La firma del memorando de entendimiento entre la administración Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional obliga al oficialismo desde sus instancias judiciales a cumplir cabalmente con la investigación y juicio de graves violaciones de derechos humanos, la pena de enfrentarse a la mismísima CPI en La Haya. Raúl Cubas, fundador de Provea, asegura que el Estado venezolano no ha mostrado la más mínima intención de enmendar o brindar justicia y reparación a las víctimas
Raúl Cubas sabe lo que es luchar por los derechos humanos, tanto en su propia tierra como en las extranjeras. Perseguido por las dictaduras castrenses al ser parte del movimiento Los Montoneros, en su natal Argentina, terminó preso en la ESMA, la terrible Escuela Mecánica de la Armada donde se ha demostrado que fue sitio oficial de torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones.
Luego de tres años preso, salió de su país rumbo a Venezuela donde se incorporó a la lucha por los DDHH. Forma parte del grupo fundador del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), desde donde aboga por el respeto a los defensores y formar nuevas alianzas para defender los elementos más fundamentales de cualquier ser humano: la vida, alimentación y la posibilidad de denunciar y disentir.
En entrevista para la alianza TalCual – Provea, Cubas asegura que la lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela durante los dos últimos años “se ha incrementado y hay que destacar el papel de las víctimas, sus familiares y abogados. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional y ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos, incluso Grupos de Relatores de distintos derechos de Naciones Unidas que muestran presencia y activismo para conseguir justicia a favor de las víctimas”.
– ¿Qué evaluación hace de la situación de derechos humanos en el país durante 2021?
—Venezuela vive desde el año 2014 una violación estructural de derechos humanos, que incluyen presos políticos, detenidos en manifestaciones pacíficas, asesinatos en el transcurso de manifestaciones, torturas a detenidos, persecuciones y amenazas a familiares de detenidos, exiliados; y lo característico de todas estas situaciones es que permanecen en la impunidad. Mientras exista esta impunidad, esta situación de derechos humanos no va a cambiar.
También hemos visto en 2021 algo que no sucedía en años pasados que es la persecución a los defensores y activistas de derechos humanos. Lo más generalizado durante los últimos años ha sido la estigmatización pública de los defensores por opiniones de altos funcionarios.
Recordemos que el año 2021 empezó con el allanamiento de Azul Positivo, la detención de cinco de sus integrantes que fueron sometidos a un proceso penal, y finalmente por la presión nacional e internacional fueron excarcelados pero siguen bajo régimen de presentación. Posteriormente, y el peor hecho registrado, fue la detención de tres activistas de Fundaredes quienes venían denunciando la violación de derechos humanos en estados fronterizos y la complicidad o convivencia de las fuerzas del Estado con organizaciones irregulares colombianas.
Este es el hecho más grave que ha ocurrido desde 2014 y entendemos que pretende sentar un precedente de intimidación hacia las organizaciones de derechos humanos y sus activistas. Por eso se está proponiendo una campaña nacional e internacional por la libertad plena de los activistas de Fundaredes acusados de delitos como traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, que son insostenibles en cualquier sociedad democrática.
Las han mencionado en informes de Bachelet, hay un examen preliminar en la CPI sobre este punto ¿Qué tanto ha calado el discurso de Maduro de que las sanciones son la fuente de la crisis social?
—Las sanciones unilaterales tomadas por distintos gobiernos contra el de Venezuela, Provea las ha condenado y criticado porque no son la manera de contribuir al retorno democrático en Venezuela. También cabe mencionar que las primeras sanciones no fueron hacia el Estado venezolano sino hacia funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción.
Las sanciones que han agravado a la situación económica y social del pueblo de Venezuela se dieron a partir de 2019, y esas sanciones deben ser levantadas para contribuir en el proceso de negociación iniciado en México meses atrás, del cual lamentamos que solo partidos políticos de oposición estén participando y no haya representantes de los diversos sectores de la sociedad civil venezolana como organizaciones sindicales, de derechos humanos, de mujeres, academias, es decir, organizaciones que tienen algo que decir y pueden contribuir a que este proceso sea exitoso.
Un evento importante este año fue la visita del fiscal Khan. Se firmó un memorando de entendimiento, ¿cree que la administración Maduro está en condiciones de cumplir?
—Soy de la opinión que el Gobierno debiera cumplir con ese memorando para verdaderamente dar muestras de su interés y voluntad política por investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que tanto el Alto Comisionado como la Misión de Verificación han calificado como crímenes de lesa humanidad.
Pero hasta que no haya una primera señal de juzgamiento de los altos mandos militares y civiles que han ordenado la represión desde el año 2014, creo que no se estará en el camino correcto.
Siempre hago referencia a cuál debería ser la actitud de un gobierno con voluntad política para condenar, sancionar y resarcir las graves violaciones a los derechos humanos y pongo el ejemplo en el año 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín como presidente de Argentina después de la más sangrienta y terrible dictadura que se vivió en ese país, que dejó un saldo de más de 30 mil desaparecidos, miles de asesinados, presos políticos y exiliados. La primera medida de ese Gobierno fue iniciar un juicio a todos los altos mandos militares integrantes de las distintas juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983. Y se hizo en el primer año de Gobierno y fue un juicio ejemplar transmitido por los medios públicos a la población y terminó en cadena perpetua para la mayoría de los militares que cometieron ese genocidio en Argentina.
¿Va a pasar eso aquí? Depende de no solo del Gobierno de Maduro y de la CPI, sino de la movilización y presión que puedan ejercer las víctimas y sus familiares para que en Venezuela se de un proceso de memoria, verdad y justicia.
– Justamente por esa visita se aceleró la resolución de algunos juicios como el caso David Vallenilla, se avanzó en el caso Acosta Arévalo, pero en las últimas semanas se han paralizado audiencias. ¿Qué tanto puede sostener este «estilo» el Gobierno con una investigación de la CPI a cuestas?
–Insisto en que el si el Gobierno venezolano quiere cumplir con el memorando de entendimiento con la CPI debe no solo investigar los casos donde la responsabilidad directa recae en funcionarios de bajo rango que ejecutaron las acciones directas de la represión. Mientras la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el poder Judicial no comiencen con la investigación y juicio a los altos responsables de la cadena de mando militar y civil, eso no es una buena señal y se puede sostener un poco en el tiempo porque dará una clara respuesta de que privilegian la impunidad sobre la justicia.
Hemos visto nuevas masacres realizadas este año, una de ellas en Apure, ¿qué diferencia hay con las que denunció Provea durante sus inicios como la masacre de El Amparo?
—Los contextos históricos son totalmente distintos entre el año 1988 a la actualidad en relación a la masacre de El Amparo y las que han ocurrido últimamente en Apure. En 1988 el Cejap fusila a los 14 pescadores de El Amparo y los presenta como lo que ahora se conoce como falsos positivos, los mostraron como un enfrentamiento cuando en realidad estaban pescando sin tener ninguna vinculación a la guerrilla colombiana como se dijo entonces.
En aquel momento ya había presencia guerrillera del ELN en las zonas fronterizas de Apure. La diferencia con el año 2020 es que no solo esa presencia es masiva en los estados fronterizos como Táchira, Zulia, Apure, Amazonas e incluso Bolívar; sino que en la actualidad hay una convivencia entre esos grupos irregulares colombianos armados y las fuerzas armadas que han hecho la vista gorda a su presencia en el país.
Esta última masacre se produce en el marco de lo que hemos investigado como el tema de control de territorios, y evidentemente se le escapó de las manos al contingente militar venezolano que opera en la frontera, y tuvieron un enfrentamiento con irregulares colombianos con un saldo que afectó más a la población civil. En eso es exactamente igual a El Amparo. Las personas que aparecen como supuestos guerrilleros, la investigación demostró que eran pobladores cercanos al enfrentamiento y fueron asesinados para mostrarlos como tal.
Los defensores están amenazados constantemente, son acusados desde el poder o encarcelados, ¿es necesario más apoyo de la sociedad civil para reclamar por los derechos humanos?
—Es evidente que para frenar las políticas represivas del Gobierno, no solo hacia las organizaciones de derechos humanos sino a los disidentes políticos, es necesario un mayor apoyo y organización de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
En el campo de los presos políticos, los familiares deben conseguir apoyo del resto de la sociedad, pero de forma más masiva y no de sus círculos cercanos. También existen más de 50 dirigentes sindicales detenidos o procesados por protestar por derechos laborales y también necesitan el apoyo. Estos sectores, la mayoría pertenecen a los que se conoce como chavismo crítico y, en opinión de Provea, también deben ser parte de este movimiento social que garantice que el derecho a defender derechos que tiene todas las personas, además de las organizaciones sea una realidad efectiva en Venezuela. Que se entienda que defender derechos no es un delito, todo lo contrario, es un derecho.
– Recientemente cuatro relatores de la ONU denunciaron la situación de la ONG y las trabas administrativas en el país. En este escenario, ¿es posible que continúen este tipo de iniciativas?
—Efectivamente, los relatores de Naciones Unidas han denunciado una práctica que viene sufriendo el sector de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desde hace una década, que pretende que no se realicen las acciones que se deben hacer para defender los derechos de las víctimas.
¿Pueden seguir sucediendo? creo que sí, no veo ninguna señal que se levanten ese tipo de trabas administrativas o políticas que pretendan disminuir nuestra presencia en el país. Por eso es tan importante la labor que hacemos para difundir estas situaciones a nivel internacional porque a nivel interno no hemos conseguido ninguna respuesta positiva en todos estos años.
Este año hemos visto más masacres, gobiernos claramente dictatoriales y funcionarios en esa vía en toda América Latina ¿Ha perdido terreno la lucha por los derechos humanos en la región?
—Lo que sucede en América Latina no es que haya perdido vigencia la lucha por los derechos humanos, sino es un cuadro de situación donde muchos gobiernos que, para imponer sus políticas contrarias a la vigencia de derechos sociales y de los pueblos, han incrementando políticas regresivas e imponen la represión para tratar de frenar la resistencia de los sectores organizados.
La lucha por los derechos humanos, a mi manera de ver, sigue vigente en la mayoría de los países de la región como, por ejemplo, en Argentina donde prosiguen los juicios por lesa humanidad a los dictadores de la época de los 70. También ocurre en Chile. Vemos que en Perú los familiares de víctimas están logrando que empiecen juicios a los responsables de la represión durante el gobierno de (Alberto) Fujimori, del cual ya han pasado poco más de 20 años; e inclusive en Colombia, con todo el proceso de acuerdos de paz y justicia transicional van dando algunos resultados positivos con condenas a militares implicados en represión y sectores paramilitares.
En ese sentido, quiero destacar como ejemplo que la lucha de los derechos humanos continúa con la creación de tres observatorios para la defensa del derecho a la vida y de defensa de los derechos en Perú, Colombia y Venezuela. Observatorios que llevan el nombre de Odevida que han permitido y están permitiendo articular a los tres países realizando investigaciones sobre derechos de la mujer, ambientales e indígenas y acciones de solidaridad cuando se presentan hechos que afectan la seguridad, vida o integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos en un sentido amplio, porque abarca también a líderes indígenas, campesinos y trabajadores.
Alianza Provea-TalCual
