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CDH UCAB ha acompañado a las víctimas durante 12 años

El próximo martes 14 de febrero de 2017 a las 9:00 am se realizará la audiencia pública sobre el caso Rocío San Miguel y Otras vs Venezuela, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sede del Tribunal en San José, Costa Rica.

El caso, que fue elevado ante la Corte por la Comisión Interamericana en marzo de 2016, es el primero que ventilará el tema de la discriminación por motivos políticos ante el tribunal regional, e involucra a tres funcionarias despedidas del Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004, por haber firmado para activar el mecanismo de referéndum revocatorio.

Las víctimas, Magally Chang, Thaís Peña y Rocío San Miguel, asistirán a la audiencia acompañadas de sus abogados, así como de integrantes del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, institución que documentó el caso en primer lugar en 2004, representó a las afectadas en instancias nacionales y actuó como peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los representantes de las víctimas promovieron más de 30 testigos y peritos ante la Corte, a los que se suman otros cuatro peritos promovidos por la Comisión Interamericana y el Estado venezolano.

La discriminación no ha cesado

Las víctimas en este caso, no solo enfrentaron un despido que constituye discriminación por motivos políticos y ante el cual no lograron justicia en tribunales nacionales, sino que siguen siendo objeto de discriminación hasta el presente. A pocos días de la celebración de la audiencia pública en Costa Rica, cuatro notarías se negaron a dar fe pública de las declaraciones escritas de testigos y peritos, tal como lo requería la Corte Interamericana. “Las notarías no disimularon su parcialidad al negarse a dar fe pública de los documentos presentados, alegando abiertamente el ‘contenido político’ de los mismos y convirtiendo así a las afectadas en víctimas de una doble discriminación”, aseguró Ligia Bolívar, Directora del CDH-UCAB. Los representantes de las víctimas hicieron del conocimiento de la Corte este nuevo obstáculo, recibiendo autorización para consignar los testimonios y declaraciones por vía privada.

Bolívar recordó además que, desde 2004, el CDH-UCAB ha registrado otros 4 eventos de discriminación masiva de ciudadanos por el ejercicio de derechos políticos con participación de altos funcionarios de todas las ramas del Poder Público, por lo que, a su juicio, la discriminación con motivaciones políticas en Venezuela puede calificarse como una política de Estado.

 Preguntas frecuentes sobre el caso

¿Cuál es la cronología del caso para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

El caso de San Miguel, Peña y Chang fue uno de los 15 procesados por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB entre 2004 y 2005, por denuncias recibidas de víctimas de la lista Tascón. Posteriormente, el CDH UCAB y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), asumen la representación de las víctimas ante instancias nacionales, con base en la vulneración del principio de no discriminación por motivos políticos que afectó una serie de derechos, realizándose diversas acciones ante tribunales nacionales. El 27 de septiembre del 2005, se dio por agotada la vía interna, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia decidió desestimar el recurso de casación “por manifiestamente infundado”. Agotada la vía interna, el caso fue presentado en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el CDH-UCAB y el Prof. Héctor Faúndez. La Comisión admitió el caso en septiembre de 2013 y finalmente lo presentó ante la Corte Interamericana en marzo de 2016.

¿Quiénes integran la Corte?

La Corte Interamericana está integrada por 7 jueces: Roberto F. Caldas (Brasil), Presidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, ( México) Vicepresidente; Elizabeth Odio (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), Juez, Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia) y Patricio Pazmiño (Ecuador). El Secretario de la Corte es Pablo Saavedra Alesandri.

¿Cómo es el proceso de la audiencia oral?

La audiencia se realizará el martes 14 de febrero, a las 9am hora de Costa Rica (11am, hora Venezuela). En la misma interviene la representación de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Agente del Estado venezolano. La mayoría de los testigos y peritos presentaron declaraciones escritas, que ya fueron consignadas ante la Corte; además, un número reducido de peritos y testigos declararán oralmente durante la audiencia del martes.

¿Cuánto dura la audiencia?

En principio, la audiencia oral se realiza durante todo el día martes 14.

¿La audiencia es pública?

Sí, la audiencia es pública. Quienes deseen asistir solo deben registrarse por vía electrónica. Además, la audiencia será transmitida por el webcast de la Corte, que puede verse en el enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es

¿Qué pasa después de la audiencia? ¿Cuándo habrá veredicto?

La decisión de la Corte no se produce inmediatamente. La Corte todavía debe analizar más de 30 declaraciones escritas de testigos y peritos, antes de dictar sentencia. Este proceso generalmente lleva varios meses.

¿Cuál es el papel del CDH UCAB?

El CDH UCAB no tiene un papel formal en esta etapa del proceso ante la Corte. El Centro fue peticionario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y durante varios años hizo seguimiento de las actuaciones sobre el caso ante la Comisión, respondiendo a las comunicaciones y trámites solicitados por la Comisión, e insistió por todos los medios a su alcance sobre la importancia que tendría para Venezuela y para toda la región llevar un caso único de discriminación por motivos políticos ante la Corte Interamericana. Representantes del CDH UCAB estarán en San José, continuando su labor de acompañamiento a las víctimas y prestando apoyo en aspectos operativos durante la audiencia.

¿Qué se espera de la Corte?

Las expectativas del CDH UCAB y de las víctimas son las mismas. Por una parte, que finalmente un tribunal escuche la versión de las víctimas sobre lo que significó, a lo largo de más de 12 años, ser despedidas por ejercer un derecho político consagrado en la Constitución. Por otro lado, se espera justicia y reparación integral, es decir, que la Corte establezca la responsabilidad internacional del Estado en la violación de un conjunto de derechos humanos de Magally Chang, Thaís Peña y Rocío San Miguel y se ordene la reparación moral y material de los daños ocasionados a estas tres funcionarias. Las sentencias de la Corte también buscan un efecto estructural, más allá de las víctimas directas, que se espera lograr mediante la exigencia al Estado de garantías de no repetición de las prácticas y políticas que dieron lugar a la discriminación por motivos políticos en Venezuela.


Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello