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Aunque familiares de los detenidos en estos espacios aseguran que sus parientes tienen síntomas del virus, las autoridades competentes no han informado de casos positivos y tampoco se han confirmado jornadas para descartar la enfermedad

Una Ventana a la Libertad | A las precarias condiciones de reclusión en los centros de detención preventiva en Caracas, desde el primer trimestre de 2020, los parientes de la población reclusa que está en estos espacios han sumado una nueva preocupación: que sus familiares tengan COVID-19 y no sean diagnosticados, ni reciban tratamientos.

Un año y tres meses después el panorama no ha cambiado: las solicitudes de evaluaciones médicas, jornadas de desinfección y de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, siguen entre las principales solicitudes de los familiares de los internos que están detenidos en comisarías civiles y militares de Caracas. En todo este periodo de tiempo Una Ventana a la Libertad (UVL) no ha confirmado que en los 26 calabozos monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas se hayan realizado jornadas para detectar o descartar la enfermedad.

Pese a que con frecuencia las esposas y madres de los reclusos advierten que hay internos con enfermedades respiratorias y con síntomas asociados al COVID-19, ninguna autoridad ha confirmado casos positivos con el virus o muertes por esta causa. Sin embargo, sí se han registrado fallecimientos asociados a enfermedades respiratorias, como es el caso de un interno de la Policía Nacional Bolivariana de San Agustín del Sur que murió el 26 de enero por complicaciones respiratorias o el de dos internos, una mujer y un hombre, que murieron a finales de febrero y principios de abril respectivamente en los calabozos del Eje de Homicidios del Cicpc El Llanito.

Familiares de los internos detenidos en el Eje de Homicidios del Cicpc El Llanito solicitan con frecuencia que en ese centro de detención preventiva se realicen jornadas médicas para atender a los reclusos con enfermedades respiratorias y también han suplicado que los más enfermos sean trasladados a tiempo a los hospitales. No obstante, con frecuencia UVL confirma con familiares de esa población interna casos de privados de libertad con problemas respiratorios. Este 2021 al menos tres reclusos de ese CDP han muerto por la misma causa.

Aunque varios parientes de los privados de libertad aseguran que hay detenidos con COVID-19, no se ha podido confirmar esta versión, pues ninguno de los internos ha sido sometido a pruebas. De acuerdo con información extraoficial, en este CDP hay un brote de tuberculosis con más de 30 reclusos contagiados, por lo que los parientes de esa población reclusa han acudido a  remedios caseros para dar remedios paliativos a quienes presentan dificultades respiratorias.

Aunque en cada centro de detención preventiva las autoridades manejan sus normas de bioseguridad, para evitar la propagación del coronavirus, por lo general en todos los CDP hay problemas estructurales que preocupan a los parientes de los internos. Una de las principales preocupaciones que familiares de los reclusos han manifestado es que los nuevos internos que ingresan a estos espacios no son separados del resto de la población.

Al principio de la pandemia los familiares enviaban tapabocas y guantes a sus presos. En la actualidad la mayoría de ellos tiene tapabocas de tela. Pero los familiares tampoco tienen la certeza que los estén utilizando. “A nivel de las condiciones de salud allí no se cumple con las condiciones de aislamiento social ya que están todos juntos”, manifestó a UVL la familiar de uno de los detenidos en el Eje de Homicidios del Cicpc El Llanito.

Al hacer un sondeo con fuentes vinculadas a los 26 centros de detención preventiva que Una Ventana a la Libertad monitorea en el Área Metropolitana de Caracas, familiares de los detenidos en la División Contra Robos del Cicpc, ubicada en la sede central de la policía científica, en la Avenida Urdaneta de Caracas, advirtieron que en esa dependencia este año han realizado dos jornadas de desinfección para el área de los funcionarios, mientras que los calabozos improvisados donde están los detenidos han sido obviadas. “Allí no toman en cuenta a los privados de libertad”, dijo una de las mujeres consultadas.

Al otro extremo de la ciudad, en los calabozos de la Policía del Municipio Sucre (Polisucre), las únicas medidas que se aplican, de acuerdo con familiares de los internos, son el uso del tapabocas y gel antibacterial. De distanciamiento no se habla en este espacio, pues el hacinamiento no deja oportunidad de cumplir con esta medida.  Parientes de esta población no han conocido hasta la fecha de ningún caso positivo. Pero resaltan que no se ha realizado ninguna prueba para descartar la enfermedad.

Se pudo conocer de manera extraoficial que en la Subdelegación del Cicpc de Simón Rodríguez en la actualidad presenta problemas con el suministro del agua, que afecta por igual a la población interna como a los funcionarios que hacen vida en este calabozo policial.  La situación no es distinta al resto de los CDP que logramos monitorear.  Familiares de los reclusos informan que allí no se ha realizado desinfección en los calabozos, que se ha conocido de internos con síntomas de gripe. Sin embargo, no se les ha realizado ninguna evaluación médica que permita descartar el virus. 

Aunque en algunos CDP los reclusos han recibido donativos de fundaciones e iglesias evangélicas, los costos de tapabocas, gel antibacterial, alcohol y productos de limpieza como cloro, son costeados generalmente por sus familiares. Al principio de la pandemia algunas personas hicieron esfuerzos por proveer a sus parientes de tapabocas. Pero no todas las familias han podido costear esos gastos en el tiempo. Policías, familiares de privados de libertad, e incluso algunos internos, han confirmado que lo más común en esta población reclusa es el uso de tapabocas de telas.

Debido a la extensión de la pandemia en Venezuela, se hace urgente que desde el Estado y las instancias competentes se diseñen políticas para garantizar en estos espacios el distanciamiento social y los chequeos médicos rutinarios para descartar que la población reclusa tenga COVID-19. Aunque UVL ha recibido denuncias que refieren que en Caracas hay reclusos con el virus, sin cifras oficiales y diagnósticos es difícil, y hasta irresponsable, informar sobre una realidad que después de un año y tres meses sigue a ciegas en los CDP de la capital de Venezuela. Angélica Lugo, UVL Caracas