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El ciclo de protestas iniciado en Venezuela el lunes 21 de enero protagonizado por los sectores populares del país en rechazo a la pobreza, la crisis de servicios básicos y en demanda de un cambio de gobierno y, por otro lado, la gigantesca movilización el pasado 23 de enero en 60 lugares diferentes del país, demostró un rechazo mayoritario a la gestión de Nicolás Maduro que fue respondida de manera despiadada por el Estado. Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmamos que el gobierno desea repetir la estrategia aplicada en el año 2017, cuando amplios sectores de la población protagonizaron una rebelión popular, para detener las exigencias de cambio, violando sistemáticamente los derechos humanos de la población. Esta estrategia se basa en 3 modalidades: La represión selectiva, la invisibilización del conflicto y el desgaste.

Hasta el 28 de enero el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea habían corroborado la cifra de 35 personas asesinadas en contexto de manifestaciones, así como 8 personas ejecutadas luego de las protestas. El Foro Penal calculó que 850 habían sido detenidas, 77 de ellas adolescentes en un rango de 14 a 17 años. Provea ha recibido denuncias de amenazas a familiares para encubrir las causas del fallecimiento en las actas de defunción, así como cobro de altas sumas de dinero para liberar a los detenidos. La actuación abusiva de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y la participación de grupos paramilitares son posibles por la complicidad del Ministerio Público y la omisión de la Defensoría del Pueblo al servicio del gobierno de facto.

Se repiten con mayor gravedad los patrones de violaciones a los derechos humanos contra la población civil usados en 2017. Uso desproporcionado de la fuerza, uso de armas de fuego utilizadas con claros propósitos letales, despliegue de un grupo especializado para operaciones de alto riesgo y apertechado con armas de guerra para el control de manifestaciones, lanzamiento de bombas lacrimógenas contra residencias, detenciones arbitrarias, maltrato a los detenidos, violaciones al derecho a la defensa e incomunicación.

El uso de un grupo comando entrenado para actuar con alta letalidad y no bajo los protocolos del uso proporcional y diferenciado de la fuerza, propios de las labores de seguridad ciudadana, utilizando armas y uniformes de guerra, sugiere que los resultados esperados son una gran cantidad de personas asesinadas y detenidas por manifestar, con el objetivo de inhibir y disuadir la expresión del amplio descontento de la población. Por los testimonios recopilados en Provea, los funcionarios actúan con particular encono en los sectores populares, aprovechando el estado de vulnerabilidad e indefensión de sus habitantes.

Es con este objetivo, promover la auto inhibición en el ejercicio de derechos, que el 29 de enero Nicolás Maduro anunció la creación de más de 50 mil unidades de defensa popular. El propósito es enfrentar pueblo contra pueblo y ampliar la persecución y hostigamiento contra quienes expresen opiniones disidentes. Este anuncio eleva los riesgos de confontación y de violaciones a los derechos humanos, alejando una solución pacífica a la crisis.

En segundo lugar, a partir del 21 de enero se iniciaron procesos administrativos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para promover la autocensura de medios de  comunicación y periodistas. En momentos de alta conflictividad, o declaraciones de la junta directiva de la Asamblea Nacional, se han detectados bloqueos totales o parciales de las redes sociales que intentan obstaculizar la difusión de información. La estrategia del gobierno, dentro del país, es que se conozcan los hechos lo menos posible. Y para el exterior, falsear y minimizar la situación.

Al negar cualquier posibilidad de una salida pacífica a la crisis el alto gobierno se ha cohesionado internamente en la estrategia de ganar tiempo con la esperanza del agotamiento de los esfuerzos sociales, políticos y diplomáticos, de manera similar a cómo ocurrió en el año 2017.

Sobre sanciones y elecciones

Provea coincide con las organizaciones WOLA, Dejusticia, Conectas y la Coordinadora de Derechos Humanos de Peru, en que las sanciones internacionales deben ser coordinadas, vinculadas a objetivos concretos y claramente comunicados y que eviten el empeoramiento de la grave emergencia humanitaria del país. Hemos expresado nuestra aprobación a las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos o funcionarios involucrados en corrupción.

Sin embargo, lamentamos que la negativa de permitir una salida pacífica de la crisis, por parte de la administración de Nicolás Maduro, haya generado el inicio de sanciones económicas contra PDVSA que posiblemente agravarán la ya precaria situación de los venezolanos. La permanencia de Maduro ejerciendo un gobierno de facto genera riesgos a un incremento de sanciones no convenientes para la mayoría de la población. Por ello hacemos responsable a Nicolás Maduro de cualquier salida imprevista o indeseada para la resolución del conflicto, incluida la violencia, el golpe de estado o la injerencia indebida de otros países; pues sigue empeñado en aferrarse al poder y cerrar las vías democráticas, libres y creíbles que permitan la expresión libre y sin coacciones de la soberanía popular.

Provea rechazará cualquier salida de fuerza o al margen de la Constitución y cualquier acción internacional contraria al derecho internacional. Reiteramos que la solución del conflicto es permitir la realización de elecciones libres, transparentes e inclusivas con un árbitro electoral confiable. En este sentido apoyamos los esfuerzos de la Unión Europea al exhortar se realice una pronta convocatoria a elecciones. Asimismo, alentamos las opiniones internacionales que reconocen la necesidad de someter al escrutinio del sufragio a las autoridades que deben liderizar la transición democrática. Promover la realización de nuevas elecciones es reconocer que las del pasado 20 de mayo de 2018 fueron irregulares y su resultado fraudulento, dando paso a una situación que ha sido calificada de usurpación del poder presidencial por parte de Nicolás Maduro.

Insistimos que la movilización masiva y pacifica del pueblo, asumiendo un activo protagonismo, es la fuerza principal para lograr el cambio. Por ello convocamos a participar en la convocatoria realizada por la directiva de la legítima Asamblea Nacional para el próximo sábado 02 de febrero. Exhortamos a no caer en las provocaciones que pretendan producir hechos de violencia. El gobierno teme más a una acción masiva del pueblo que a la actuación decidida de pocos. Sigamos avanzando hacia el cese a la usurpación, gobierno de transición y convocatoria a elecciones.

Prensa Provea