El director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Francisco Quintana, aseguró que, en varios países de la región, entre ellos Venezuela, se han registrado numerosos abusos, e hizo hincapié en la necesidad de que las medidas adoptadas respeten la Constitución y los tratados internacionales

“A nivel internacional esta pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de las democracias de los Estados de todo el mundo y de la misma manera también ha puesto en evidencia el autoritarismo de algunos regímenes a nivel mundial y en la región. Los Estados tuvieron que tomar medidas para contener una pandemia a la cual el mundo no estaba acostumbrado. El uso excesivo de la figura de los estados de excepción y que a la fecha han sido prorrogados en diversas ocasiones sin profundizar en los criterios para su otorgamiento, genera preocupación en algunos países, sobre todo ante la ausencia de una robusta separación de Poderes”.

La afirmación corresponde a Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien en entrevista para TalCual, llamó la atención en que se ha visto este tipo de escenarios Perú y Venezuela, por citar algunos ejemplos.

Advirtió que en algunos casos las limitaciones a los derechos no han sido solamente a través de la figura de Estados de excepción, pues se han emitido órdenes administrativas, ya que en algunos países las decisiones son tomadas directamente por el titular del Poder Ejecutivo. Considera que, si bien los estados de excepción son necesarios, en algunas ocasiones las autoridades han excedido los límites de respeto a los DDHH consagrados tanto en las respectivas constituciones de esos países, como en los tratados internacionales suscritos por esas naciones.

“Un ejemplo de lo anterior se presentó cuando se impidió el regreso de nacionales a su propio país, era una situación que no habíamos visto ni siquiera en situaciones muy excepcionales ante un derecho establecido en la Convención Interamericana. Esta situación fue objeto de enérgicos pronunciamientos por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU”, resaltó.

Para Francisco Quintana las medidas deben estar sujetas a control judicial

Francisco Quintana estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su Maestría en Leyes en la London School of Economics and Political Science. Entre 2001 y 2003 se desempeñó como abogado en la oficina de Cejil en Costa Rica y desde 2004 y hasta 2006 lo hizo como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado recalcó que la restricción de garantías como los derechos de asociación, de reunión, de circulación, aunque sean necesarios para enfrentar la contingencia por el covid-19, deben ser temporales, tener un carácter excepcional y estar siempre sujetas a los controles por parte del Poder Judicial para que revise todos esos elementos, que además deben atender estrictamente la situación que se genera.

“La situación de limitación de los derechos, no es solamente por la coyuntura actual; hay preocupaciones porque en el futuro podría limitarse en el sentido de la privacidad. Algunos gobiernos, en Europa y Asia, han establecido la capacidad de seguir a las personas a través de sus teléfonos celulares y esto, si bien podría parecer en primer lugar una medida razonable, la implicación de que ese control continúe una vez pasada la pandemia continúa latente”, advirtió el experto en DDHH.

Francisco Quintana considera que el trabajo de ONG y periodistas es limitado

-¿Cuál ha sido la situación que han observado en Venezuela durante la cuarentena? Se ha reportado de detenciones a periodistas y también a profesionales de la salud que han dado información sobre el virus.

-Desde el Cejil trabajamos con un gran número de organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Una de las mayores preocupaciones es la situación de libertad de expresión y el ejercicio del derecho a defender derechos. En una situación como la que estamos viviendo el acceso a la información es fundamental. El trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de los periodistas se restringe a canales muy específicos, accesos de información muy limitados, no hay posibilidad de reunirse, de hacer ruedas de prensa, y por eso el libre ejercicio de la libertad de expresión y la protección de los medios con los cuales disponen los periodistas y los defensores de DDHH es fundamental.

“Ese ha sido el enfoque que hemos tenido nosotros. Estamos trabajando con organizaciones de Venezuela para brindar información a las Naciones Unidas, al Sistema Interamericano y en general a la comunidad internacional a través de reuniones con organizaciones de América Latina y en ocasiones organizaciones de alcance global para conservar las condiciones necesarias para el trabajo de las organizaciones en Venezuela”

“Lamentablemente –prosiguió Francisco Quintana-, en estos escenarios donde se tienen que tomar medidas extremas, la división de Poderes es fundamental y lamentablemente en Venezuela ésa es una de las mayores limitantes que ha tenido el país en la última década; cada vez con mayor agravamiento y podemos ir tal vez más atrás, pero me refiero a la última década  con los problemas que se generaron entre la Asamblea Nacional  y la creación de otro órgano que supuestamente debe legislar (la asamblea constituyente), la falta de independencia del Poder Judicial. No hemos visto una revisión judicial de las medidas adoptadas, como sí sucedió en países como Ecuador, Brasil, y esto es lo que genera la preocupación que esos ejercicios fundamentales para que la población esté informada no puede ser llevada a cabo en este momento en Venezuela”.

Provea en la mira

-El mandatario Nicolás Maduro criticó la exigencia de la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) en torno a garantizar los DDHH de los grupos irregulares detenidos en las costas del país, y que supuestamente iban a participar en acciones conspirativas contra el Gobierno ¿Cuál es su opinión sobre esos ataques?

-El régimen venezolano se caracteriza por censurar, estigmatizar, limitar el trabajo de aquellas personas que no estén de acuerdo con su posición política, llámese líderes opositores, periodistas, defensores de DDHH llegando en los últimos años incluso a hostigar a sindicalistas y líderes estudiantiles. Sin embargo, organizaciones como Provea que han trabajado durante 30 años en la defensa y promoción de DDHH han demostrado que, independientemente del régimen vigente en el país, todos tienen los derechos que garantizan las constituciones y los tratados internacionales.

“Los recientes pronunciamientos de Provea alertaban sobre un patrón de torturas, de desapariciones forzosas que se han denunciado en los últimos años y exigían el respeto a cualquier persona que esté sometida al control estatal.  Es por ello que al inicio del mes de mayo Provea se pronunció haciendo referencia a un hecho muy específico, que involucraba a varias personas detenidas. Sin embargo, no hay que olvidar que en 2002 Provea también exigió la misma protección al excomandante Hugo Chávez cuando se encontraba privado de libertad en el contexto de un intento de derrocarlo del poder. Es la misma situación. No entendemos por qué el régimen empieza una campaña de desprestigio de estigmatización que pone en riesgo la vida de los miembros de Provea”, detalló Francisco Quintana.

Añadió que, a nivel internacional, es reconocido que el trabajo de los defensores de DDHH fortalece la democracia y el Estado de derecho, pero solamente puede llevarse a cabo si el mismo Estado establece las condiciones necesarias para llevar a cabo esta tarea.

“El Estado debe garantizar las condiciones que permitan este libre ejercicio en condiciones de seguridad. Las condiciones no solamente son crear una ley donde establezca la importancia de esta labor sino establecer todos aquellos mecanismos judiciales, legislativos, desde el Ejecutivo los discursos, las condiciones que permitan este libre ejercicio en condiciones de seguridad”.

“De otra manera se ve limitado el trabajo de todas estas personas, líderes sociales, periodistas y defensores de DDHH y quien resulta perjudicada es la sociedad en su conjunto, porque no va a tener a nadie que le brinde la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, bien sea en el ámbito electoral como en el día a día o poder tener los elementos necesarios para denunciar el abuso de poder”, acotó.

Lucha contra la impunidad

Francisco Quintana indicó que otra situación importante para crear ese marco de seguridad necesario para las personas que trabajan en la defensa de los DDHH es la lucha contra la impunidad. Al respecto, expresó que el Estado, en vez de atacar a los defensores de DDHH, debería investigar a todas aquellas fuentes de hostigamiento y amenazas. Sin embargo, en un informe reciente de Cofavic, la OMCT, Vicaría de Caracas y el Centro de Defensores y Justicia, quedó evidenciado que en los últimos dos años, la mayoría de estas amenazas provienen directamente de agentes del Estado inclusive señalando que los medios de comunicación gubernamentales de televisión podrían tener un 25% de (ser objeto de) estas amenazas, tomando como muestras 121 casos entre 2018 y 2019.

A juicio del abogado del Cejil, es precisamente lo que se está llevando a cabo con Provea. “Queremos llamar la atención, el Cejil representa, al igual que el Observatorio Venezolano de Prisiones, a Provea frente a la Comisión Interamericana de DDHH, y esta semana presentamos toda esta información a la Comisión para que le pida a Venezuela el cese de estas prácticas y proteja a los miembros de la organización”.

De igual manera hizo hincapié en advertir sobre las consecuencias que tienen los pronunciamientos de los funcionarios públicos. “Hay evidencias en las redes sociales fundamentalmente de cómo un pronunciamiento de un alto funcionario público crea un clima negativo dentro de la sociedad en general y este clima negativo se va multiplicando con expresiones de ciudadanos que, sin conocimiento de lo que está sucediendo, adoptan esta versión de los hechos y ponen en riesgo la vida de nuestros compañeros. Esperamos que esto sea mitigado a través de las medidas adecuadas”.

Claridad del financiamiento

-En cuanto al financiamiento de estas ONG de DDHH, Nicolás Maduro ha dicho que son financiadas por la CIA. ¿De verdad no se conoce el financiamiento ? ¿Cómo se garantiza la transparencia?

-Reitero que el Estado debe generar un ambiente propicio para el ejercicio del trabajo de personas defensoras de derechos humanos. Se deben generar las condiciones tanto legislativas y del marco legislativo, del Poder Judicial, para estas labores, y una de estas condiciones es el acceso a financiamiento.

“Muchas de las organizaciones lo hacen de manera si no voluntaria, sí de manera gratuita frente a las personas que representan, entonces el acceso al financiamiento es fundamental y por eso se ha creado desde hace muchas décadas un movimiento de cooperación internacional, que pueden ser (con los aportes de) gobiernos extranjeros, la Unión Europea, los países escandinavos, Canadá y EEUU. Venezuela ha llevado a cabo mecanismos de cooperación internacional bajo los programas del ALBA y otros que vimos durante dos décadas”, comentó.

Sostuvo que se debería contar con un marco legislativo que respete los estándares internacionales para el trabajo de personas defensoras, periodistas y líderes sociales. “Todas aquellas medidas que deban regular el trabajo de las organizaciones deben ser establecidas por ley, ser proporcionales, racionales y tener la capacidad de ser controlables por el Poder Judicial”.

Resaltó Francisco Quintana que no se puede estigmatizar a una organización solamente por acceder a un recurso que es necesario para ejercer su trabajo. “Provea ha sido transparente en el trabajo que viene realizando y lo ha sido también en señalar cuáles son las fuentes de financiamiento que recibe. Pero más allá de eso el Gobierno no puede decir, sin una evidencia, una prueba, señalar que son agentes de algún gobierno, que están recibiendo un dinero en dólares, porque es muy difícil para las organizaciones desvirtuar el discurso estigmatizante de los altos funcionarios públicos”.

Cambio de actitud por parte de los gobiernos

Afirmó que son los gobiernos los que deberían pronunciarse de la misma manera defendiendo el trabajo de los defensores de DDHH. “Así lo hemos logrado en casos como Colombia, donde durante el régimen de Álvaro Uribe, con su doctrina de seguridad ciudadana, estigmatizó en muchos momentos a varias organizaciones, y gracias al trabajo de las organizaciones internacionales de DDHH, tanto el presidente Uribe como el presidente Santos tuvieron que cambiar el discurso para mejorar las condiciones de trabajo. No son todavía las más favorables, pero sí tuvimos un cambio de actitud. En Venezuela a pesar de estos señalamientos de la Alta Comisionada para los DDHH y otros relatores de las Naciones Unidas, no hemos visto este cambio en altos funcionarios del partido oficialista o miembros del poder Ejecutivo”.

Francisco Quintana destacó que el acceso a fuentes de financiamiento es uno de los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de las organizaciones de DDHH y que, en este sentido los gobiernos deben tomar solamente medidas que sean racionales, proporcionales y estén establecidas en la ley para exigir los requisitos que sean necesarios para facilitar el funcionamiento de las organizaciones.

-En Venezuela ocurrió un suceso en la cárcel de Guanare, estado Portuguesa, donde hubo 47 presos asesinados. El motín ocurrió a raíz del reclamo de las condiciones a causa de la pandemia. ¿Cuál es la situación que ustedes han observado allí?

-Desde un primer momento, a mediados del mes de marzo cuando surgió la situación de crisis por la pandemia, varias organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cejil, alertamos sobre las graves condiciones de hacinamiento que existen en las cárceles de América Latina, me viene a la mente los centros de detención de Venezuela, El Salvador, Honduras, que tienen situaciones que triplican lo que ya sería un grave problema en la región. Entonces, frente a una pandemia, que requiere un distanciamiento social, este hacinamiento generó una gran ansiedad y miedo en la población carcelaria. Además, no sólo la enfermedad sino los primeros meses de esta pandemia, y en ausencia de una cura clara, lo que prevalecía era el miedo, a ser contagiado y a lo desconocido. Este escenario, en un centro de reclusión sin condiciones sanitaras adecuadas, celdas con decenas de personas donde solo debería haber dos o tres, como se da en El Salvador y Venezuela, genera muchísima ansiedad en la población carcelaria, ha generado varios motines, no solo en Venezuela, sino en Colombia, como en la Cárcel Modelo, de Bogotá, y es algo que hemos visto en toda la región.

Precisó que el Centro por la Justicia y Defensa Internacional (Cejil), junto con el Observatorio Venezolano de Prisiones, representan a varias personas privadas de libertad en medidas de protección de cinco recintos carcelarios ante la CIDH. Este hecho de la cárcel de Guanare y otros, los estamos documentando para presentarlos ante la CIDH para que así el organismo pueda pronunciarse sobre las condiciones de salud, higiene, acceso al agua y de distanciamiento necesario que se deberían respetar para mitigar y controlar la pandemia dentro de los centros penitenciarios.

“Un último punto que la comunidad internacional ha exigido, y la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelett fue de las primeras que lo mencionó, es la posibilidad de reducir el hacinamiento, revisando las detenciones arbitrarias, las de presos políticos y un grave problema en América Latina que es la privación de libertad a personas que están siendo investigadas, porque son muchas las que están detenidas y nunca han sido vistas por un juez y llevan años privadas de libertad”.

-¿Qué le dice a las personas que ven que se violan los DDHH y que tantos esfuerzos no dan frutos? ¿Se puede aspirar a que la situación mejore y se haga justicia para los afectados en sus DDHH?

-Claro que sí. La crisis sanitaria que estamos viviendo nos obliga a las personas defensoras de DDHH a estar en mayor coordinación y contacto y poder así brindar la asesoría y acompañamiento que requieren las víctimas de violaciones de DDHH del pasado, porque todavía seguimos trabajando con ellas, pero también poder acompañar a las personas que están viendo vulnerados sus derechos dentro de esta pandemia.

“Hay que identificar cuáles son las causas, las razones que vulneran los derechos, pero también acompañar aquellas medidas que toman mayor seguridad en la vida de toda la población. Tenemos que documentar lo que está sucediendo para en caso de ser necesario llevar ante las autoridades nacionales o internacionales, si es que no encontramos respuesta en el país, las vulneraciones a los derechos a la salud, al movimiento, la privacidad, la libertad de expresión para poder crear los estándares necesarios para enfrentar este tipo de emergencias en el futuro”, finalizó Francisco Quintana.