Directora de la Organización Acceso a la Justicia, abogada con una especialización en derecho administrativo en la Universidad de París, y un máster en políticas públicas, derecho y economía en el instituto Ortega y Gasset de la universidad Complutense de Madrid
¿Cuál es el trabajo que viene haciendo Acceso a la Justicia?
Nosotros lo que hacemos es analizar lo que hace el Poder Judicial en particular, y en especial el Tribunal Supremo por ser el órgano de gobierno y administración del Poder Judicial, además de la máxima instancia judicial del país, el que tiene la última palabra. Además, analizamos lo que hace la Sala Constitucional, y, en ese sentido, sacamos todas las semanas comunicados o notas de prensa donde tratamos de cubrir las sentencias más noticiosas o que más afectan el estado de derecho o los derechos de los venezolanos, también analizamos estadísticas judiciales, estadísticas del sistema de justicia, pero nuestro objeto más cotidiano es el de las sentencias que son muchas.
En un comunicado, ustedes catalogan el 2016 como el año más turbulento de la historia del Poder Judicial. ¿Por qué?
Si vemos nada más la prensa, el Poder Judicial, particularmente el Tribunal Supremo, prácticamente estuvo por lo menos semanalmente en los periódicos. Eso ya nos da una idea de que algo estaba pasando. Pero lo llamamos así sobre todo por la situación de justicia en general. Tenemos varias situaciones que se relacionan con la justicia en Venezuela: las OLP, una medida aplicada por el Ministerio de Justicia y Paz, obviamente allí entra la parte de la justicia. Luego tenemos las grandes ejecuciones extrajudiciales que se están dando, los linchamientos que crecieron el año pasado en 650% según el Observatorio Venezolano de Violencia, el tema de las cárceles… y bueno, ya yendo a mi tema: tuvimos mas de sesenta sentencias del TSJ donde una a una fueron eliminando, prácticamente, la Constitución, es como una tacha que se le fue haciendo.
Aunque, ya yo me estoy preguntando si es que 2017 será peor que 2016. Ayer hubo una decisión, la número siete que señala que por haber declarado el abandono del cargo (por parte del Bloque de la Unidad de la AN), se pide al Consejo Moral Republicano que determine la responsabilidad penal de cada uno de los diputados del Bloque de la Unidad por haber puesto en peligro la república. Entonces uno allí piensa en lo irónico del caso cuando la República tiene como uno de sus principios fundamentales la separación de poderes, y esta sentencia quebranta ese principio así como se quebrantó el año pasado al usurparse una a una las funciones de la Asamblea.
Se ha eliminado la justicia y el rol del poder judicial que es defender al ciudadano y sus derechos.
Acceso a la Justicia publicó un informe llamado: El desempeño del Poder Judicial. ¿Podrías comentarnos algunos datos importantes al respecto?
Básicamente hicimos una análisis estadístico del 2001 al 2015, el gran hallazgo es la opacidad del Poder Judicial en el sentido de que hay muy pocas cifras, pero las que hay son interesantes. Fíjate: desde 2012 en adelante el Poder Judicial no publica su informe anual, por lo tanto las cifras que tenemos del 2012 al 2015 son muy distintas a las anteriores que son bastante amplias e indican claramente por áreas qué pasa.
Una de las cosas interesantes es que hoy en día tenemos dos mil noventa y nueve jueces en Venezuela, y si analizamos esta cifra comparándola con el promedio en América Latina y con cada cien mil habitantes (de acuerdo a la población actual), podemos ver que tenemos en promedio unos 6,7 jueces por cada cien mil habitantes. Es decir, tenemos los mismos jueces que teníamos hace quince años. Eso te indica que algo no está bien: hace quince años teníamos menos población y mucha menos criminalidad. Eso está comprobado. Y en latinoamérica hay un promedio de 9 jueces por cada cien mil habitantes. Objetivamente tenemos muchos menos jueces de los que deberíamos tener.
Otro dato importante es el presupuesto del Poder Judicial que ha ido bajando de una manera importantísima: vemos que en 2015 tenemos un poquito más de la mitad de lo que teníamos en 2001. Es muy bajo el presupuesto si lo analizamos, para entender mejor esta cifra, con el presupuesto nacional: en 2001 teníamos aproximadamente el 1,5% y ahora tenemos menos del 1%.
Otro tema peculiar es, y a la gente le preocupa saberlo, el referido a ¿cuántos casos se resuelven? Hasta 2011 tenemos cifras deslindadas por materia. Aquí lo más significativo es que si analizamos cuántos casos se resuelven respecto de los que ingresan, vemos que el Poder Judicial en materia penal es más ineficiente que en las otras. Esto hace mucho ruido en un país donde la criminalidad ha crecido tanto. Incluso en materia de los tribunales penales, tenemos más casos que los de hace quince años. ¿Cómo es posible que la eficiencia sea más baja que hace quince años? Esto da cuenta de la impunidad que tenemos.
Asimismo, si analizamos la tasa de sentencias que sería el porcentaje de sentencias definitivas respecto al número de casos resueltos, vemos que al final del día en materia penal es donde es más baja la tasa de sentencias. Solo diez por ciento de definitivas.
En materia penal, casi todo se resuelve en control o por admisión de hechos. Del 80% , según el informe del Ministerio Público, muy poco llega a juicio, muy poco tiene debate. Claro, podríamos decir que es muy eficiente porque los resuelve antes mediante métodos que se establecen en el Código Orgánico Procesal Penal, pero es preocupante que casi todo se resuelva por admisión de los hechos.
Entre otros datos, en el informe hablamos del Tribunal Supremo. Hay una cifra que llama la atención y es que a él llegan la mitad de los casos que llegaban hace diez años. Ellos dicen que resuelven todo lo que llega: hay un 100% de eficiencia en relación con el número de casos ingresados, pero después te dicen que ellos toman en cuenta no solo las sentencias sino también las decisiones. Eso significa que consideran decisiones de trámite: un auto, una comunicación a la vicepresidencia, son tomadas en cuenta para generar sus cifras. Esto es un engaño. Tú no puedes decir que resuelves tantos casos si estás diciendo que dentro del trámite del caso tomas en cuenta todas las decisiones de trámite de caso que no lo resuelven.
¿Acceso a la justicia comparte con Provea su posición con respecto a catalogar este gobierno como una Dictadura del Siglo XXI en tanto que ha venido afectando el voto a través de sentencias?
Cuando ustedes comunicaron que esto era una dictadura, nosotros no estábamos tan de acuerdo. Nos pareció fuerte. Aunque es verdad que si no hay derecho al voto, o se lesiona de la manera en que se ha venido lesionando, pues se puede calificar como una dictadura. Casualmente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Liliana Ortega de Cofavic y ella decía que no estaba de acuerdo en calificarlo como dictadura sino como una ruptura del hilo constitucional. Precisamente por lo referido al estado de excepción. Sin embargo, a partir de la sentencia de ayer (30 de enero de 2017) que es una barbaridad jurídica, es inconstitucional donde se ordena que los diputados, en pocas palabras, van presos, y elimina totalmente el requisito de la inmunidad parlamentaria, nos hace decir que efectivamente estamos en una dictadura. Ahora estamos de acuerdo en que es una dictadura.
¿Qué temas aborda el libre de tu autoría llamado “Revolución judicial?
Analizando el tema de si somos una dictadura, un estado de derecho… ¿qué somos?.. yo trabajé en el Tribunal Supremo, y antes de eso en la Corte Suprema… viví lo que fue el cambio de la Constitución, la modernización del Poder Judicial, los concursos de jueces, pero veía que cada vez había menos justicia, y había cada vez más politización de la justicia, mi pregunta era que por qué si la Constitución establece un buen Poder Judicial, yo sentía que cada vez estábamos con menos estado de derecho, entonces a partir de allí vierto en el libro cómo fuimos, efectivamente, a pesar de querer un mayor estado de derecho y en consecuencia un mejor Poder Judicial, y así una mejor democracia, logrando exactamente lo contrario. Y la clave, para decirlo resumido, es el pecado original: los magistrados nunca se nombraron a través de los que establece la Constitución.
¿Están Calificados estos magistrados?
El 50% no está calificado. Solo un treinta y tanto por ciento lo está . Sobre el resto no está claro si cumple los requisitos. Todo esto es muy grave porque además los que lo cumplen, es que apenas lo cumplen. Casi que el 70% no califica.
La Constitución expresa que el TSJ controla y, particularmente, la Sala Constitucional o la Comisión Judicial (un órgano que crearon después que no está en la Constitución, ni siquiera en la ley) todo el Poder Judicial. Y el gran presidencialismo que hay en la Carta Magna. Entonces: al controlar el Poder Judicial, se controla el estado de derecho, y al final del día la democracia, porque el estado de derecho no es más que el control del poder a través del derecho, y que haya derechos para los ciudadanos. Si se controla eso, pues se eliminan las dos cosas, y a partir de ahí es que, a través de ese modelo, vas instaurando una Dictadura del siglo XXI. En la época en que escribí el libro hablaba más de una democracia limitada, una democradura, que es un gobierno que empieza de forma democrática y después no lo es tanto, pero hoy en día sí tenemos todos los elementos para decir que estamos en dictadura.
Prensa Provea
