La Unión Europea expresa su solidaridad con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para determinar el futuro de su país. Millones de venezolanos eligieron un cambio democrático al apoyar a Edmundo González Urrutia con una mayoría significativa, según copias de las actas electorales disponibles públicamente. Dado que las autoridades se han negado a publicar los registros oficiales de las mesas electorales, los resultados anunciados permanecen sin verificar y no pueden ser reconocidos como representativos de la voluntad popular. Las autoridades venezolanas desaprovecharon una oportunidad clave para respetar la voluntad del pueblo y garantizar una transición democrática transparente con garantías para todos. En consecuencia, Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente democráticamente electo.
Desde el día de las elecciones, las autoridades venezolanas han intensificado la represión y el hostigamiento contra la oposición, la sociedad civil y sus familias, encarcelando voces disidentes y obligando a sus propios ciudadanos a vivir con miedo o a exiliarse. Más de 2,500 ciudadanos, incluidos menores de edad, fueron arrestados. Aunque la UE toma nota de la liberación de algunos de ellos, ninguna de estas personas debería haber pasado un solo día detenida. La UE insta a las autoridades de Venezuela a poner fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, incluidas las de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, y a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos.
Venezuela debe cumplir con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional, incluidas las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Instamos a las autoridades a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la asamblea pacífica y la libertad de expresión. La UE celebra el regreso a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como un paso en la dirección correcta. Instamos a Venezuela a comprometerse de manera constructiva y efectiva con un ACNUDH plenamente operativo, así como con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, la Corte Penal Internacional y los mecanismos regionales pertinentes.
Ante esta situación, el Consejo ha decidido adoptar un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra 15 personas responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho o los derechos humanos en Venezuela. El objetivo es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis. La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda infligir daño al pueblo venezolano o a su economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La reversión de las sanciones de la UE dependerá de avances tangibles en derechos humanos y en el Estado de derecho, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática.
En 2025, la Unión Europea continuará atendiendo las necesidades urgentes de la población de Venezuela, que sufre las consecuencias de una prolongada crisis humanitaria. Solo el año pasado, la UE destinó casi 75 millones de euros para aliviar el sufrimiento de los más vulnerables.
La Unión Europea respalda a todos aquellos que defienden los valores democráticos en Venezuela, incluidos los defensores de derechos humanos. La UE continuará trabajando con todos los venezolanos, así como con socios regionales e internacionales, para fomentar el diálogo y una salida democrática a la crisis liderada por los venezolanos, que restaure la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social para los millones de venezolanos que enfrentan necesidades críticas. La UE seguirá participando de manera específica con las instituciones y con actores políticos y de la sociedad civil para abordar preocupaciones y facilitar un diálogo significativo sobre los derechos humanos y la transición hacia la democracia.
