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Liliana Ortega, directora de Cofavic, apuesta porque el Consejo de DDHH de Naciones Unidas se decida por el nombramiento de una comisión de investigación. Héctor Faúndez Ledesma estima que sería preferible una relatoría, pero no tiene mayores expectativas sobre la actuación del Consejo de DDHH.

El pasado nueve septiembre, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su actualización oral al informe que presentó en julio sobre la situación de los DDHH en Venezuela, ratificó que la situación de los mismos continúa afectando a millones de personas en este país e insistió en las recomendaciones de su oficina para superar tal situación.

Bachelet indicó en esa oportunidad que su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)de la Policía Nacional, y también de tortura y malos tratos a personas arbitrariamente privadas de libertad, así como su preocupación por la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena pemón, la muerte de indígenas de la etnia warao, y por el impacto de la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales del Arco Minero del Orinoco.

El documento original y la actualización mencionada han sido estudiadas por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas desde esa fecha en su actual período de sesiones (42), el cual culminará el 27 del presente mes y entonces se deberá tomar una decisión al respecto, que puede ir desde la conformación de una comisión de investigación o la designación de una relatoría especial para continuar con el monitoreo de los DDHH en Venezuela.

Para conocer la probabilidades de tales escenarios que pueden surgir de las deliberaciones del Consejo de Seguridad, conformado por 47 miembros y cuyas decisiones se toman por mayoría simple, TalCual conversó con los expertos en DDHH Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), y Héctor Faúndez Ledesma, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional, además de profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes tienen visiones divergentes sobre lo que puede ocurrir al término de las sesiones del Consejo.

Ratificación

“El Consejo de DDHH tiene todo este tiempo para ver cuál es la voluntad del Estado para cumplir los cronogramas que presente la oficina del alto comisionado en relación a visitas carcelarias, pero el 27 puede retomar el tema si hay alguna solicitud expresa de países de activación de una comisión de investigación y ratificar el mandato que dio en septiembre del año pasado a la alta comisionada”, indicó Liliana Ortega.

La directora de Cofavic resaltó que, en el caso de Venezuela, Bachelet tiene un mandato específico porque el país tiene una crisis de DDHH.

La ratificación del mandato, la posibilidad de creación de una comisión de investigación o la posibilidad del nombramiento de un relator son los elementos disponibiles en el ámbito de las sesiones del Consejo de DDHH”, explicó Ortega.

Detalló que las propuestas que se presenten serán sometidas a votación en el Consejo y que la decisión se tomará por mayoría. En este caso recalcó que no existe el derecho de veto del que gozan tanto Rusia como China, aliados del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Comisión de Naciones Unidas

Ortega confía en que se ratificará el mandato a la alta comisionada para que continúe monitoreando  la crisis de DDHH de Venezuela. “Cofavic, con 11 ONG nacionales e internacionales está solicitando que se nombre una comisión de investigación, que es complementaria al accionar de la oficina del Alto Comisionado, lo hacemos porque las víctimas en Venezuela tienen un desamparo institucionalizado”, precisó.

Resaltó que los DDHH se deben evaluar desde los testimonios de las propias víctimas. “Todas las herramientas que puedan servir para buscar justicia, establecer la verdad y vías de reparación son muy importantes, no sustituye el Poder Judicial del Estado, no emite sentencias, simplemente lo que hace es recopilar información, documentar casos emblemáticos para establecer pruebas y posibilidades de justicia”, expresó.

Categórico

Por su parte, Héctor Faúndez Ledesma manifestó no tener mayores expectativas de lo que pueda hacer la Comisión, e indicó que esperar algo más allá de lo que indicó la alta comisionada no es ser realista.

Héctor Faúndez

Naciones Unidas no tiene un ejército para invadir Venezuela y deponer al gobierno, no puede adoptar una resolución destituyendo al gobierno. Eso no va a ocurrir. Lo que se esperaba es lo que ya hizo. Hacer una investigación seria, imparcial, que implicaba escuchar a ambas partes, realizar visitas, tanto ella (Bachelet) como de sus funcionarios y a partir de las informaciones obtenidas elaborar un informe”, detalló el docente.

Recalcó que el informe de Bachelet “es lo suficientemente categórico” para dejar satisfecha a la oposición venezolana, pero que no es posible esperar cosas diferentes.

“La oficina de la Alta Comisionada o el Consejo de DDHH no son un tribunal internacional que vaya a imponerle una pena o castigo al régimen de Maduro; nadie de Naciones Unidas va condenar a Nicolás Maduro. Lo que se alcanzó era de esperar, cualquier  otra cosa es no comprender cuáles son las competencias del Conjsejo de DDHH y de la Alta Comisionada qué es lo que se puede esperar del ámbito de las Relaciones Internacionales”, enfatizó.

Negociación en Naciones Unidas

Faúndez Ledesma afirmó que probablemente lo que surja es una resolución del Consejo que será negociada y edulcorada. “Está el informe (de Bachelet) y a partir de allí se va a suavizar, reducir y el consejo con toda seguridad lo que va a hacer es ratificar su profunda preocupación sobre lo que está pasando en Venezuela y va a incluir el bloqueo económico al que se encuentra sometido Venezuela, que no quepa duda de eso”.

Auguró que la decisión final no va a ser mejor que el informe, sino que, por el contrario, significará un paso atrás en muchos aspectos. “Será más breve, máximo dos tres páginas, y será meramente retórico, porque no puede hacer más. En el informe de la Alta Comisionada hay una investigación, allí hay hechos concretos que se están señalando. El Consejo es un órgano político, conformado por Estados, no técnicos, especialistas en DDHH, embajadores de Estados y va a intentar suavizar, edulcorar eso, y al mismo tiempo se va a manifestar la grave situación por la que está atravesando Venezuela y se va a hacer un señalamiento culpando al bloqueo internacional”.

Desde su perspectiva, más relevante que una comisión de investigación sería el nombramiento de un grupo de trabajo o una relatoría especial. “Son más notables, más importantes y tienen un mayor grado de independencia los procedimientos especiales. Los grupos de trabajo y relatores especiales designados para temas específicos es en donde se le da una consideración mucho más seria y relevante a qué es lo que está ocurriendo en el país. Uno de los temas en los que ha puesto énfasis la alta comisionada es el de las ejecuciones sumarias. Si eso lo toma el relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones sumarias puede ser importante si es él quien hace un pronunciamiento, no el consejo de DDHH”.

Cumplimiento

Además de la negociación, que puede afectar la contundencia del informe, el otro escollo que puede enfrentar la búsqueda de enfrentar los atropellos a los DDHH en Venezuela es la posición del gobierno de Nicolás Maduro, que rechazó el informe de Bachelet y es posible que se niegue a permitir la entrada de los funcionarios de la comisión, en caso de que se designe una instancia para investigar los hechos.

En este sentido, Liliana Ortega destacó que el Consejo ha nombrado alrededor de 50 comisiones de investigación en el mundo y buena parte de las mismas no reciben las facilidades de los gobiernos, sino que actúan desde Ginebra con todas las herramientas que tiene Naciones Unidas para realizar una indagación.

“Apostamos porque la oficina de la Alta Comisionada pueda mantenerse en Venezuela y que el gobierno cumpla con las condiciones que inicialmente acordó”, expresó.

Para Faúndez Ledesma, si hay suficiente presión y se cuenta con los votos (24 como mínimo) se podría designar un relator especial o conformar un grupo de trabajo que investigue la situación. “La sola circunstancia que se designe sería un logro inmenso, pero no creo que vaya a ocurrir”, advirtió.

Por José Luis Carrillo para la alianza Tal Cual-Provea

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