La directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez Sandoval, sostiene que el silencio de las autoridades sobre los sucesos ocurridos en La Vega en enero del presente año y la continuidad de este tipo de hechos demuestra que se está ante ejecuciones extrajudiciales que deben formar parte del expediente de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano
Desde su informe de julio de 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ha venido señalando que en Venezuela se han cometido ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando de la Policía Nacional Bolivariana que Bachelet recomendó al gobierno de Nicolás Maduro disolver; sin embargo, no solo este cuerpo ha continuado sus actividades, sino que ha recibido el apoyo público por parte del mandatario venezolano y se han multiplicado los casos de muertes en supuestos enfrentamientos entre presuntos integrantes de bandas delictivas con este organismo.
El más reciente de estos hechos es de la masacre de La Vega, la populosa parroquia del suroeste de Caracas se tiñó de sangre en los primeros días de este 2021, cuando un operativo policial con participación de las FAES dio como resultado la muerte de más de 20 personas y del que han proliferado denuncias por parte de diversos testigos que no solo desmienten el supuesto enfrentamiento, sino que aseguran que varias de las víctimas ni siquiera tenían algo que ver con bandas criminales.
Este 19 de febrero, la organización Amnistía Internacional (AI) publicó un informe según el cual su laboratorio de investigación determinó que al menos 14 de las víctimas fatales de la masacre de La Vega podrían catalogarse de ejecuciones extrajudiciales, y pidió a la Corte Penal Internacional, realizar una investigación sobre los hechos.
Ejecuciones extrajudiciales no son debidamente investigadas
La directora de investigación para las Américas de AI, Carolina Jiménez Sandoval, explicó los elementos que llevan a la organización a determinar que 14 de los muertes de la masacre de La Vega pudieron ser producto de ejecuciones extrajudiciales y sostuvo que el que esto haya ocurrido más de un año después de las alertas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas demuestra que se está ante una política de Estado, evidenciada además por el silencio de las propias autoridades, como el Fiscal General de la República designado por la asamblea constituyente de 2017 (no convocada por el pueblo) y el Defensor del Pueblo.
“Decimos que al haber multiplicidad de víctimas y un patrón de acción estamos hablando de una política de Estado. Cuando la Fiscalía dice que hay 82 sentenciados, pero ninguno de los integrantes de altos mandos, cuando no hay investigación de quienes dan estas órdenes, y cuando los hechos se siguen repitiendo, deducimos que no se trata de violaciones de DDHH solamente, sino de una política, y cuando hay una política estamos ante crímenes de lesa humanidad”, expresó Jiménez Sandoval.
Elementos para determinar que hubo ejecuciones extrajudiciales en La Vega
– ¿Cuáles son los elementos verificados en la documentación que manejan que les hacen penar que hubo ejecuciones extrajudiciales en los sucesos de La Vega?
-Varias cosas que son importantes para analizar en un contexto como el venezolano. Hay evidencia a la que hemos accedido a través de fuentes abiertas e información que nos han hecho llegar ONG. Lo primero que detectamos en el análisis fuentes abiertas es que hubo un operativo, hicimos un análisis informaciones entre el seis y el nueve de enero donde la comunidad alertó sobre violencia en la zona, y eventualmente cuentas en redes sociales de la propia PNB y la FAES hicieron público que se estaba haciendo un operativo y se habían desplegado 650 agentes. Teníamos primero que comprobar la existencia de ese operativo. Tenemos fotos y videos que demuestran el movimiento. Luego comienza a salir información de víctimas fatales, y de quiénes se trataba.
“Ha habido bastante silencio por parte de las autoridades, pero hemos verificado que en al menos 14 de los casos que pudimos observar, la evidencia contradice lo poco que han dicho las autoridades al respecto. Miguel Domínguez, director de las FAES dijo que se había abatido a 15 delincuentes, pero si un enfrentamiento lleva a la muerte de personas, hay parámetros (para determinar lo que sucedió), los enfrentamientos usualmente implican pérdidas de ambos lados, porque a quien te estás enfrentando como fuerza policial está devolviendo fuego y hasta este momento no existe ninguna información oficial sobre algún policía herido o muerto”, indicó Jiménez Sandoval.
La directora de Investigación de AI relató que les tocó revisar cómo habían muerto estas personas y pudieron comprobar, sin lugar a dudas, que la evidencia muestra que los disparos que causan la muerte están ubicados en zonas del cuerpo de alta letalidad. “De las 14 evidencias fotográficas a las que tuvimos acceso, al menos nueve tienen herida de bala toráxicas, cercanas al corazón, y dos heridas en la cabeza, lejos de tratarse de ráfagas pudiéramos estar hablando de disparos muy cercanos y muy dirigidos”.
Precisó que la tercera fase para sacar conclusiones es entender el contexto. “Está plenamente documentado en informes de la sociedad civil, de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, que las ejecuciones extra judiciales son parte de un patrón sistemático. No es la primera, se nota un patrón repetido en el que las fuerzas de seguridad atacan a jóvenes en situación de pobreza. Por eso concluimos que podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales enmarcadas en estos operativos de seguridad que se mantienen en situación de total impunidad”.
Ejecuciones extrajudiciales deben ir a expediente de crímenes de lesa humanidad
– ¿Puede dar la CPI una respuesta satisfactoria, toda vez que pasan muchos años para que abran una investigación? Un ejemplo son las violaciones de DDHH en Colombia
-En este momento la Fiscalía está terminando su examen preliminar sobre Venezuela, el año pasado la fiscal publicó un informe en el que reconoce que hay evidencias suficientes para considerar que, dados los patrones de violaciones de ciertos derechos pudiera estarse ante crímenes de lesa humanidad. Lo que ahora tiene que hacer la Fiscalía es analizar si en Venezuela se investigan estos casos, si el sistema de Justicia se está haciendo cargo de estas violaciones sistemáticos de DDHH.
“La CPI actúa como elemento complementario, el sistema nacional de justicia es el primero, pero en Venezuela la justicia está coactada por el Ejecutivo y pareciera garantizar la impunidad. Cuando uno escucha al Fiscal General, lo que escuchamos que hacen es defender las actuaciones de estas fuerzas de seguridad, que están ejecutando las violaciones de DDHH, dicen no hay que disolver las FAES”, añadió Jiménez Sandoval.
En su opinión, el caso de La Vega es emblemático. Argumentó que si hay uno donde se ha visto un “silencio que habla” es éste. “En este momento, que ha pasado mes y medio de una masacre, no hemos visto información pública que indique se está realizando una investigación. El mensaje que ese silencio envía es el de impunidad. Si la Fiscalía de la CPI tiene que determinar que no hay un sistema de justicia nacional que se dedique a investigar y dar reparo a las víctimas, puede decidir que hay lugar para su actuación”, detalló Carolina Jiménez Sandoval.
Añadió que en Colombia ya hay un examen preliminar, pero la situación es distinta. “Es un país donde se han establecido mecanismos de justicia transicional y eso no existe en Venezuela, lo que hay es una política de control social con violaciones de DDHH para arremeter contra jóvenes en situación, de pobreza para tener control social, también contra protestas y medios de comunicación social”.
“Lo ocurrido en La Vega –continuó- servirá para que la CPI vea que el sistema de justicia en Venezuela es deliberadamente inoperante. Cuando ocurre una masacre como esta y una Fiscalía y una Defensoría mantienen silencio envían mensaje que no quieren investigar. Cuando a pesar que las Naciones Unidas y las ONG han dicho deben ser desmantelada y no se hace, también allí hay un mensaje”.
Política de Estado
-La Alta Comisionada para los DDHH ha exhortado a disolver las FAES, pero estas siguen actuando e incluso Nicolás Maduro ha manifestado su apoyo a las mismas en público. ¿Cree que es una política del Estado venezolano cometer este tipo de crímenes?
-Hemos estado alineados con los hallazgos de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Cuando ocurrieron las protestas de principios 2019, eran 43 personas muertas, hicimos un informe donde mencionamos que quienes habían muerto en ese contexto de protestas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, un caso de chicos (jóvenes) que habían publicado un video en el estado Lara se hizo viral y hubo allanamiento de sus casas y ejecuciones extrajudiciales. A estas alturas y con esa gran cantidad de casos no puedes hablar de hechos aislados.
“La posición de la Fiscalía ha sido decir que se trata de casos aislados, y hemos visto cómo en algunas ocasiones ha dicho que ‘en este caso de ciertas ejecuciones en Zulia hemos apresado a tantos funcionarios y en este otro caso otros tantos’, pero se trata de una visión extralimitada de la justicia. Es tal la multiplicidad de ejecuciones extrajudiciales en el país que ya no puede sostenerse que se trata de casos aislados. Cuando tienes un patrón en una fuerza de seguridad letal que deja un gran número de víctimas estás ante una violación sistemática de DDHH, especialmente de una privación del derecho a la vida”, explicó.
Políticas frente a las bandas armadas
– En Venezuela hay bandas armadas que controlan parte del territorio. ¿Cómo estiman ustedes que se llegó a esto y cuáles serían las medidas para enfrentar la situación?
-Es indiscutible que Venezuela sufre un grave problema de violencia delincuencial. Un alto nivel de homicidios que no están relacionados con el uso de la fuerza pública. Esa violencia obviamente tiene que ser combatida por el Estado, lo que nos preocupa es que este tipo de violencia se está combatiendo con violencia institucional, y eso lo único que hace es subir los niveles de violencia y ejecutar una política de control social, en la que jóvenes pobres, que pueden o no tener antecedentes penales, son las principales víctimas y que además refuerza la delincuencial.
“En un país donde no hubiese políticas tan represivas para control de violencia tendría que haber programas de prevención de la violencia. En segundo lugar, una lucha clara contra la impunidad contra funcionarios, y un sistema de justicia que pueda dirimir este conflicto”, añadió.
En opinión de Jiménez Sandoval no hay un país donde esta política de mano dura, de fuerzas militares o cuerpos como las FAES reduzcan la violencia. Efectivamente los grupos criminales o bandas ejercen una influencia muy negativa sobre ciertos lugares y es cierto que las comunidades merecen estar seguras y vivir una vida sin violencia, pero la actuación es equivocada, punitiva, letal, que no ataca razones estructurales del problema, al cómo se arma, y cómo crece una banda.
“En Venezuela se ha hablado de reforma policial, de reestructuración de policías, pero la respuesta más militar y punitiva terminó ganando terreno y tenemos estas actuaciones, el resultado es que no se reduce la violencia, sino que se incrementa”, advirtió.
Operativos efectivos
-Hay personas que están a favor de una fuerte actuación de los organismos de seguridad frente el crimen. ¿Cómo se puede garantizar que los operativos policiales sean efectivos contra el crimen y no se constituyan en mecanismos de control social?
– La frustración de los ciudadanos con la violencia es aceptable y comprensible. En lugares donde miles de ciudadanos, principalmente en barrios urbanos de Venezuela y América Latina en general, las personas viven con miedo por la existencia de bandas criminales que operan en su zona, esto es agotador, y es contrario al derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencia. Entonces es comprensible se quiera acabar con el problema de manera rápida, pero está demostrado que la violencia estatal agudiza problema.
Admite que puede haber situaciones donde son necesarios los operativos policiales, pero hizo énfasis en que la privación de la vida de una persona es el último recurso. “El estándar de seguridad ciudadana es que cuando se apela a la actuación policial, la privación de la vida debe ser el último recurso, si se convierte en el primero estás fallando en tu tarea de proteger a la población y en Venezuela, además, no existe la pena de muerte”.
Insistió en que hay criterios muy bien establecidos para el uso de la fuerza, que no está prohibida a nivel internacional. “Los órganos policiales pueden ejercerla, pero están regulados por principios de legalidad y proporcionalidad que no vemos que son respetados actualmente en Venezuela. El último recurso que es la privación de la vida de la persona, en este caso ejecuciones extrajudiciales, es el primer recurso y termina generando que las fuerzas que deben ser órganos de protección son los que la población teme y en el momento que se rompe la confianza ciudadanía ante un organismo de seguridad difícilmente pueda operar en la manera que debe”.
Existencia de gran número de armas de fuego es alarmante
– ¿Cuáles son los efectos en la sociedad que tiene la violación sistemática de los DDHH?
-Hay varias cosas que ver sobre la violencia en Venezuela, la delincuencial y del Estado, que existen en estos patrones de represión, no solo las ejecuciones extrajudiciales, sino los atentados contra la libertad de expresión, la tortura, etc. Diversos DDHH son violados de manera reiterada. Una de las cosas sobre las que se ha expresado preocupación es la afluencia de armas de fuego, que es muy alta en Venezuela, la existencia de armas de fuego no registradas, que tienen efectos muy grandes en los grupos delincuenciales contra los ciudadanos. AI tenía una campaña, “basta de balas”, justamente porque lo que vemos, es muy alarmante.
Recordó que en Venezuela hubo un indicio de política de desarme que no se implementó, y que AI siempre ha advertido que los programas contra la violencia deben contener políticas de desarme, así como planes de inclusión de jóvenes en el sistema educativo o laboral. A su juicio, algunos programas se diseñan o se anuncian con fanfarria, pero luego no llegan a ser implementados de manera eficiente y que por ende se van arraigando y creciendo los grupos delincuenciales a expensas de la tranquilidad de los ciudadanos.
“Hay maneras de reducir los índices de violencias sin políticas represivas y violaciones de DDHH, pero los gobiernos escogen las acciones que prefieren. El gobierno venezolano, es nuestra preocupación, ha escogido la violencia, no estamos en contra disminuir los índices de violencia delincuencial, pero el objetivo del gobierno no es eso, porque si lo fuera, las políticas fueran otras”, acotó.
Finalmente, Jiménez Sandoval señaló que, si la Fiscalía de la CPI termina de analizar situación de Venezuela y decide abrir investigación, comenzará a solicitar información y llamar a comparecer a las partes, incluso los funcionarios del Estado que pudieran ser acusados.
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Foto de portada Radio Fe y Alegría.
