“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola” Derecho a la alimentación, Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el 2019, el derecho a la alimentación en Venezuela continuó afectado por la falta de mecanismos de protección efectivos y necesarios para la población venezolana, indispensables para prevenir la creciente desnutrición, morbilidad y mortalidad que convirtieron al país en la nación con el mayor índice de subalimentación de Suramérica.
Provea documentó en el 2019 cómo la realización del derecho a la alimentación estuvo reducida por el recurrente colapso del sistema alimentario, la disponibilidad para el consumo, el acceso, entre otros. El 2019 también estuvo afectado por la crisis en la producción agrícola que tuvo una reducción de 50% con solo un 20% operando, la intensificación de la hiperinflación que perjudicó a las familias venezolanas que solamente en el mes de diciembre necesitaban 182 salarios mínimos para comprar la canasta básica, la distorsión del mercado de alimentos y la crisis en los servicios básicos.
El deterioro del derecho a la alimentación del 2019 también lo evidenció el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que realizó una evaluación de la seguridad alimentaria del venezolano. Con este trabajo se demostró que 9,3 millones de venezolanos estaban en inseguridad alimentaria en sus formas moderada y severa. Un informe que llegó precedido del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el cual ya había estimado en el 2018 que 6,8 millones de venezolanos se encontraban sufriendo hambre, convirtiendo a Venezuela en el país con mayor índice de subalimentación de Suramérica.
Según nuestro Informe Anual, no es sorpresa que para el 2019, y por primera vez en su historia, Venezuela se encontrara entre los 41 países del mundo que requerían asistencia alimentaria externa, siendo el único en América del Sur y, junto a Haití los únicos en América Latina y el Caribe. La diferencia entre Venezuela y los otros países es que la causa no fueron los conflictos y condiciones climáticas, sino la crisis económica de los últimos años.
Más dificultades, menos comida
La población venezolana fue la principal afectada de la reiterada crisis económica sostenida que atraviesa Venezuela en los últimos años, gracias a la falta de políticas públicas efectivas, para diciembre de 2019 una familia necesitaba de 182 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica alimentaria. Según nuestro Informe Anual, la variación de la canasta en ese año llegó hasta el 5.776,5%, con el alza más alta en enero (200,4%) y cerrando en diciembre con 49,5%. El poder adquisitivo de las familias venezolanas vio mermado su capacidad en el consumo de alimentos, uno de los motivos principales de las dificultades del derecho a la alimentación.
Las fallas en el poder adquisitivo y los reiterados incrementos de los productos también ocasionaron una reducción en el consumo de proteína como la carne, el pollo y los huevos. Provea obtuvo información sobre las nuevas adquisiciones que la familia venezolana comenzó a hacer en el 2019, con reportes de sustitución de proteínas por partes que se consideran desperdicio, como las patas y la piel del pollo. A esto se sumó el recurrente patrón de consumo de cereales y granos, lo que demostró la baja diversidad en la dietas. Las verduras, frutas y vegetales quedaron fuera del alcance de las personas debido al incremento del precio en más de 50%.
“Para saciar el hambre” Según el capítulo Derecho a la Alimentación de nuestro Informe Anual, el mango surgió como una alternativa muy recurrente frente el costo de las frutas y vegetales, esto al menos en la temporada de la fruta.
En cuanto al acceso a los servicios públicos y su relación con el acceso a la alimentación, 72% de los hogares consultados en el período de 2019 afirmaron contar con un suministro irregular de gas doméstico, lo que afectó con reducción en la comida y a poblados rurales que no cuentan con otros medios para poder alimentarse, y en ocasiones deben acudir a la quema de madera para intentar cocinar, ocasionando problemas en derechos ambientales. 25% no tuvo acceso a una fuente de agua potable, y 40% de los que tenían acceso señalaron interrupciones diarias en el suministro. La interrupción de electricidad también fue reportada por el 40% de los hogares.
Más hambre, un panorama cada vez más común
Después de haber avanzado en materia de desnutrición en años como el 2012 y 2015, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para el 2019 se hizo evidente un retroceso en alimentación y nutrición que afectó individual y colectivamente, perjudicando a los más vulnerables, como los niños. A inicios del año, de 14 Estados con información, el 79% presentaron algún nivel de vulnerabilidad en niños menores de cinco años con desnutrición aguda.
Los niños que estuvieron hospitalizados también fueron víctimas de la desnutrición, se reportaron ausencias en el suministro de comidas, específicamente la mayor parte de niños fallecidos por desnutrición se ha reportaron en el estado Monagas. Los centros penitenciarios no fueron la excepción, donde se reportaron privados de libertad con deterioro extremo de su estado nutricional, enfermedades y muerte asociadas a esta condición. Un centro de detención provisional en Los Teques (estado Miranda) sirve para atender a cien privados de libertad en hacinamiento, con desnutrición y enfermedades infectocontagiosas.
¿Qué pasa con los Adultos Mayores y pensionados? Este fragmento de la población tampoco escapó de los problemas de alimentación derivados de la gran hiperinflación que vive Venezuela. Provea tiene información que la mayoría que depende de los escasos recursos de la pensión pública del Estado venezolano, debe enfrentar el hambre.
Escenario 2020, nada alentador
Para abril de 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia del COVID-19 en Venezuela, el país salió reflejado en un nuevo informe, el “Reporte Global sobre Crisis Alimentarias – 2020”, según este trabajo Venezuela se encuentra entre los cuatro países con la mayor cantidad de personas padeciendo hambre, detrás de Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán, con 26,3 millones de venezolanos con problemas para comer, quienes requieren atención urgente de las autoridades.
Pero las demoledores cifras no son las únicas que muestran el escenario venezolano, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de este 2020, denunció que 74% de los hogares venezolanos presenta inseguridad alimentaria moderada y severa, con apenas 3% de los que no tiene ningún tipo de inseguridad alimentaria. La encuesta elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que en 1 de cada 4 hogares existe una angustia por la falta de alimentos, con una “disminución de recursos para cubrir la cantidad y calidad”. De nuevo se señala a la crisis económica como el principal causante de los problemas para adquirir alimentos, ENCOVI afirmó una caída del 70% del PIB entre 2013 y 2019, con un ingreso promedio diario de 0,72$ y una inflación anualizada de 3.356% a marzo 2020.
Desde Provea, y gracias a nuestro Informe Anual 2019, reafirmamos la necesidad de activar mecanismos de protección social, urgentes para la población en inseguridad alimentaria que requiere de estos mecanismos para intentar enfrentar el complejo panorama alimenticio. Esto también significa no solamente implementar programas sociales, sino también facilitar el trabajo de organizaciones nacionales e internacionales para la emergencia alimentaria nacional.
El Estado venezolano debe implementar medidas económicas que reduzcan el impacto de la crisis económica a la hora que las familias venezolanas deban adquirir alimentos. Se deben buscar estrategias junto a expertos y con todos los sectores para mitigar cualquier impacto negativo en los suministros y abastecimiento, pero también encontrar una respuesta para las necesidades urgentes de todos los ciudadanos que padecen el hambre a diario.
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