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En la conmemoración del día del trabajador público, y a pocos días de la actualización oral del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con respecto a su reciente informe presentado en julio sobre la crisis venezolana, aún el gobierno de facto no aplica medidas recomendadas para intentar frenar la acelerada y precaria situación que viven los trabajadores públicos, la clase obrera que sobrevive con un salario mínimo de Bs. 40.000. Diversos sindicatos de la administración pública se han manifestado recientemente en contra de su situación laboral, exigen mejoras salariales, laborales, beneficios en general, cumplimiento de sus violadas contrataciones colectivas y un llamado a un aumento de salario mínimo equivalente a 400 dólares.

Actualmente, Venezuela cuenta con el salario mínimo más bajo de toda la región (menos de $2) monto decretado por el que se denominó en un momento el presidente de la clase obrera, recursos que para los trabajadores públicos son insuficientes para sobrevivir, sumado al incumplimiento de cláusulas colectivas como pagos de bonos equivalentes a Bs. 2.000, son varias de las causantes para que muchos de los empleados del gobierno exijan una mejor calidad de vida, con respuestas a sus problemáticas. Desde el 25 de abril de 2019 no se realiza un aumento de salario mínimo, en aquel entonces la cantidad pasó de Bs. 18.000 Bs. (enero 2019) a Bs. 40.000, alza que elevó en 122,2% el salario que regía desde el 15 de enero, medida insuficiente que no sirvió para luchar contra la el descenso del poder adquisitivo venezolano, según información recopilada en el reciente informe de la ACNUDH.

Desde la última reconversión monetaria en agosto de 2018 solo se han decretado 4 aumentos de salario mínimo con la promesa en palabras de Maduro de “un nuevo salario mínimo basado y anclado en medio petro” pero esta medida no se ejecutó en su totalidad, a medida que el valor del petro fue aumentando, el salario de los trabajadores se mantuvo igual, dando con la última medición de medio petro un total de Bs. 612.000 mientras que aún los venezolanos perciben solo Bs. 40.000 mensualmente. En poco más de un año, Venezuela ha obtenido un salario mínimo equivalente a 30 dólares a solo $1,97, y una vez más, Maduro engañó a los trabajadores y continuó profundizando los niveles de miseria.

Sumado a la precaria situación laboral, los empleados públicos deben lidiar con la persecución por alzar su voz, además de constantes amenazas y encarcelamientos por exigir sus derechos, como es el caso del sindicalista Rubén González, condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por un Tribunal Militar (medida inconstitucional y segunda vez en ocho años que es sentenciado a estar tras las rejas por su lucha laboral) que se agrega a las llamadas convenciones colectivas que fueron reducidas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los derechos económicos y sociales se han violado por razones como “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión” por lo que han recomendado urgentemente al gobierno de Maduro a tomar medidas como “Asignar la máxima cantidad de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una forma transparente y responsable que permita evaluar los gastos”.

A continuación, re-difundimos el informe presentado en julio por la ACNUDH donde se insta al gobierno de Maduro a tomar diversas medidas que solucionen la crisis venezolana, a la espera de la actualización oral por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el próximo 09 de septiembre.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

Prensa PROVEA