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Desde la Organización no Gubernamental Incide exigimos a las autoridades del estado Sucre y a representantes regionales de los organismos de seguridad del Estado, respetar el derecho a la protesta pacífica, tal y como está establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Desde la institución alertamos que la obstaculización a las marchas convocadas por sectores de oposición y estudiantes, así como la represión por parte de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional (GN), genera saldos de heridos, detenidos en su mayoría jóvenes estudiantes, así como daños a la propiedad pública y privada.

Desde esta ONG que labora en la defensa de derechos civiles, formación de ciudadanía e inclusión social, precisamos que existe preocupación por los resultados que se generan luego de marchas y manifestaciones en las que se hace uso excesivo de fuerza policial y se colocan barreras para impedir el paso de manifestantes, así como uso desproporcionado de sustancias como gases lacrimógenos.

Son estas las protestas que dejan saldos lamentables, contrario a lo que establece el artículo 55 de la Carta Magna, en la cual resalta que “los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los Derechos Humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad”.

Destacamos que ha habido marchas en Cumaná, como las convocadas en fechas 1° de mayo, por el Día del Trabajador, 6 de mayo por las mujeres para protestar contra la represión, en las cuales no se colocaron barreras policiales para impedir el paso de manifestantes hacia sus lugares de destino, no hubo uso de equipos antimotines ni de gases tóxicos para reprimir a manifestantes. En estas ocasiones no hubo detenidos ni daños a la propiedad, tanto pública como privada.

De igual forma, resaltamos que los grupos civiles armados, que hacen presencia fundamentalmente en marchas convocadas por sectores de oposición y estudiantes, no pueden ser utilizados como garantes del orden público, porque no es una competencia constitucional, la cual solo está dada a los cuerpos de seguridad del Estado. Alertamos también que la mayoría de los detenidos durante las protestas, son jóvenes estudiantes, aprehendidos de manera arbitraria y a los cuales no se les siguen procesos legales regulares ni conformes a la leyes nacionales.

Desde Incide Exigimos:

  • A la Gobernación del estado Sucre, alcaldías y organismos de seguridad  garantizar el ejercicio pleno del derecho constitucional a la manifestación pacífica, en coherencia y apego a los estándares nacionales e internacionales sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza en la gestión de manifestaciones.}
  • La desincorporación inmediata de grupos civiles armados en labores de seguridad ciudadana;  su desarme e investigación así como la sanción para quienes estén incursos en delitos y violaciones a DDHH.
  • El cese de detenciones arbitrarias y el respeto al debido proceso, la liberación de personas con orden de excarcelación, el cese de aplicación de fianzas discrecionales, no cónsonas con la ley venezolana. Exigimos que las investigaciones y sus resultados sean realizados y divulgados por el Ministerio Público.
  • Emplazamos a los manifestantes deseen continuar en protestas, ejercer su derecho constitucional de manera cívica y pacífica.

Cumaná, 9 de mayo de 2017


ONG Incide