Los abajo firmantes, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) junto a colegas especializados en el estudio de la violencia, seguridad ciudadana, política criminal y derechos humanos en la región, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la reciente decisión de las autoridades venezolanas de expulsar, en un plazo de 72 horas, a la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OACNUDH) que ejerce funciones en dicho país desde el año 2019, en virtud de un acuerdo entre la OACNUDH y el gobierno venezolano para contar con un espacio de información técnica y diálogo entre víctimas, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, las instituciones estatales y el sistema universal de protección y defensa de los derechos humanos.
Resulta importante señalar que esta decisión gubernamental unilateral, surge en el contexto de la desaparición forzada por más de 100 horas, seguida de incomunicación y una serie de obstáculos para el derecho a la defensa, de la profesora y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel -beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2012-, cuyo caso no es un hecho aislado en la Venezuela actual, donde el “lawfare” es práctica común, tal como han documentado distintas instancias de la ONU. Las sanciones económicas unilaterales en contra de actores gubernamentales y las tensiones geopolíticas generadas por las potencias mundiales no justifican, no legitiman, ni relativizan la violación de derechos humanos en Venezuela.
También se intenta aprobar en el parlamento venezolano un proyecto normativo titulado “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, instrumento fuertemente controvertido por colocar restricciones y mecanismos de control excesivamente discrecionales a los ya existentes, para la organización social, la labor de ayuda humanitaria y el activismo por el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los pactos, tratados y convenios internacionales que gozan de jerarquía constitucional en Venezuela.
Rechazamos el intento de criminalización de toda la estructura que conforma el sistema universal e interamericano de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas, pues son estas instancias las que han permitido a lo largo de la historia latinoamericana y de los demás países periféricos, establecer instancias de diálogo constructivo para favorecer el ejercicio de derechos humanos de las personas más vulnerables afectadas por las crisis humanitarias, la ausencia de democracia y las graves violaciones a los derechos humanos. Basta recordar, lo trascendente que resultó ser la visita de la CIDH a suelo argentino en el año 1979, cuando se pudo consignar el testimonio fehaciente de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros delitos contra la dignidad humana que tuvieron lugar durante la dictadura argentina, que posibilitó condiciones favorables para la recuperación de la vida democrática en dicho país con posterioridad.
Como en otras oportunidades hemos señalado desde ALPEC, hacemos un llamado por la institucionalidad en Venezuela y rechazamos el uso del poder ilimitado por parte de las autoridades contra cualquier expresión que disienta de los parámetros oficiales, y que hoy ha tenido su correlato internacional desdeñando de los mecanismos que la humanidad ha creado para contener a ese poder, e ir más allá de la mera vigencia formal de los derechos para hacerlos realmente efectivos.
Las convenciones y pactos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos, y han sido suscritos, ratificados y reconocidos con validez constitucional por el Estado venezolano, su respeto y cumplimiento, es uno de los núcleos fundamentales para crear condiciones favorables para el ejercicio de una democracia plena basada en la justicia social.
Germán Aller, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay).
Fernando Tenorio Tagle, Director del Centro de Investigaciones jurídico políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México.
Consejeros Ejecutivos
Ana Cecilia Morun Solano, Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Representante de ALPEC República Dominicana
Fernando Tocora, Representante de ALPEC Colombia
José Héctor Carreón Herrera, Director General del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio (INEPPA), Representante de ALPEC México
Lina Torres Rivera, Socióloga-Criminóloga. Representante de ALPEC Puerto Rico
Luis Mérida, Representante de ALPEC Guatemala
Jorge Rossell Senhenn, Profesor Titular de la UPEL, profesor de postgrado de varias Universidades, Ex Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Representante de ALPEC Venezuela
Representantes de grupos nacionales
Héctor Carreón Perea, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle (Ciudad de México) y miembro de la ALPEC
Manuel Jorge Carreón Perea, Docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de México y miembro de la ALPEC
Keymer Ávila, Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN), miembro de REACIN y de la ALPEC
Luis Arroyo Zapatero, Presidente de la Société Internationale de Défense Sociale, Rector honorario y profesor emérito de la Universidad de Castilla La Mancha, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Ciencias Morales y Políticas de Francia
Alberto Binder, Presidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Argentina
Alejandra Mohor, Investigadora. Universidad de Chile
Analía Ploskenos, Docente de Criminología en Especialización Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Colaboradora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed)
Ángel Zerpa Aponte, Profesor de Derecho Penal en la UCV y ex juez penal
Blanca Rosa Mármol de León, Profesora de Derecho Penal y Magistrada Emérita del TSJ de Venezuela
Carlos Silva Forné, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe
Daniel Castro Aniyar, Profesor de Investigación y Criminología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ULEAM (Ecuador)
Diego Zysman Quiros, Profesor de Derecho Penal y Criminología, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Doriam Borges, Investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro – UERJ (Brasil)
Edwin Zambrano, co-Fundador de la Asociación Americana de Juristas Capítulo Venezuela
Enrique Castro Vargas, Investigador y Coordinador del Taller de Asuntos Públicos (TAP) en Perú
Enrique Coutiño, Investigador jr. externo de El Colegio de México
Gabriela Colocho, Investigadora del Servicio Social Pasionista- El Salvador
Héctor Silveira, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona
Ignacio Cano, Profesor de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Javier Elechiguerra, Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional de la UCV. Ex Procurador General y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
Javier Sosa, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad del Zulia
Jeannette Aguilar, Investigadora social. Profesora invitada Universidad de Costa Rica
Jerónimo Castillo Muñoz, Investigador. Fundación Ideas para la Paz, Colombia
Jesús Vergara, Profesor en Derecho Penal de la Universidad del Zulia y Secretario General de la Federación de Abogados de Venezuela
Jorge Ramos Guerra, Profesor de la Universidad Fermín Toro y ex gobernador del Estado Lara
Julián Alfie, Subdirector Ejecutivo del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Argentina
Julio Elías Mayaudon, Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Carabobo y ex Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ
Macario González, Profesor Universitario, ex alcalde del Municipio Iribarren del estado Lara
Magaly Vásquez González, Profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Manuel Llorens, Profesor de la UCAB, Psicólogo, investigador en temas relacionados con la violencia, REACIN
Manuela Suárez, Investigadora. Fundación Ideas para la Paz, Colombia
María Edith López Hernández, Abogada Afromexicana, Consultora Internacional en Género y Derechos Humanos
María Pilar Marco Francia, Profesora de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid
Pablo Glanc, Profesor de la Universidad Nacional José C. Paz
Patricia Parra, Colaboradora del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN)
René Molina, Profesor de Introducción al Derecho de la UCV
Roberto Anderis, Presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes
Sabrina Paula Vecchioni, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación -Argentina- y tutora de la Maestría en Género, Sociedad y Política (FLACSO-PRIGEPP)
Thaiz Carlín, cientista política del Taller de Asuntos Públicos (TAP), Perú
Verónica Zubillaga, Profesora de la Universidad Simón Bolívar y Directora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN)
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Comunicado-ALPEC-Venezuela-20.2.24
