El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) condena categóricamente el asesinato del activista político, periodista y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), José Urbina, ocurrido el lunes 10 de enero de 2022 en Puerto Páez, estado de Apure.
La dirección nacional del PCV denunció que Urbina habría sido asesinado a tiros en horas de la noche del pasado lunes por personas hasta ahora desconocidas, mientras se encontraba en su vivienda ubicada en la parroquia Codazzi del municipio Pedro Camejo.
«El Buró Político del CC-PCV denuncia este vil y cobarde asesinato y exige de las autoridades venezolanas inmediatas y exhaustivas investigaciones que identifiquen a los autores intelectuales y materiales, así como posibles cómplices», reza el comunicado firmado por la máxima instancia de dirección de la agrupación política.
El documento resalta que José Urbina era un destacado activista en la región fronteriza con Colombia que enfocaba su labor política y social en defensa de las comunidades, lo que ocasionó que tuviera enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos de seguridad e incluso amenazas en contra de su integridad física.
Franklin González, Secretario Ejecutivo del Partido Comunista de Venezuela en el estado Apure, señaló este miércoles en una entrevista con la periodista Marypili Hernández para la emisora Unión Radio, que Urbina lideraba las denuncias de las comunidades criollas e indígenas, por presuntas violaciones de derechos humanos y diversos abusos cometidos por agentes de la fuerza pública y grupos irregulares en la población de Puerto Páez.
El activista político y comunicador social José Urbina, había recibido amenazas luego de difundir un video donde se denunciaba a un Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de cometer abusos contra los pobladores de la zona, según González
A través de su cuenta oficial en Twitter, la dirección nacional del PCV divulgó un vídeo realizado en días recientes por Urbina, donde hace responsable al comandante del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Páez, de cualquier atentado contra su integridad física.
“Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de la Guardia Nacional acantonado en Puerto Páez, estado Apure, en donde me acaba de amenazar directamente ante gran cantidad de público, porque estamos haciendo una protesta pacífica […] él es el responsable absoluto de todo lo que está sucediendo aquí en esta población y por lo tal, lo hago culpable de cualquier cosa que le ocurra a mi integridad física o a cualquier persona de esta población”, afirmó Urbina.
José Urbina, quien era calificado como un comunicador social polémico por sus constantes denuncias sobre irregularidades y abusos contra los derechos humanos en la región, era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM.
Urge investigar y sancionar a los responsables
Provea expresa su honda preocupación por esta muerte y exige el inicio de una investigación para esclarecer este repudiable hecho.
En marzo de 2019 el también comunicador social y activista político chavista, Alí Domínguez, murió en Caracas como consecuencia de una fuerte golpiza presuntamente propinada en ataque por sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Según relataron sus allegados, meses antes de su muerte Domínguez había sido amenazado y golpeado por presuntos funcionarios al servicio de las autoridades de esa casa de estudios.
Hasta enero de 2022 las autoridades siguen sin aclarar las circunstancias que produjeron la muerte del periodista Alí Domínguez, ninguna persona ha sido señalada como responsable por lo ocurrido.
Aspiramos que los familiares y allegados a José Urbina, no corran con la misma suerte que le tocó a los familiares y amigos de Alí Domínguez. Reiteramos nuestro llamado a que no se siga protegiendo con la impunidad a quienes intentan callar el activismo y las denuncias mediante la fuerza.
A pesar de la ausencia de institucionalidad democrática e independencia del sistema de administración de justicia en Venezuela, las víctimas deben agotar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar la verdad.
Ello implica ejercer la presión social necesaria, a través de la denuncia y la movilización, para que fiscales y jueces investiguen y sancionen a los responsables de delitos comunes y/o violaciones a los derechos humanos.
Prensa Provea
