La psicóloga social, feminista y directora de Avesa considera que la penalización del aborto revela que todavía las mujeres somos ciudadanas tuteladas que no pueden decidir sobre sus cuerpos, entonces “no hemos alcanzado la ciudadanía plena”
(Gabriela Rojas, Alianza Provea-TalCual) La convocatoria para acompañar la marcha de la Ruta Verde, realizada el miércoles 28 de septiembre en Caracas y varias ciudades del país, había tomado los mismos caminos que lleva décadas recorriendo: algunas organizaciones feministas, activistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Pero a medida que avanzaba la mañana, la concentración se hacía variopinta en edades, consignas y representación, lo que la convertía en un foco difícil de pasar por alto, pleno de mujeres portadoras del símbolo verde, que poco a poco llenaron espacios y calles desde la Plaza Morelos hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN), en Caracas, para solicitar la despenalización de aborto en Venezuela.
Al frente de la movilización, junto a un grupo de feministas de larga trayectoria, estaba Magdymar León, psicóloga social y directora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), liderando los pasos e impulsando un trabajo de años que el movimiento feminista venezolano aún tiene anotado en la agenda de asuntos pendientes: generar un debate en todas las instancias necesarias sobre este tema de salud pública que sigue atado a la confrontación religiosa, aunque el Estado Laico sigue como un enunciado firme amparado por la Constitución y muy a pesar de que la crisis humanitaria compleja solo ha hecho retroceder los derechos reproductivos de las venezolanas.
“Este debate no se ha detenido, pero éramos las mismas de siempre. No recuerdo que una marcha a favor de la despenalización del aborto hubiese tenido esta magnitud y creo que es porque se alinearon varios factores y hay una mayor sensibilización”, explica la directora de Avesa, quien rememora movilizaciones que se remontan a 2003 -cuando se estaba discutiendo la anterior Reforma del Código Penal- e intentaban conducir el mismo camino hacia la AN, pero se encontraban con una vía muy corta y de receptividad discutible. “Éramos las mismas feministas de la academia o las de organizaciones a quienes nos veían como unas locas”.
Este cambio no solo se evidenció en la marcha, también es palpable en las conversaciones cotidianas, en las redes sociales, en los contenidos periodísticos y en ámbitos que hace diez años hubiesen sido impensables.
“Hay algo distinto. A quienes el feminismo no nos llegó por redes sociales, podemos ver la diferencia: cada vez hay más jóvenes que comprenden y debaten sobre el tema”.
Este cambio en la correlación de fuerzas tiene varias explicaciones, según observa León: “Uno es lo que está ocurriendo en Argentina, México, Ecuador y Chile, donde también se flexibilizó la norma. La migración venezolana y este intercambio regional que están teniendo las venezolanas está incidiendo. Hay una interlocución que permite que las jóvenes vean el feminismo de modo distinto, y en especial el tema del aborto”.
Religión versus derechos
La experiencia de años en el movimiento feminista hace que Magdymar León pueda ponderar con cautela la posibilidad de que la significativa movilización denominada la Ruta Verde pueda ser considerada un paso adelante en el proceso de despenalizar el aborto en Venezuela.
“Sabemos que de momento no tenemos la fuerza mayor y que la preponderancia del discurso religioso toma fuerza en un país en el que las instituciones del Estado no tienen credibilidad. Por eso es muy probable que la iglesia católica y la evangélica se vayan a alinear para hacer un frente común en contra del aborto. Ya lo sabemos porque así funciona mundialmente”.
¿Pero entonces cómo queda el Estado laico amparado en la Constitución venezolana?
– La gente no sabe lo que significa el Estado laico, y peor aún no entienden cómo esto penetra en su toma de decisiones, en su forma de evaluar las políticas públicas. Aquí estamos hablando de un tema de derechos humanos de las mujeres y en este país nos han vulnerados a todas las venezolanas los derechos sexuales y reproductivos.
¿Y cómo logramos sacar un tema de políticas públicas del ámbito moral o religioso?
– Hay que hablar de educación sexual, del poco o nulo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Hay que poner en la mesa que en la Venezuela de hoy se practican muchísimos abortos porque no hay acceso a métodos anticonceptivos. La penalización del aborto no disminuye su práctica, solo genera las condiciones para que ocurra en la clandestinidad y eso automáticamente se traduce en un riesgo para la vida de las mujeres. No hay ninguna prueba de que penalizar el aborto salve ninguna vida. La gente argumenta que si una mujer quiere abortar entonces que lo pague, sin entender que esto es un problema de salud pública que afecta precisamente a las mujeres más pobres.
De allí a que la consigna por la despenalización del aborto es que sea seguro y gratuito…
-Sí, pero es más que eso. Es un tema de DDHH de las mujeres porque a estas alturas tendríamos que estar en capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, o de lo contrario todavía somos ciudadanas tuteladas, es decir que las mujeres no hemos alcanzado la ciudadanía plena. La historia del mundo es otra desde que las mujeres tuvimos la posibilidad de controlar la reproducción.
León enfatiza que el primer paso es salirse del discurso recurrente que insiste en presentar a las mujeres como irresponsables que se embarazan como consecuencia de una acción impulsiva de su sexualidad.
“Hay que enfatizar la responsabilidad de los hombres en el ámbito reproductivo, pues que se cuiden. Ahora hay que tener cuidado con esto porque la decisión del aborto debe ser de las mujeres, es su cuerpo”.
Alineadas y unidas
Para Magdymar, otra de las consideraciones es el reordenamiento jurídico que está ocurriendo en Venezuela en el que se están abriendo espacios con la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Salud, dos debates legislativos en el que se pueden hacer articulaciones.
“El quiebre de la institucionalidad del Estado derivó en el hecho de que no había instancias para hacer presión sobre nuestros derechos”.
Por eso no hubo participación en bloque del movimiento feminista, cuando en 2018 un grupo de organizaciones afines al oficialismo fueron ante la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente para impulsar la discusión de este tema y luego introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para argumentar la anticonstitucionalidad de los artículos que penalizan el aborto.
“Quienes no estábamos a favor de la Constituyente no podíamos participar de este proceso. Pero a pesar de los cuestionamientos que podamos tener a la actual AN, hay una instancia a quien dirigirse”, apunta León. “Mas que un cambio legislativo, hay un cambio social porque podemos hablar de esto”.
Y luego ocurrió el caso de Vanessa Rosales, la activista merideña que estuvo presa durante ocho meses -y enfrentaba una pena de 12 años- por asistir en la interrupción del embarazo de una niña de 13 años de edad que fue violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años.
“Nos reunimos feministas de distintas tendencias políticas porque entendemos que hay que incorporar este tema en todas las instancias donde haya toma de decisiones. Si vamos divididas ¿a quién le vamos a tocar la puerta? En este tema no vamos por tendencias políticas, vamos por un objetivo común que es un asunto pendiente en la sociedad venezolana”.
Magdymar León fue una de las cinco voceras que fueron recibidas el miércoles 28, al finalizar la marcha, por la Comisión parlamentaria presidida por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, junto con seis diputados y diputadas, entre ellos Asia Villegas y Herick Goicoechea, a quienes le entregaron un documento que solicita que estos delitos se saquen del Código Penal, para luego ir a una discusión de Ley y debatir sobre los términos en los cuales el aborto puede realizarse.
“Todavía hay una especie de preocupación de cómo va a dar respuesta el sistema de salud ante una posible legalización del aborto porque aún lo que se tiene en la cabeza es la idea del legrado o una intervención en quirófano, a pesar de que el aborto farmacológico es una opción perfectamente viable y en la cual no hay intervención con otros procedimientos”.
Y mientras el debate del aborto aún se cuela en las percepciones éticas y morales de cada quien, las cifras muestran que en Venezuela 9 de cada 10 embarazos no fueron planificados, detrás de los cuales poco se habla del historial de violencia sexual, abandono de la figura masculina, desinformación y casi ningún acceso a información y mucho menos a métodos anticonceptivos.
Alianza Provea – TalCual
