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Venezuela es el noveno país con las mayores reservas de agua dulce del mundo, solo superado por Brasil, Rusia, Canadá, China, Indonesia, Estados Unidos, Bangladesh y la India.

Por los 916.445 km² de territorio nacional corren cerca de un millar de ríos y yacen importantes reservas de aguas subterráneas que generan una cantidad de recursos hídricos aprovechables, estimada en 93 millones de metros cúbicos al año.

Pese a ello, la mayoría de los venezolanos tiene sed. El agua no llega periódicamente a las casas y la calidad de la misma es más que cuestionable.

Disponer de agua, suficiente y limpia, es un derecho humano.

Ello significa que deberíamos contar con un abastecimiento continuo para el uso personal y doméstico que permita la garantía de otros derechos como la salud y la alimentación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que se necesitan cerca de 50 litros de agua por persona al día para garantizar la satisfacción de las necesidades más básicas, y mantener así en un nivel bajo los riesgos de salud pública.

Para Naciones Unidas los derechos humanos al agua y el saneamiento no están separados de otros derechos humanos.

La garantía del derecho al agua y el manejo eficiente de los recursos hídricos por parte de los gobiernos, tienen un impacto fundamental en la realización de los derechos a la vida, la salud, la alimentación, a la vivienda adecuada, a un ambiente sano y al derecho al trabajo, entre otros.

Sin agua y sin saneamiento

En Venezuela, la calidad del agua ha caído a niveles sórdidos.

Cientos de usuarios han denunciado el hedor y el color del agua que reciben en sus casas. Según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 17 años, y de acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, cerca de un millón de residentes en la ciudad de Caracas están expuestos a suministros contaminados.

Sondeos de opinión realizados por Provea y los Comités Populares de Derechos Humanos en los municipios Libertador y Sucre de la Gran Caracas, revelaron que el 87,26% de los habitantes de los barrios pobres de la capital, recibían agua de color amarillento o marrón turbio, lo que refleja los escasos esfuerzos del Estado por garantizar el saneamiento y potabilización de las aguas que llegan, también escasamente a los hogares.

Consultada por Provea, María Eugenia Gil, directora de la Fundación Aguaclara advirtió que la “mayoría de las plantas potabilizadoras estatales en Venezuela, están enviando agua ‘cruda’ sin potabilizar de donde provenga, porque la administración de Maduro no cuenta con el gas, cloro y el sulfato de aluminio necesarios para potabilizar y limpiar el líquido”, añadiendo que la calidad del agua está severamente afectada por la contaminación de los embalses nacionales.

Según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años, y de acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, cerca de un millón de residentes en la ciudad de Caracas están expuestos a suministros contaminados. 

La escasa disponibilidad de agua y la deficiente gobernanza de la gestión de los recursos hídricos, acentúan las desigualdades y tienen un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables y en condición de pobreza.

La población urbana y rural está seriamente afectada por las constantes interrupciones en la prestación del servicio de agua potable por parte del Estado y, aunque las interrupciones afectan a todos los estratos socioeconómicos, el impacto de la falta de agua es más pronunciado entre los más pobres, quienes carecen de medios para acceder a servicios privados de suministro de agua, instalar alternativas para la recolección en las viviendas y recurrir a mecanismos de saneamiento de la escasa cantidad de agua que reciben.

La pandemia generada por el Covid-19 acentuó la presión sobre los servicios de agua, saneamiento e higiene.

Y es que pese a la extensa regulación nacional e internacional que obliga al Estado a garantizar el derecho al agua y el saneamiento, el gobierno de Venezuela sigue dándole la espalda a sus obligaciones en la materia.

El deterioro del servicio, expresado en déficit del suministro de agua, se ha reflejado intensamente en el actual contexto en el sector de la atención sanitaria y hospitalaria, afectando a pacientes de enfermedades no transmisibles y al personal de salud.

Promesas incumplidas

Una de las promesas más antiguas hechas por Nicolás Maduro en cuanto a la problemática del agua corresponde al año 2013, cuando en noviembre de ese año anunció que a través del primer “Plan Nacional del Agua”, se impulsaría la rehabilitación de 181 acueductos rurales en Venezuela, “para fortalecer el servicio de suministro del vital líquido a las comunidades”.

En esa ocasión se destinaron 16.000 millones de bolívares para ejecutar el Plan Nacional del Agua en los años 2013, 2014 y 2015, con el objetivo de fortalecer el servicio en aquellos sectores que recibían agua potable por ciclos.

Para ese año, Hidrocapital reportó la ejecución de obras de mantenimiento y reparación del sistema de suministro de agua en la Gran Caracas y Vargas, que ascendió a 206.770.000,00 bolívares, concretamente en las parroquias de la capital que hoy padecen severas interrupciones del servicio.

En diciembre de 2014, Maduro lanzó el “Plan 4+3” con el que pretendía trazar la línea de acción para “atender los principales problemas del país”.

La medida, elaborada junto a gobernadores y alcaldes identificados con el PSUV, contó con una inyección de recursos que ascendían a 5.139.370.000.000 bolívares y 343.175.000 euros, para la inversión en mejoramiento de los servicios de agua; transporte; recolección de desechos sólidos; seguridad ciudadana, entre otros.

El entonces “Plan Integral de Agua” consistía en nueve programas a nivel nacional, para los cuales Maduro aprobó 2.388.578 millones de bolívares y 108.660.000 euros que serían empleados en una programación cuatrimestral:

  • Programa de corrección de fugas en la red de distribución de acueductos, para el cual se destinaron 633.000.000 bolívares y 22.000.000 de euros.
  • Programa de rehabilitación de las plantas potabilizadoras, para el cual se destinaron 320.000.000  bolívares y 825.000 euros.
  • Programa de mantenimiento de las estaciones de bombeo.
  • Programa de rehabilitación de vía de penetración de embalses.
  • Programa Rehabilitación de pozos.
  • Programa de saneamiento y control de inundaciones.
  • Programa de mantenimiento de embalses.
  • Programa de atención comunitaria, salas de gestión comunitaria, y reactivación de las mesas técnicas de agua en todas las comunidades del país.

En enero de 2018 el entonces ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez Araguayán, informó que el “Plan Nacional de Agua”, había iniciado obras que se debían ejecutar en tiempo corto, para corregir fugas y mantener las plantas de distribución.

El funcionario dijo que se deberían producir 183 mil litros de agua por segundo pero “los bloqueos internacionales han obstaculizado el proceso y por eso se están buscando alternativas para ello”.

Pero, de acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, realizado por UNESCO y otras organizaciones, Venezuela se situó en el cuarto lugar entre las naciones de América Latina y El Caribe, con la mayor tasa de desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la población.

La permanente privación a los ciudadanos del derecho al agua potable, constituyen otro fracaso de Nicolás Maduro y su “Plan de la Patria 2013-2019” y «Plan de la Patria 2019-2025», que en su objetivo número 3, contemplaba: “protección de cuencas hidrográficas y ambientes naturales; el fortalecimiento y mejoras de los sistemas de agua potable y la consolidación del Plan Nacional de Aguas con la participación protagónica de los comités de agua y otras organizaciones del Poder Popular”.

Otra promesa que cayó en saco roto.


Prensa Provea