Luego de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentara su contundente Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela el pasado 20 de marzo en Ginebra, el gobierno de facto de Nicolás Maduro no logra escapar al escrutinio internacional.
En ese mismo Sistema Universal, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han anunciado que se están preparando para que la migración forzada de millones de venezolanos se prolongue durante unos dos o tres años. Por su parte, el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, se pronunció sobre la última sentencia en contra de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni afirmando que “Es deplorable que la jueza Afiuni siga siendo objeto de una detención arbitraria, y esta última sentencia es claramente otro caso de represalia contra ella”.
En el Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su Informe Anual 2018, manteniendo a Venezuela en el Capítulo IV.B. en función de la atención especial que la CIDH le dedicó al país en el año 2018. Además, la CIDH emitió el 21 de marzo de 2019 la Resolución 14/2019, otorgando medidas cautelares de protección a favor de todas las personas privadas de la libertad (civiles y militares) que se encuentran en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Por contera, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programó para el miércoles 27 de marzo una sesión extraordinaria para considerar “La evolución de la situación humanitaria en Venezuela”.
El expediente internacional en materia de derechos humanos sigue creciendo para el gobierno de facto que además se niega a reconocer sus responsabilidades, y que olvida o ignora que está y estará vinculado por los tratados internacionales de derechos humanos.
