El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creado por la Organización de Naciones Unidas mediante su Resolución A/RES/65/209 del 30 de marzo de 2011, para expresar su preocupación e instar a los gobiernos del mundo a frenar la terrible figura de las desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su circulo de familiares y amigos. No sólo afecta al desaparecido, genera un profundo temor e incertidumbre en sus familiares, por lo que prolonga el sufrimiento e inhibe a la sociedad, quien se siente amenazada ante tales prácticas. En la asunción del terrorismo de Estado como forma de gobierno, las dictaduras -clásicas y modernas- de América Latina, han recurrido a la oprobiosa tarea de desaparecer a cientos de miles de ciudadanos para tratar de impedir los cambios sociales o aplastar las revueltas sociales que demandan mejoras para las mayorías.

La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas considera esta figura como la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Asimismo, el instrumento interamericano de protección destaca que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana e impone a los Estados el deber de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho en su sentencia del 29.07.1988 por el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras que “La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar ”

La Corte ha señalado que la práctica de desapariciones forzadas constituye además una ruptura del Estado con los valores y principios de laConvención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas “en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención”.

La desaparición forzada ha sido una práctica en Venezuela desde la década de los 60 del siglo XX. En la lucha antisubversiva de los años 60 y 70 activistas de derechos humanos denunciaron la desaparición de más de mil personas presuntamente vinculadas a los grupos insurgentes de la época o de las bases de apoyo social. En la década de los 80 y 90 las desapariciones forzadas continuaron en menor cantidad, pero esta vez relacionadas en la lucha contra el delito común. Así presuntos delincuentes pasaron a ser las víctimas de desaparición forzada. En el siglo XXI las desapariciones continuaron bajo esta misma orientación de detener y desaparecer presuntos delincuentes. Desde ese año 2000 hasta 2015 Provea recopiló 122 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes. En este lapso los casos de desaparición forzada por razones políticas eran inexistentes. 

Caso Raúl Isaías Baduel

Raúl Isaías Baduel es un militar y político venezolano, responsable en 2002 de dirigir la operación que condujo a la restitución del hilo constitucional y el retorno de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, luego del golpe de Estado encabezado el 11 de abril de ese año por Pedro Carmona Estanga y el Alto Mando Militar. Baduel fue comandante general del Ejército desde enero de 2004 hasta julio de 2006, y Ministro de la defensa entre 2006 y 2007. Desde el año 2009 se encontraba en prisión, cumpliendo una condena de casi ocho años. En 2015, Baduel recibió un beneficio procesal que fue revocado en 2017 según el alegato de haber violado los términos de su libertad condicional.

Desde el 12 de enero Raúl Isaias Baduel se encontraba recluído en el Centro Nacional de Procesados Militares de “Ramo Verde” en el estado Miranda, y desde el pasado 08 de agosto, los familiares y abogados del General desconocen su paradero y su condición de salud, y las autoridades responsables de su custodia no han ofrecido ninguna información al respecto. De forma extraoficial, se conoció que el pasado 08 de agosto en horas de la madrugada, el General Baduel fue sacado de su celda y trasladado a un lugar desconocido. Hasta la fecha, han transcurrido 22 días desde la desaparición forzada del General Raúl Isais Baduel.

El miércoles 23 de agosto, la hija y abogados de Raúl Isaias Baduel acudieron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer un recurso de habeas corpus, para que las autoridades judiciales realicen las actuaciones necesarias para dar con su paradero, toda vez que existen fundadas dudas sobre el respeto a la vida e integridad física del General Baduel por parte de las autoridades responsables de su custodia.

Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado

En un claro empleo del sistema de administración de justicia para criminalizar derechos y en un acto de reataliación contra la familia del General, el 04.03.2015, el Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua condenó a ocho años de prisión al hijo del General Baduel, Raúl Emilio Baduel junto a Alexander Tirado, quienes habían sido detenidos el 21.03.2014 en una protesta pacífica que se desarrollaba en Maracay.

El 17 de agosto, Andreína Baduel, también hija del General, difundió un vídeo exigiendo a las autoridades venezolanas presentar una “fe de vida” de su padre, ante la negativa de ofrecer respuestas sobre la situación y el paradero del preso político.

La desaparición forzada de Raúl Baduel, es el cuarto caso, junto a Alcedo Mora Márquez y los hermanos Vergel -desaparecidos desde el pasado 27 de febrero de 2015-, de desaparición forzada desde el año 2000, que puede relacionarse con motivos políticos, ya que la víctima es un reconocido ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez y quien posteriormente se convirtió en un fuerte crítico a la gestión del fallecido presidente y del gobierno actual.

Caso Alcedo Mora y hermanos Vergel

Alcedo Mora es un reconocido activista popular de la ciudad de Mérida con amplia trayectoria en las organizaciones PRV-FALN-Ruptura y Tercer Camino en la entidad, además es vocero del Secretariado de los Colectivos Revolucionarios en el estado. Fue visto por última vez el 26 de febrero de 2015 en las inmediaciones de la Plaza El Llano de la ciudad de Mérida. Un día antes envió un mensaje de texto en el que informó que asistiría a una reunión en la población de Jají, municipio Campo Elías de la entidad andina. Además, en sus mensajes de ese día informó: “Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el SEBIN, se me quiere involucrar en unos recuperos , la cosa es complicadas , es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a PDVSA que -he- venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente. Atte. Alcedo Mora. Batería”. Desde entonces no se ha tenido ninguna información sobre su paradero.

El pasado 27 de agosto de 2017 se cumplieron 30 meses de la desaparición forzada del dirigente popular del estado Mérida, Alcedo Mora y de los ciudadanos de origen colombiano Jesús Esneider Vergel Prado y Eliezer Antonio Vergel Medina. Luego de una intensa campaña de denuncias, movilizaciones, solicitudes de investigación al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, las autoridades venezolanas no han brindado una respuesta a sus familiares sobre el paradero de estos ciudadanos.

Familiares de Alcedo Mora acompañados por Provea ejercieron el 28 de junio de 2016 una Petición por violación de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a los fines que el caso sea examinado por ambas instancias de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Alcedo Mora denunció por medios de comunicación y en un informe entregado al gobernador del estado Mérida a varios funcionarios de la gobernación y personal de la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)  que estarían involucrados en el contrabando de gasolina hacia la República de Colombia. Alcedo Mora además realizaba críticas públicas al gobierno nacional en aquellos aspectos que consideraba atentaban contra los intereses de las mayorías pobres del país.

Aumentaron los casos

Lo que tanto criticó el gobierno sobre las presuntas desapariciones durante el mandato de la llamada “cuarta república”, tal parece que este régimen también padece de esa enfermedad (La Guarura)

En 2016 las desapariciones forzadas aumentaron en un 533% respecto al año anterior. Pasamos de sólo 3 casos registrados en 2015 a 19 en 2016, lo que a su vez constituyó un aumento de 173% respecto al promedio general de estos casos durante los últimos 16 años registrados por Provea. Es el tercer año con más casos de nuestros registros, solo superados por el año 2013 (23 casos) y 2010 (39 casos). Entre 2000 y 2016, se han registrado 141 casos de desapariciones forzadas, 4 de ellos por razones políticas.

Estas cifras refuerzan la tendencia general al incremento de este fenómeno en el país durante los últimos años. Casos como los de Tumeremo, Barlovento y Cariaco, son emblemáticos para explicar este tipo de prácticas en el año 2016. El único mes del año donde no se reportaron desapariciones fue diciembre; en febrero y noviembre se denunciaron 3 casos, cada uno; en enero, marzo, mayo y agosto 2 cada uno; en el resto de los meses (abril, junio, julio, septiembre y noviembre) ocurrió al menos una desaparición.

En un contexto de pérdida de la institucionalidad y extinción del Estado de Derecho, Provea expresa honda preocupación por el ascenso de los casos de desaparición forzada; detenciones arbitrarias; torturas y tratos crueles contra detenidos. Dichas situaciones son propiciadas por el aumento de la respuesta militar ante la conflictividad social y la consolidación de la doctrina de seguridad nacional en el gobierno.

En la medida que aumente la respuesta autoritaria en materia de seguridad ciudadana y gestión de manifestaciones, aumentara el número de casos de abusos contra los derechos humanos que incluyan detenciones arbitrarias y eventuales desapariciones temporales o indefinidas de personas. Los obstáculos para determinar el paradero, garantizar la defensa y el apoyo a detenidos, aumenta las posibilidades de la comisión de delitos contra los derechos humanos, como la tortura, tratos crueles, e incluso la desaparición forzada. Urge detener la posibilidad que la dictadura venezolana siga cometiendo claros abusos contra los derechos humanos. Para ello es necesaria la presencia de la amplia diversidad de mecanismos de protección que brindan el Sistema Interamericano y Universal de protección a los derechos de la gente.


Prensa Provea