totalmente pulverizado con una canasta alimentaria cientos de veces por encima del salario mínimo, y un sistema de distribución de alimentos ineficiente.
Ya empezamos a acusar recibo de un daño nutricional importante que se evidencia sobre todo en población infantil. Tenemos registrado déficits nutricionales entre un 10 y un 12% en cascos urbanos y hasta de un 16% a 19% en zonas periurbanas y, en zonas muy pobres, sean urbanas o rurales, ya tenemos déficits nutricionales hasta de un 20 o 23%. Ya esto pasó factura. Lo grave del daño nutricional como consecuencia de la inseguridad alimentaria es que del hambre no se regresa. El hambre no solamente tiene un presente para el que la está padeciendo, también tiene un futuro. El niño que ha crecido con un deterioro en su consumo de alimentos, es un niño que está creciendo con un déficit cognitivo, que va a tener una menor progresión escolar y por lo tanto va a ser un adulto menos competitivo en el mercado de trabajo.
Los CLAP ¿solucionan o profundizan la crisis?
Los CLAP no se han formado ni están repartiendo las bolsas con criterios alimentarios. El contenido de la bolsa se define por azar, no se define por lo que una familia necesita comer. Son mecanismos excluyentes en los que se benefician unas personas y otros no. Se les ha atribuido funciones de orden público, lo que es completamente inconstitucional, y por último, son un mecanismo para poner a la población en contra de la propia población, los CLAP lo que están haciendo es poner al pueblo a hacer el trabajo sucio que debería corresponderle al propio gobierno. Es vergonzoso, que el Estado después de haber administrado el sistema alimentario en abundancia de recursos desde el año 2002, con casos de corrupción denunciados por el propio Presidente Maduro, ahora que ya no hay recursos, se lo da la población. La respuesta no ha sido adecuada.
Es vergonzoso, que el Estado después de haber administrado el sistema alimentario en abundancia de recursos desde el año 2002, con casos de corrupción denunciados por el propio Presidente Maduro, ahora que ya no hay recursos, se lo da la población
¿Qué medidas deben adoptarse para superar la crisis?
Hay que tomar medidas humanitarias urgentes para la protección de la población expuesta a los peores daños. Estas medidas pasan por dos cosas fundamentales: la primera es describir lo que está pasando. Aquí hay una ausencia absoluta de información en términos del alimento que la gente realmente se comió y en términos del estado nutricional. El Estado venezolano no produce ni hojas de balance de alimentos, ni encuestas de consumo real, ni datos del sistema de vigilancia del estado nutricional de la población desde el año 2013 y 2014. Entonces tenemos que sentar un sistema de monitoreo de esta crisis alimentaria que nos permita identificar tres cosas: dónde están los más afectados, cuántos son, qué necesitan y por cuánto tiempo. Eso es fundamental.
La segunda medida que hay que tomar para la atención de la emergencia nutricional, es hacer accesible suplementos nutricionales y raciones de alimentación nutricionalmente válidas para tres tipos de población: embarazadas y niños menores de 2 años; población en edad escolar y poblaciones en situación de dependencia, me refiero a personas hospitalizadas, personas atendidas en entidades de protección como orfanatos; y tercero, a los privados de libertad. A estos grupos de la población hay que hacerles un circuito de alimentación de emergencia con los alimentos que se necesitan y allí vamos a decir no se necesitaban los CLAP. Los CLAP ya están formados. Los CLAP legítimos con fines nutricionales, válidos para llegar a la población que realmente lo necesitan, son los ambulatorios, los orfanatos, los ancianatos, los hospitales del país.
La tercera medida que estamos recomendando es que se asuma un proceso deeducación nutricional. A veces se cree que la educación nutricional hay que darla cuando uno come bien y puede elegir las cosas, pero no, cuando no se tiene acceso al alimento hay que hacer educación nutricional, cuáles son las mejores opciones, por ejemplo fomentar la lactancia materna.
La cuarta medida es restaurar el sistema alimentario del país. Debe haber participación de todos los sectores. Debe construirse un sistema alimentario plural, tanto el sector público como el privado deben ser agentes válidos. Esa es la gran diferencia respecto al programa hambre cero de Brasil y al milagro nutricional de Evo Morales. Aunque son proyectos ideológicos similares al venezolano, en ambos casos se respetó el espacio de todos los que producían alimentos en esos países. No se puede quitar legitimidad a quienes están alimentando al país si como Estado ni siquiera has desarrollado las capacidades para producir o distribuir alimentos. Hay que reestablecer ya, el circuito de distribución de alimentos habitual. Pero esto va a tomar mucho tiempo, porque el alimento está siendo utilizado con fines de ideologización y control político, como botín de corrupción de los que llevan el control del sistema y finalmente como medio de trabajo legítimo, ilegal, pero legítimo, de los bachaqueros.
Por ello, como última medida proponemos restaurar también el sistema de protección social de la población más vulnerable, para protegerla de las medidas que hay que tomar para rectificar el rumbo del país. No podemos seguir con un sistema de protección que parece un operativo en lugar de una política de protección social. Tenemos que reorientar los recursos para generar programas que tengan al menos tres características: la primera que tengan fines sociales y alimentarios; la segunda que tenga metas de cobertura que realmente se respeten y la tercera es que se puedan auditar, sobre todo por los beneficiarios finales.
Por último, es necesaria la visibilización y la denuncia. Ante todo esto que está pasando no es suficiente la disculpa ni que nos digan vamos a rectificar, dennos la confianza, es que es el niño, los precios del petróleo o la guerra económica. No, ninguna de estas causas justifica que usted como Estado no se haya preparado para esto. La causa no está en el niño, no está en la caída de los precios del petróleo, porque los países de la región que han sido afectados por estas dos cosas no tienen la crisis alimentaria que tiene Venezuela. Al final, todo este quiebre de la seguridad alimentaria y nutricional en el país, pasa porque el gobierno no ha podido manejar con eficiencia sus tres obligaciones en cuanto al derecho a la alimentación que son facilitar el cumplimiento del derecho a la alimentación, proteger a los venezolanos del deterioro de su dieta básica, y respetar todos los medios que teníamos para alimentarnos por nosotros mismos.
Inti Rodríguez
Coordinador de Investigación de Provea
