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Las organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos del Estado Lara suscribimos esta declaración pública ante la lamentable pérdida de vidas humanas, torturas, tratos crueles, allanamientos y violación de las comunicaciones privadas, causadas mayoritariamente por la represión  militar, paramilitar y policial, como respuesta ante el legítimo derecho constitucional de la población a protestar pacíficamente como expresión del descontento social por la ruptura del orden constitucional y la insatisfacción de sus necesidades alimentarias, salud, seguridad, entre otras.

Igualmente nos pronunciamos ante el evidente retardo procesal e inacción del sistema de justicia frente a graves hechos de violación del derecho a la vida por parte de funcionarios militares, policiales y de seguridad del Estado. Concluimos exigiendo, como en derecho corresponde, se activen las instancias competentes para que se haga justicia ante flagrantes casos de actuaciones letales de tales funcionarios que han configurado presuntos y graves delitos que deben ser juzgados y sancionados.

En tal sentido expresamos las siguientes consideraciones:

  1. El Estado Lara ha experimentado en estos últimos 4 meses, particularmente desde el 10 de abril, día del primer hecho de violencia armada en que fue abaleado el joven Yoinier Peña hasta el 07 de agosto en que fue asesinado el joven Eduardo Orozco, una intensa, sistemática y desproporcionada represión militar con el despliegue de diversos armamentos, incluyendo uso de armas de fuego y actuaciones de grupos de civiles armados. Las actuaciones tanto de organismos de seguridad del Estado como de tales grupos de paramilitares ha dejado como lamentable saldo 22 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones públicas de protestas realizadas en distintos lugares del Estado Lara, además de las torturas y tratos crueles contra detenidos y familiares. Esta altísima proporción de personas asesinadas con armas de fuego le ha conferido al Estado Lara el segundo lugar entre todas las entidades federales del país con el mayor número de muertes en los sitios de realización de protestas públicas, en más del 62% tales hechos ocurrieron por disparos en el tórax, cuello y cabeza,  lo cual podría evidenciar que más que controlar las manifestaciones de protestas y preservar el orden público y la paz, existió la intención de asesinar a los manifestantes.
  1. Asimismo, las organizaciones de derechos humanos expresamos nuestra preocupación por el trato dado a las personas detenidas en las manifestaciones, las cuales en una proporción significativa han sido objeto de tratos crueles, humillantes y degradantes, además de que se les ha impedido en múltiples ocasiones la visita de familiares y defensores.
  1. Aunque en cierta medida ha existido diligencia por parte de funcionarios del Ministerio Público, en cuanto a las actuaciones del Poder Judicial debemos denunciar la escasa celeridad procesal y el juzgamiento carente de pruebas legales y pertinentes. Incluso algunos detenidos han sido juzgados en jurisdicción militar, por hechos de naturaleza civil.
  1. Denunciamos que desde abril de este año 2017 han sido detenidas más de 168 personas, observándose como patrón sistemático de los órganos militares y policiales en la sustanciación de los expedientes, la explanación casi idéntica de hechos que se imputan a las personas detenidas, lo cual hace presumir el uso de “falsos positivos” o “falsos supuestos”, para criminalizar la protesta pacífica y remitir los casos a la jurisdicción militar.
  1. Al día de hoy, los funcionarios responsables de violar el derecho a la vida y la integridad física de las personas manifestantes, sobre las cuales ha sido dictada privación de libertad, no han sido detenidos, no obstante pertenecer a la Fuerza Armada Nacional, tal son los casos de los 14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) imputados en relación al asesinato del joven Gruseny Canelón; de los 4 funcionarios de la GNB que fueron imputados por su vinculación con el fallecimiento del joven Eyker Rojas y del funcionario (GNB) imputado por la muerte del joven Manuel Sosa, este último imputado fue objeto de ascenso militar, a pesar de la imputación del Ministerio Público por relación con el asesinato de Manuel Sosa. 
  1. La totalidad de los casos de violaciones al derecho a la vida se mantiene en la impunidad; no se ha avanzado en los procesos judiciales a pesar de que en algunos casos los fiscales del Ministerio Público han adelantado las investigaciones y han imputado tanto a funcionarios del Estado como a civiles armados, que actúan sin ningún control por parte de las autoridades militares y de seguridad,  como ocurrió en el caso del asesinato de los jóvenes Miguel Angel Colmenárez y Yoinier Peña.
  1. La destrucción de portones de estacionamientos y rejas de protección de urbanismos mediante tanquetas militares, la destrucción de partes de vehículos, la sustracción de objetos de los mismos, el lanzamiento de bombas lacrimógenas hacia el interior de los apartamentos o casas se convirtió en un patrón sistemático de actuación militar que ha violado los derechos humanos de cientos de familias, incluyendo niños, ancianos y discapacitados,  sin ninguna vinculación con las protestas.
  1. Existen protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales y en la legislación nacional aplicable a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, que establecen la obligación del personal militar de contar siempre con mediadores durante la realización de reuniones públicas y manifestaciones y utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos y solo cuando estos medios resulten insuficientes, podrán hacer uso progresivo, diferenciado y proporcional de la fuerza, previa advertencia a los manifestantes. Nada de esto lo cumplen las autoridades militares.

Ante el lamentable saldo de personas asesinadas, heridas, detenidas y destrucción de urbanismos y robos, causados en el marco de la represión de protestas pacíficas, exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría del Pueblo:

  • Aplicar a los aprehensores de manifestantes, las medidas pertinentes cuando violen los lapsos legales de presentación ante las autoridades competentes de las personas detenidas.
  • Que el Ministerio Público concluya las investigaciones y se pronuncie sobre todos los casos de personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones, entre los meses de abril-agosto del presente año en el Estado Lara.
  • Que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan lo conducente para que se otorgue la libertad plena, cuanto antes, a las personas detenidas, en caso de ausencia de pruebas que las incriminen.
  • Que se castigue severamente a los funcionarios militares, policiales y de seguridad, por el robo de teléfonos celulares y otros bienes y el uso deplorable de “falsos positivos”, durante la práctica de actuaciones militares y policiales, así como las persecuciones contra la disidencia política, los  allanamientos y la violación de la  privacidad de las comunicaciones mediante el despojo de teléfonos celulares, sin orden judicial, en perjuicio de la vida, la libertad y la integridad de los respectivos propietarios, lo cual incrementa la deslegitimación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,  órganos policiales,  de seguridad y de quienes, obligados por la ley, no hacen lo suficiente para proteger a la población de estas indeseables prácticas. 
  • Aplicar a los aprehensores de manifestantes,  las medidas pertinentes cuando violen los lapsos legales de presentación ante las autoridades competentes de las personas detenidas.
  • Que cesen las persecuciones sobre personas por su derecho a manifestar y se eviten allanamientos sin orden judicial.

Para finalizar, queremos expresar nuestra plena solidaridad con los ciudadanos Pedro Troconis, Ramón Pérez Linarez y Domingo Salgado, abogados residenciados en el Estado Lara, defensores de derechos humanos, quienes por haber sido designados Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por la legítima Asamblea Nacional, sufren una implacable persecución judicial.

De igual manera, manifestamos nuestra solidaridad con el Alcalde legítimamente electo del Municipio Iribarren Alfredo Ramos, el cual violándole su derecho al debido proceso fue destituido ilegalmente y detenido violentamente por cuerpos de seguridad del Estado, sin que hasta el presente sus abogados ni su familia se hayan podido entrevistar con él.

En Barquisimeto, a los 14 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes


Fraternidad Dominicana, Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Movimiento de Víctimas contra la Violencia y la Impunidad (MOVICOIM), Consejo por la Paz y la Justicia del Estado Lara (CEPAZ LARA), Comité de DDHH de Jubilados y Pensionados, Asociación de Iglesias Evangélicas y la Cátedra de DDHH de la UCLA.