Una vez más, el gobierno de facto no responde a las preguntas de dos relatores y un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre 13 ejecuciones arbitrarias ocurridas entre 2012 y 2020 a manos de la PNB, las FAES, el CICPC, el SEBIN y la Guardia Nacional en el marco de políticas de seguridad ciudadana, en particular la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), el Plan Patria Segura y las llamadas Operaciones de Liberación Humanistas del Pueblo (OLHP). Mientras ese gobierno trata de mostrar una imagen de que está investigando los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, profundiza por otro lado su política de no responder a los mecanismos temáticos de la ONU sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos y su impunidad. En particular, llama la atención la falta de respuestas a la solicitud de información “sobre las medidas adoptadas para llevar ante la justicia a todos los responsables de las (trece) ejecuciones extrajudiciales o muertes arbitrarias” y para “garantizar la determinación de la responsabilidad penal individual, incluida la responsabilidad de mando superior, por los delitos mencionados”
Afirman los relatores y el grupo de trabajo que “la tendencia en materia de violación de derechos humanos y en particular en lo que concierne a las ejecuciones extrajudiciales, no presenta mejora alguna en los últimos años sino una clara degradación”, al tiempo que se dicen preocupados porque “las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo no parecen estar llevando a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los casos que ingresan en su competencia, sobre todo cuando estos conciernen actores estatales. Dicha negligencia judicial se traduce, por un lado, en la impunidad de los responsables y, por otro, en la repetición de las transgresiones”.
La solicitud de información fue publicada esta semana por el sistema de la ONU, está fechada el 16 de abril pasado y no fue respondida dentro de los 60 días del plazo dado a los Estados. Fue suscrita por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se debe destacar que desde 2011 ese gobierno ha recibido 88 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39, lo que significa que mucho más de la mitad han quedado sin respuesta. Esta falta de cooperación se ha agudizado desde febrero de 2019 pues esa cancillería ha recibido un total de 19 comunicaciones y solamente ha respondido a dos de ellas.
Las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2012 y 2020, victimizaron a las siguientes personas: Mario Nicasio Lugo González en 2012; Carlos Jampier Castro Tovar, Darwin Gabriel Rojas Tovar, Roswil Belisario Tovar y Johandri Antonio Trujillo Núñez en 2016; José Daniel Bruzual Pulido en 2017; Julio Cesar Rangel Novais, Carlos Francisco Rangel Novais , Jesse Gabriel Pérez Chávez, Jondry Daniel Pérez Blanco y Johander Javier Arai Pérez en 2018; Luis Alfredo Ariza Gamarra en 2019; y José Ángel Infante Diaz en 2020, todos ellos a manos de agentes de seguridad el Estado.
Estos hechos fueron consumados en el marco de los planes de seguridad creados y supervisados por altos funcionarios del gobierno de facto. Para los relatores y el grupo de trabajo “dichas medidas de seguridad han robustecido e incrementado las atribuciones del aparato de seguridad venezolano” en particular a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Dichos servicios han sido presuntamente responsables de un número considerable de ejecuciones extrajudiciales consecuencia de su uso excesivo de la fuerza” afirman los relatores y el grupo de trabajo, para quienes “preocupa también sobremanera la impunidad que parece beneficiar a los responsables de dichas muertes”.
Estos hechos fueron consumados en el marco de los planes de seguridad creados y supervisados por altos funcionarios del gobierno de facto. Para los relatores y el grupo de trabajo “dichas medidas de seguridad han robustecido e incrementado las atribuciones del aparato de seguridad venezolano” en particular a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Dichos servicios han sido presuntamente responsables de un número considerable de ejecuciones extrajudiciales consecuencia de su uso excesivo de la fuerza” afirman los relatores y el grupo de trabajo, para quienes “preocupa también sobremanera la impunidad que parece beneficiar a los responsables de dichas muertes”.
Finalmente, los relatores y el grupo de trabajo afirman que es grave que haya “patentes dificultades para acceder a la justicia en este tipo de casos en Venezuela” y señalan que uno de los principales obstáculos estructurales es que el CICPC rinde cuentas directamente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que a su vez supervisa otros organismos encargados de la seguridad, como la PNB y las FAES, generando conflicto de intereses y comprometiendo la independencia de la investigación. “Además de este conflicto de intereses estructural en materia investigativa, las dilaciones procesales, la denegación de información por parte de las fuerzas de seguridad, la intimidación de denunciantes y testigos, la negación de acceso a expedientes y la renuencia a llevar adelante las diligencias indispensables para esclarecer los casos, constituyen una tendencia preocupante en el panorama judicial venezolano”, afirman esos mecanismos de la ONU.
El relato detallado de los trece casos ilustra no solo un patrón de actuación de los cuerpos de seguridad a lo largo de ocho años enmarcados en políticas de seguridad del Estado, sino también un patrón de impunidad en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Los relatores anexan a su comunicación, un resumen de los instrumentos y principios internacionales vulnerados por el Estado venezolano.
Las siguientes son las preguntas remitidas y no respondidas, sobre los trece casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales:
1.Sírvase proporcionar información, datos u otros comentarios adicionales en relación con las alegaciones mencionadas en esta comunicación.
2. Sírvase proporcionar información acerca de las estadísticas oficiales de muertes por ‘resistencia a la autoridad’ en el contexto de operativos de seguridad, con información desagregada sobre el número de funcionarios fallecidos.
3. Sírvase proporcionar información con respecto a la base fáctica y jurídica de los arrestos, detenciones, y cargos presentados contra las personas mencionadas y explicar la forma en que son compatibles con la normativa intencional de derechos humanos.
4. Sírvase proporcionar informaci6n acerca de las investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes arbitrarias de los Sres. Mario Nicasio Lugo González, Carlos Jampier Castro Tovar, Darwin Gabriel Rojas Tovar, Roswil Belisario Tovar, Johandri Antonio Trujillo Núñez, José Daniel Bruzual Pulido, Julio Cesar Rangel Novais, Carlos Francisco Rangel Novais , Jesse Gabriel Pérez Chávez, Jondry Daniel Pérez Blanco, Johander Javier Arai Pérez, Luis Alfredo Ariza Gamarra y José Ángel Infante Diaz, incluidas las medidas adoptadas para garantizar que dichas investigaciones se realicen de acuerdo a los estándares intencionales (es decir, de manera rápida, exhaustiva, efectiva, independiente, imparcial y transparente).
5. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para llevar ante la justicia a todos los responsables de las ejecuciones extrajudiciales o muertes arbitrarias de los Sres. Mario Nicasio Lugo González, Carlos Jampier Castro Tovar, Darwin Gabriel Rojas Tovar, Roswil Belisario Tovar, Johandri Antonio Trujillo Núñez, José Daniel Bruzual Pulido, Julio Cesar Rangel Novais, Carlos Francisco Rangel Novais , Jesse Gabriel Pérez Chávez, Jondry Daniel Pérez Blanco, Johander Javier Arai Pérez, Luis Alfredo Ariza Gamarra y José Ángel Infante Diaz y garantizar la determinación de la responsabilidad penal individual, incluida la responsabilidad de mando superior, por los delitos mencionados.
6. Sírvase indicar qué medidas han sido adoptadas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de la familia de los Sres. Mario Nicasio Lugo González, Carlos Jampier Castro Tovar, Darwin Gabriel Rojas Tovar, Roswil Belisario Tovar, Johandri Antonio Trujillo Núñez, José Daniel Bruzual Pulido, Julio Cesar Rangel Novais, Carlos Francisco Rangel Novais , Jesse Gabriel Pérez Chávez, Jondry Daniel Pérez Blanco, Johander Javier Arai Pérez, Luis Alfredo Ariza Gamarra y José Ángel Infante Diaz.
7. Sírvase proporcionar el número de medidas de protección adoptadas para familiares que hayan sido víctimas de hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad en razón de las denuncias realizadas.
8. Sírvase proveer información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las normas internacionales de derechos humanos se apliquen en similares instancias a acciones de la fuerza pública.
El texto integral de esta comunicación puede ser consultado AQUÍ:
La sistematización completa de comunicaciones enviadas a Venezuela por los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas, puede ser consultada AQUÍ
Prensa Provea
