Declaración pública
Venezuela: La OMCT condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes
Ginebra (Suiza), 19 de mayo de 2017
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) insta a las autoridades venezolanas a proteger a aquellas personas que ejercen el derecho a la libertad de reunión y a investigar de forma exhaustiva la muerte de al menos 42 personas y todos los casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos ocurridos en el marco de las protestas.
Desde que empezaron las protestas a fines de marzo de 2017, al menos 42 personas, incluyendo varios adolescentes, han fallecido y más de 900 han resultado heridas, incluyendo niños y ancianos, durante enfrentamientos entre manifestantes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares, según los datos hechos públicos por el Ministerio Público. Centenares de manifestantes – que fuentes no oficiales cifran en más de 2000 hasta el momento – habrían sido detenidos en varias ciudades del país, muchos de ellos estudiantes y menores de edad.
Las protestas iniciaron el 30 de marzo de 2017, cuando partidos y grupos simpatizantes de la oposición convocaron marchas en varios puntos del país en rechazo a las sentencias (posteriormente modificadas) en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumía las competencias de la Asamblea Nacional por encontrarse esta última en situación de desacato. Varias de las protestas que inicialmente se desarrollaron de manera pacífica fueron dispersadas o reprimidas violentamente en medio de un fuerte despliegue de efectivos de seguridad.
Un gran número de muertes y heridos graves, incluyendo manifestantes y transeúntes, ha resultado del uso de armas de fuego y armas menos letales, en particular bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y perdigones. También ha habido personas arrolladas por vehículos antimotines y muchos casos de asfixia por la inhalación de gases tóxicos. En este marco, la OMCT expresa su consternación por el reiterado incumplimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el curso de manifestaciones.
Además, se ha reportado la presencia de grupos civiles armados que realizarían labores de contención de la protesta ciudadana y habrían disparado con armas de fuego, asesinando e hiriendo a manifestantes. Esta situación se agravó con la activación del denominado Plan Zamora 200, el 18 de abril de 2017, el cual, contrariamente a la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas y a “fuerzas populares” labores relativas al control del orden público.
De la misma manera, preocupa profundamente el uso de la jurisdicción penal militar, documentado en más de 250 casos, para detener y juzgar a civiles, lo que vulnera el debido proceso y el derecho al juez natural, garantías básicas para asegurar el derecho a un recurso efectivo. Esta situación se enmarca en un contexto de criminalización generalizada de aquellas personas que participan en las protestas, las cuales han sido tildadas de “terroristas” por parte de representantes del gobierno y acusadas de delitos que acarrean altas penas como el de “rebelión”.
En este sentido, la OMCT considera que tanto la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) como el Plan Zamora deberían ser abolidos y los operativos de seguridad revisados con vistas a la desmilitarización de las tareas relacionadas con el mantenimiento del orden público.
Malos tratos y detenciones arbitrarias
También se han registrado irregularidades y abusos durante la práctica de las detenciones y el traslado a dependencias policiales y militares. En el trayecto a lugares de detención, muchos manifestantes habrían sido golpeados, maltratados y vexados, incluyendo casos de violencia sexual.
Asimismo, los informes recibidos indican la inobservancia de garantías procesales clave para prevenir la ocurrencia de tortura, malos tratos y violaciones a la libertad personal. Se han reportado lapsos prolongados de incomunicación durante los cuales el paradero de los detenidos es desconocido por sus familiares. En un número elevado de casos las detenciones se han ordenado y prolongado contrariamente a lo solicitado por la Fiscalía, en ocasiones condicionando la libertad a la presentación de fiadores, lo que ha supuesto la prolongación indebida e injustificada del periodo de detención en oficinas y dependencias no habilitadas para albergar a detenidos en condiciones dignas. Fuentes fidedignas también coinciden en denunciar hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia, incluyendo a víctimas menores de edad.
Priorizar los cauces democráticos y alternativas al uso de la fuerza
La OMCT llama a todas las partes a abstenerse de recurrir a la violencia y a privilegiar el diálogo y los canales democráticos de participación. Con el fin de favorecer una salida no violenta a la crisis, exhortamos a las autoridades a garantizar el pleno respeto al derecho a la libertad de reunión y a proteger a los manifestantes y a los transeúntes frente a los ataques de civiles armados. El derecho a la libertad de reunión es un pilar básico para canalizar la expresión colectiva de opiniones o creencias políticas, culturales o religiosas diversas, lo cual incentiva el debate público y la existencia de sociedades plurales, tolerantes e inclusivas.
Asimismo, la OMCT recuerda a las autoridades que, según las normas internacionales, la fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario en defensa propia o defensa de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. Respecto el uso de la fuerza incluyendo armas menos letales, los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley solo lo permiten cuando hayan resultado ineficaces todas las vías de mediación y negociación posibles y recuerdan que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.
En este contexto, cabe destacar que el uso de la fuerza empleado sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, la OMCT reitera que está prohibido el disparo de proyectiles de gas dirigido al cuerpo de personas, en particular cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no debe ser arrojado en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.
Las autoridades también tienen la obligación de garantizar la asistencia médica de urgencia a toda persona herida en los operativos de seguridad desplegados en las manifestaciones, notificando si fuera necesario a los familiares y amigos cercanos lo más pronto posible.
Luchar contra la impunidad
La OMCT urge a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos relacionados con la muerte, tortura, detenciones arbitrarias y cualquier otro incidente donde se haya registrado un uso abusivo o arbitrario de la fuerza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. Asimismo, la OMCT hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y personas que denuncien violaciones a los derechos humanos pueden hacerlo sin sufrir represalias.
Libertad para los protestantes
Finalmente, la OMCT llama a las autoridades a ordenar la libertad inmediata de todas y cada una de las personas detenidas en el marco de las protestas en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal civil competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento.
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
